El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) publicó el DS N° 006-2025-MTC con el objetivo de mejorar la seguridad en el servicio de delivery. La medida busca paliar la posibilidad de que los delincuentes se disfracen de repartidores.
Sin embargo, lejos de contribuir con este propósito, el decreto introduce barreras económicas y operativas que afectan a más de 30,000 trabajadores del sector.
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El riesgo de las cajuelas fijadas
Blanca Chávez, vocera de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Perú (Ahora), se pronuncia ante este panorama y dice que las cajuelas fijadas al chasis posterior del vehículo son contraproducentes y peligrosas.
“Es una norma que no tiene pies ni cabeza, pues las nuevas disposiciones como la caja fija no van a bajar la criminalidad. El delivery como viene operando está funcionando bien; las mochilas herméticas que usan permiten que la comida llegue caliente; así están trabajando en todos los restaurantes que hacen uso de este servicio”, sostuvo.
Anotó que el uso de una caja fija resultaría también peligroso en el caso de que suceda algún accidente, por el material que se suele usar (madera) y debido a que podría modificar el diseño original del vehículo; sería además oneroso para quienes brindan este servicio.
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Decisión en conjunto: gremios y Estado
Cabe anotar que otra disposición que introduce la norma del MTC es la exigencia de que los conductores usen chaleco con la placa del vehículo y cascos abiertos, lo cual además de estigmatizar a los conductores, algunos expertos del sector advierten que significaría también un riesgo.
Blanca Chávez comenta que las autoridades antes de tomar una decisión como la relacionada al delivery deben escuchar a los presidentes de gremios, y a todos los actores involucrados como las cadenas de restaurantes y fast food que son los que usan este servicio.
“Se estima que el 30% de la venta en los restaurantes que usan delivery proviene de este servicio; por tanto, el impacto de esta medida en el sector es importante”, sostuvo.
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Permisos municipales
El DS también establece la creación de un registro nacional de prestadores de servicios de entrega (repartidores de delivery); y la obligación de las 196 municipalidades provinciales de autorizar el servicio y actualizar el registro.
Al respecto fuentes del sector comentaron que el enfoque regulatorio es inconsistente pues delega la emisión de permisos a 196 municipalidades, generando duplicidades, descoordinación y fragmentación normativa.
Además, la falta de especificaciones y la implementación apresurada sin reglamento agravan la inseguridad jurídica.
Se coincide en que se debe luchar contra la delincuencia, pero no criminalizando el uso cotidiano de los vehículos menores, lo cual crea barreras al emprendimiento y afectando la competitividad.
