Lima es una de las ciudades con mayor congestión vehicular del mundo, lo que genera altos costos económicos y sociales. Atender esta problemática requiere de un liderazgo y una estrategia técnica que permita el desarrollo de un sistema de transporte masivo y eficiente, y una infraestructura vial que atienda adecuadamente los desafíos de una creciente densidad vehicular.
La situación vial en Lima evidencia un deterioro estructural que limita la movilidad. Al 2023, según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), más del 85% de la red vial departamental y el 80% de la red vecinal presentan deficiencias, sumado a que casi la mitad de la red vial nacional —que incorpora las Panamericanas Norte y Sur, y la Carretera Central— también se encuentra en mal estado.
Es preocupante también el estancamiento de los indicadores: entre 2022 y 2023 no se registraron avances en el cierre de brechas de calidad vial, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
A ello, se suma una creciente densidad vehicular en una estructura vial que se mantiene en niveles similares desde hace una década: entre 2015 y 2024, el parque automotor en Lima aumentó 40% con el ingreso de más de 600 mil vehículos, mientras que la red vial departamental apenas creció 7%.
La congestión se agrava con un Sistema Integrado de Transporte (SIT) que solo atiende al 8% de los limeños debido a una limitada cobertura y deficiente gestión. Así, según el MEF, el 83% del SIT aún no está implementado, y del tramo existente, dos tercios están en condiciones inadecuadas, perpetuando una dependencia del transporte informal e inseguro.
Una infraestructura vial en mal estado afecta la productividad y calidad de vida de los ciudadanos. Según los últimos datos de Tom Tom Traffic, Lima es la séptima ciudad del mundo, y segunda en Latinoamérica, con mayor congestión vehicular. Entonces, recorrer 10 kilómetros toma en promedio siete minutos más (26%) que en otras capitales de la región.
En paralelo, los ciudadanos perciben una baja calidad en los servicios públicos para transporte. Al 2024, solo tres de cada diez personas tienen una valoración favorable respecto al estado de las autopistas y de la red de carreteras. Esta proporción resulta la mitad en comparación con el promedio global (60%) y lejos de Chile (67%), según datos del Índice de Infraestructura Global de Ipsos.
Desafíos para impulsar la infraestructura
Uno de los principales retos en la gestión de infraestructura es un mejor uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP), entre otras modalidades de inversión.
En esa línea, el Perú se sitúa en el quinto puesto de un total de 26 en la región en la gestión de proyectos APP, según la edición 2023-2024 de Infrascopio de América Latina y El Caribe elaborado por el BID.
Sin embargo, aún existen retos en la gestión de riesgos y supervisión de contratos, componente en el que se alcanzó el menor puntaje (37 de 100). Una de las principales debilidades se relaciona con la gestión de contratos durante la ejecución y operación de los proyectos. En Lima, esto se refleja en deudas por arbitrajes perdidos en concesiones viales que ya equivalen al 54% de los ingresos corrientes del municipio.
Así, una gestión inadecuada de los contratos para el desarrollo vial pone riesgos serios a sus finanzas: al segundo trimestre de 2025, el IPE estima que la deuda municipal de Lima equivale a 2.5 veces sus ingresos corrientes, el doble que al inicio de la actual gestión. Estos mayores pasivos comprometen además los recursos para el desarrollo y mantenimiento de la infraestructura vial.
Varios proyectos de infraestructura vial en la capital atenderán solo de forma parcial esta problemática.
Por un lado, bajo mecanismos que involucran inversión privada destacan el avance de la línea 2 del metro (y las líneas 3 y 4), el recientemente concesionado anillo vial periférico y las propuestas para ampliar la vía expresa línea amarilla.
Por su parte, la Municipalidad de Lima viene avanzando vía obra pública, y bajo serios cuestionamientos sobre su diseño técnico, el cumplimiento de los permisos y su desarrollo, en la vía expresa sur y la ampliación de la avenida Ramiro Prialé.
Dos aspectos serán importantes a futuro: el respeto a los contratos, de forma tal que no se reste seguridad jurídica y afecte el cierre de brechas de infraestructura. Además, la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos para que obras como las líneas de metro y el anillo vial se realicen oportunamente; y, la capacidad del MTC y otras autoridades como la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la Autoridad de Transporte para Lima y Callao (ATU) para liderar la atención adecuada de las brechas de infraestructura vial y el desarrollo pleno de un SIT.
