Dina Boluarte fue vacada de la presidencia del Perú, luego de permanecer en dicho cargo poco más de dos años y 10 meses. Entre los indicadores que muestran el desempeño de su gestión, uno de los que marca más el deterioro del país es el de déficit fiscal.
En agosto, el último dato conocido al cierre de este informe, el déficit fiscal se ubicó en 2.4% del Producto Bruto Interno (PBI), en camino al cumplimiento de la meta del Gobierno de un 2.2% del PBI.
El indicador viene descendiendo desde el 3.5% con que cerró el 2024, pero aún no lo suficiente para cumplir con la regla fiscal. De no hacerlo, se marcaría un tercer año consecutivo de incumplimiento.
Con este marco, el rol que tendrá la nueva titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el Gobierno de José Jerí, Denisse Miralles, será clave para mitigar o agravar “golpes” a las finanzas públicas, advierten expertas.
¿Por qué se agravó el déficit fiscal?
Claudia Sícoli, directora de la Carrera de Economía y Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), señaló que el desvío en el déficit fiscal responde a actividades relacionadas a endeudamientos para cubrir gastos del Gobierno, entre otros, vinculados al aumento del pago de remuneraciones.
A esto también se sumó que, ante un menor dinamismo de la inversión privada, la recaudación tributaria se vio afectada,
“Cae la inversión y la recaudación de impuestos, se tienen menos ingresos. Este año mejoraron los indicadores de inversión por los precios de los metales, lo que ha hecho que la brecha de la regla fiscal se reduzca”, refirió.
A su turno, Mónica Muñoz-Nájar, subdirectora de la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES), describió la actualidad fiscal como una “mejora aparente”, pero sostenida, en buena medida, por factores coyunturales más que estructurales.
LEA TAMBIÉN: Perú dejaría de recaudar más de S/ 26,000 millones en 2026: la “herencia” de Boluarte y el Congreso
“Hubo un fuerte impulso de ingresos gracias a mayores precios del cobre y del oro, una economía que se recupera y transferencias extraordinarias del Banco de la Nación. Sin embargo, ese buen momento en la recaudación convive con presiones de gasto persistentes. En el fondo, seguimos frente a un equilibrio precario: las cifras mejoran, pero los fundamentos institucionales de la disciplina fiscal se están debilitando”, refirió.
En los ochos primeros meses del año, el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) reportó que los ingresos tributarios crecieron un 15.2%, hasta los S/ 120,275 millones. Solo en agosto, el incremento de los ingresos corrientes se elevaron un 24.7% ante mayores recaudaciones.
“El incremento de los ingresos tributarios se explica, principalmente, por la mayor recaudación por rentas de personas jurídicas, IGV, multas y traslado de detracciones. Por su parte, el aumento de los ingresos no tributarios se explica, principalmente, por la transferencia de utilidades del Banco de la Nación al Tesoro Público”, detalló la entidad monetaria.
Sin embargo, los gastos corrientes, vinculados al pago de remuneraciones, también tuvieron un aumento importante de 6.7%, hasta totalizar S/ 108,937 millones, en los ocho primeros meses del año.
El mayor incremento se dio a nivel de gobiernos locales, expandiéndose un 9.1% en el período de enero-agosto y alcanzar los S/ 12,564 millones. A nivel nacional, el aumento fue de 7% hasta los S/ 68,385 millones y, entre los regionales, se incrementó un 5%, hasta los S/ 27,987 millones.
Déficit fiscal en agosto 2025. | BCRP
¿Espacio para mejorar las finanzas públicas?
La relevancia de tener un déficit fiscal controlado obedece a contar con una mayor flexibilidad en el manejo de las finanzas públicas, permitiendo que pueda recomponerse la prioridad del gasto, atendiendo escenarios adversos.
“Lo que ocurre es que los acuerdos de mejora de sueldos en el Estado generan incrementos hoy y se mantienen en el futuro. Se crean ciertos riesgos porque la recaudación puede ir mal. Entonces, para aplicar una mejora salarial, que a veces es entendible, y evitar aumentar el déficit deben generarse ahorros. Pero lo que no se ha visto en ningún medida del Gobierno [de Boluarte] es que se busquen ahorros”, anotó Sícoli.
