La Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen que busca garantizar una pensión proporcional a la Remuneración Íntegra Mensual (RIM) para los profesores jubilados y cesantes de la carrera pública magisterial. La propuesta dispone elevar el monto mensual de S/800 a S/3,300, en promedio.
El dictamen, que aún debe ser debatido en el pleno del Congreso, contempla a los docentes de la educación básica regular, alternativa y especial, comprendidos en los decretos leyes 19990 y 20530, así como en la Ley de Reforma Magisterial (Ley 29944).
También incluye a los afiliados al Sistema Privado de Pensiones (SPP) cuyo fondo es administrado por una AFP.
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Costos y fuentes de financiamiento
Según estimaciones de la propia comisión, el número de beneficiarios asciende a aproximadamente 162 mil profesores jubilados. Con la pensión actual de S/800, el costo anual es de S/1,555 millones. Con el aumento a S/3,300, el egreso fiscal se incrementaría a S/ 6,415 millones al año.
Fuente: Dictamen que propone la “Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú”.
Fuente: Dictamen que propone la “Ley que garantiza el pago de la pensión para la protección y seguridad social de los maestros jubilados y cesantes del Perú”.
No obstante, el dictamen argumenta que este gasto no generará una presión adicional sobre el presupuesto público, dado que se financiaría con recursos provenientes del impuesto a las instituciones educativas privadas y del impuesto a la renta de quinta categoría que pagan los docentes en ejercicio.
Además, se sostiene que el incremento tendría un efecto positivo en el consumo interno, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales donde residen muchos de los beneficiarios.
Según el texto, “los beneficios sociales, económicos e institucionales superan ampliamente cualquier carga fiscal percibida”.
Pese a ello, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), entre otras carteras, se mostraron en contra. Esto fue reconocido por el presidente de la Comisión de Economía, Ilich López, pero -igualmente- defendió el proyecto. Contó que si bien ha habido reuniones con el MEF, la cartera ha hablado de que la norma no es viable. “Sin embargo, se hace necesario que se concrete la mejora, que puede ser sustentada por el Estado”, remarcó.
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Observaciones del MEF
El dictamen envuelve a 11 proyectos de ley, los cuales recibieron comentarios de, entre otros, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Para el MEF, no es técnicamente viable: “El análisis revela que el proyecto carece de un estudio de costo-beneficio que permita asegurar su sostenibilidad financiera en el tiempo”.
“Podrían generar gastos fiscales adicionales sin un financiamiento claro”, subrayó.
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