El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) deslindó responsabilidades por los recientes problemas operativos en el nuevo terminal del aeropuerto internacional Jorge Chávez, que provocaron retrasos y cancelaciones de vuelos, afectando a más de 3 mil pasajeros.
Verónica Zambrano, presidenta ejecutiva de Ositrán, aclaró que el problema se originó por una decisión del concesionario Lima Airport Partners (LAP), respecto al uso de equipos para el abastecimiento de combustible en la zona de estacionamiento de aeronaves.
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Zambrano explicó en RPP que la supervisión realizada por Ositrán antes de la entrada en operaciones del nuevo terminal, evaluó la infraestructura y el equipamiento, alcanzando un 99% de cumplimiento.
“Nosotros no supervisamos a pedido del Ministerio de Transportes, esa es nuestra función permanente”, indicó, en respuesta a declaraciones del actual ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes (exMTC), quien señaló que Ositrán debía explicar cómo se hizo dicha verificación.
Según la funcionaria, el problema no fue la falta de infraestructura o combustible, sino que LAP decidió operar con carretas de abastecimiento fuera del área de estacionamiento de aeronaves (la PEA), luego de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) observara, en febrero, el tamaño reducido de ese espacio. Ante ello, LAP optó por un sistema remoto, que finalmente no funcionó como se esperaba.
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La madrugada del 2 de junio, en medio del colapso operativo, LAP presentó al MTC un plan de mitigación para ubicar las carretas dentro de la PEA, obteniendo la autorización de forma excepcional. Esta acción permitió restablecer el servicio de abastecimiento de combustible y reanudar los vuelos afectados.
“La responsabilidad sobre esa decisión es del concesionario. Si fue una mala decisión, deben asumir consecuencias”, sentenció Zambrano.
Respecto a las responsabilidades por los perjuicios a los pasajeros, Ositrán ya inició un procedimiento de fiscalización contra LAP.
“Estamos en proceso de pedir los descargos y, si se confirma responsabilidad, se aplicarán sanciones”, señaló. La funcionaria recalcó que el rol del organismo supervisor no es operar el aeropuerto, sino fiscalizar que las condiciones de infraestructura y equipamiento se cumplan.
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Sobre las críticas por no haber previsto estos inconvenientes durante la llamada “marcha blanca” antes de la inauguración, Zambrano dijo que Ositrán recomendó realizar una prueba de estrés, pero que no era obligatoria según las normas. Además, indicó que ningún ensayo habría simulado el aforo real de 23 mil personas que el nuevo terminal experimentó el 1 de junio, día de su apertura oficial.
En cuanto a la posibilidad de reactivar el antiguo Terminal 1 para descongestionar el flujo de pasajeros, Zambrano reveló que LAP lo propuso en 2021, pero el MTC rechazó la iniciativa por considerar que no ofrecía ventajas operativas ni beneficios para los usuarios. Ositrán respaldaba la idea, siempre que cumpliera con esos criterios. Sin embargo, el plan fue descartado sin opción a reformulación.
Finalmente, la titular de Ositrán recordó que aún no se ha solucionado por completo el acceso seguro de peatones al nuevo terminal, debido a que las obras del viaducto Santa Rosa recién estarían concluidas entre fines de 2028 e inicios de 2029. Mientras tanto, se usan puentes modulares sin veredas adecuadas.
“La falta de estas obras es responsabilidad del Estado desde el 2018”, apuntó.
