En la siguiente legislatura, el Congreso podría habilitar la posibilidad de que las empresas que realizan Obras Por Impuestos (OxI) reciban un beneficio tributario descontando lo que deben al fisco a través del Impuesto General a las Ventas (IGV).
Tras casi un año de discusión, el pasado 11 de mayo, el pleno del Congreso aprobó, en primera votación, un texto sustitutorio que así lo plantea. Sin embargo, no se alcanzaron los votos necesarios para exonerar el proyecto de una segunda votación.
Así, queda pendiente que el Legislativo vuelva a votar en su máxima instancia esta propuesta. Esto no ocurriría, al menos, hasta el 27 de julio, cuando inicia la nueva legislatura ordinaria.
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¿Descontar el IGV en OxI implicaría riesgo fiscal?
El proyecto de ley N° 08635 ha tenido un largo recorrido en el Legislativo. Presentado inicialmente en agosto del 2024 por el congresista Edgard Raymundo, la iniciativa llegó a ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación en diciembre.
Pero el Gobierno la observó el 2 de enero, cuando el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) lo dirigía aún José Arista. La principal observación entonces, como contó Gestión, era precisamente incluir al IGV dentro del esquema de las OxI.
Ya con José Salardi al mando, el MEF cambió de postura. En abril, la entonces viceministra de Economía, Denisse Miralles, señaló que habían conversado con el Congreso para aprobar la propuesta.
Con Arista, la cartera consideraba la propuesta “técnicamente inviable”, ya que el IGV recaudado no es transferido totalmente al Gobierno Central para financiar el gasto público. Un porcentaje va al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun).
Como recuerda Luis Miguel Castilla, ex ministro de Economía, se trata precisamente del mismo fondo para el que el Congreso hace poco aprobó su reconfiguración. El MEF de Raúl Pérez Reyes respaldó la idea, asegurando que no tendría costo fiscal.
“No entiendo la lógica de seguir perforando los ingresos tributarios del país. Esto, a la postre, generará necesidad de aumentar los impuestos. Se está desmontando con ligereza una fuente de ingresos que tiene el Tesoro para financiar el presupuesto público”, advirtió sobre esta nueva propuesta del Congreso.
El también director de Videnza Instituto consideró que esta actitud del Legislativo también aleja al Perú de alcanzar su objetivo de ingresar en los próximos años a la OCDE.
“Hace no mucho pasamos una evaluación en torno al sistema tributario del IGV. Pero estas innovaciones legislativas nos harán retroceder respecto a nuestros eventuales pares en el grupo”, lamentó.
Karen Ángeles, Counsel Especialista en OxI de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, remarcó que, según el texto sustitutorio aprobado en primera votación, no hay un orden de prelación para que la empresa escoja si descontará el IGV u otro de los impuestos habilitados.
“Lo que se entiende es que el financista escogerá, bajo su criterio, donde descontará lo invertido: si lo hace en el IR, IGV u otro. Le dan alternativas. Se ha entregado directamente ese criterio al privado”, comentó.
Sobre la inclusión del IGV en OxI, Ángeles indicó que habrá que ver, en la práctica, cómo se podría ejecutar. En otras palabras, cuántas empresas finalmente lo descuentan.
“Al inicio, las OxI nacieron pensado en el IR porque se hacían proyectos de inversión grandes. Se amplió su alcance pensando en obras que no impliquen millones. Sobre el IGV, si luego se debe retrotraer, tocará hacerlo para preservar las OxI y no desvirtuar el mecanismo”, explicó.
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También nacería Servicios Por Impuestos
La propuesta legislativa que el Congreso está a un paso de aprobar también crearía el mecanismo de Servicios Por Impuestos (SxI), una propuesta que planteó inicialmente el ex titular del MEF, Alex Contreras, dentro de su Plan Unidos, diseñado entonces para evitar una recesión económica a finales del 2023.
El proyecto precisa exactamente qué sectores y posibilidades abarcarían los SxI. Por ejemplo, se indica que referiría a todo servicio de salud, saneamiento, educación en zonas rurales o de frontera, y “de emergencia”.
En el texto sustitutorio aprobado se agregó que los SxI podrían ser utilizado para elaborar instrumentos de planificación territorial.
Esto incluye planes de desarrollo urbano, de acondicionamiento territorial y de desarrollo metropolitano. De igual forma, se incluyen servicios de catastro urbano y rural y estudios de microzonificación.
Para Aldo Reggiardo, socio de Cuatrecasas y experto en proyectos, el nacimiento de los SxI es una gran noticia, ya que generará que nuevas empresas colaboren con el Estado peruano en el cierre de brechas.
Además, saludó que se incluya un párrafo en el proyecto que defina cómo se calculará el costo del servicio brindado.
“Es positivo. Le dan la facultad al privado de escoger entre valor de mercado, para lo que se entiende sustentarán con un estudio de precios de transferencia o acogerse a la tarifa que la entidad pública defina. Es un incentivo correcto”, resaltó.
Ángeles coincidió en que es positivo esa salvedad para involucrase en LOS SxI, pero cree que el texto podría ser aún más preciso.
“Incluir planes territoriales o catastro es muy importante porque es lo primero que debe hacerse antes de emprender una OxI. Pero no queda claro si la elección del privado para un SxI será con un concurso. Eso debería regularse”, acotó.
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Los otros cambios a OxI que plantea el Congreso
Otra novedad que considera el texto sustitutorio incluyen regular, con plazos en días hábiles, el proceso para que el MEF emita los Certificado de Inversión Pública Regional y Local (CIPRL), documento que reconoce la inversión privada en OxI y les sirve para luego obtener su descuento tributario.
Ángeles destacó esta inclusión porque se trata de un aspecto que ya incluía la ley de OxI previa, pero sin fijar su procedimiento.
“Regulan qué pasa si la empresa solicita a la entidad que emita el CIPRL y no cumple. Hace dos años, se dijo que el MEF intervendría, pero no se reguló en el reglamento. Soluciona un vacío”, explicó.
Además, cambia las reglas para que el MEF establezca los llamados “topes CIPRL” entre el 2025 y el 2027. Estos son los límites que el ministerio establece, para cada entidad pública, respecto a la inversión privada que puede reconocer mediante los certificados.
El Congreso plantea que el MEF escoja el monto máximo entre dos fórmulas. Uno es el clásico para las OxI: sumar los flujos transferidos por canon, regalías y conceptos similares de los dos años previos al año de cálculo, más el tope presupuestal de los mismos fondos en el presupuesto institucional de apertura del año en curso.
El otro es el espacio total “para asumir nuevas obligaciones” condicionado a las reglas fiscales de los gobiernos subnacionales. A Castilla ambas ideas le parecen buenas.
“Suenan razonables, pero hay que pensarlo bien y no otorgar incentivos tributarios a lo loco. Podrían generar problemas donde hoy no los hay”, manifestó el exministro de Economía.
Reggiardo consideró que es adecuado, ya que se le da mayores facultades al ministerio para supervisar el mecanismo.
“Es lo correcto porque es el MEF quien al final del día determinará si una OxI afecta o no la caja fiscal. Si el MEF interfiere más dará mayor confianza a los privados de que el Estado cumplirá su compromiso”, anticipó.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