Sin embargo, ya arrancado el último trimestre del año, se tiene como riesgo que haya espacio para el impulso de iniciativas legislativas con componente de gasto público, en gran o menor medida. Para Sícoli, la posición que tome el nuevo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no es menor y tendrá cierta incidencia en mitigar o agravar las finanzas públicas con vista al 2026 y los siguientes años.
“Todo depende de las medidas que se puedan tomar. Ahora, se debe empezar a dar señales sobre a dónde se quiere dirigir. Esta administración es corta, pero puede tener líneas claras sobre su posición: volver eficiente el gasto, revisar las superposiciones de funciones, entre otros. Esas serían muestras en dirección hacia ser más cuidadoso con el aparato público”, comentó la académica.
LEA TAMBIÉN: Perú sin aprovechar los altos precios de exportación: ¿qué dice Julio Velarde sobre ello?
Muñoz-Nájar apuntó que el rol de este cargo será decisivo en un periodo muy corto y políticamente frágil. En detalle, señaló que existen, al menos, tres medidas que se observan en el escenario nacional como principales riesgos para las finanzas públicas.
El primero es un eventual financiamiento a Petroperú, que sigue representando una amenaza fiscal latente.
“En los últimos años, el Estado ha tenido que otorgar garantías, capitalizaciones y líneas de crédito para sostener a la empresa, y hoy se discuten nuevos mecanismos de apoyo sin un plan claro de recuperación financiera”, apuntó.
“Si se aprueban iniciativas legislativas que amplíen su rol comercial o faciliten nuevas inyecciones de capital, el impacto sobre el déficit estructural sería significativo”, complementó.
El segundo, precisamente, es la expansión no financiada de la planilla pública, como los nombramientos automáticos o la conversión de plazas temporales en permanentes. “Son medidas populares, pero generan incrementos rígidos y permanentes del gasto corriente que limitan la capacidad del Estado para invertir o reaccionar ante emergencias”, valoró.
Otra que observó Muñoz-Nájar es la reforma del marco de las Asociaciones Público Privadas (APP), que reduce la capacidad del MEF para evaluar la sostenibilidad fiscal de los grandes proyectos de infraestructura. “Se abre la puerta a compromisos de pago a largo plazo sin la debida evaluación de riesgos, repitiendo errores del pasado”, comentó.
A este panorama, Sícoli agregó que algunos anuncios gubernamentales en la línea de la austeridad, como la fusión de ministerios o recorte de gastos superfluos, no tuvieron mayores avances en la gestión Boluarte.
Trabajadores del Estado ganan casi 30% más en promedio que el sector privado: ¿es sostenible?
Por lo contrario, el impulso de acciones como aumentar el sueldo presidencial, que impacta en su pensión vitalicia; mayores contrataciones en la planilla estatal, que ocurren por defecto en, por ejemplo, cada cambio de ministro, terminan engrosando el gasto público.
“Podría decirse que son acciones pequeñas, que no podría ser significativas, pero en conjunto generan una desviación importante [de la regla de déficit fiscal]. A veces, se contratan personas que no necesariamente el Estado requiere. En lugar de reducir el tamaño del Estado, además de los que ya están, se contratan más”, refirió.
Ejes claves
Ante este panorama, Muñoz-Nájar señaló que uno de los frentes operativos para el MEF será contener el gasto vía control de transferencias, priorización de pagos, límites a devengados y uso prudente de créditos suplementarios.
“La clave es proteger la meta de déficit evitando desembolsos no prioritarios y nuevos compromisos permanentes”, subrayó.
Otro aspecto clave será que el MEF blinde la Ley de Equilibrio Financiero y resista adiciones de gasto sin financiamiento, preservando techos y reglas. Apuntó que lo que se apruebe en noviembre condicionará a la próxima administración.
“[El próximo titular del MEF] no definirá una nueva estrategia de largo plazo, pero sí puede ser el ancla de credibilidad que sostenga las cuentas públicas: cerrar 2025 dentro de meta y entregar un Presupuesto 2026 responsable. Si falla, el deterioro de confianza encarecerá el financiamiento y estrechará el margen fiscal de la siguiente administración”, complementó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
