Perú busca consolidar su papel como potencia agroexportadora con la nueva Ley Agraria y la apertura de mercados en Asia, según destacó el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, en entrevista con EFE. El país alcanzó en 2024 un récord de US$ 12,800 millones en exportaciones agrícolas y se proyecta superar los US$ 15,000 millones este año.
El ministro defendió la reducción del Impuesto a la Renta del 25% al 15% para las grandes agroexportadoras, al afirmar que no significará una merma en la recaudación tributaria.
“Lo mismo se decía en 2001 con la primera ley agraria, pero la recaudación se multiplicó por diez. Esto volverá a ocurrir”, aseguró.
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Sobre las críticas al supuesto “mercado del agua” que generaría la norma, Manero respaldó la idea. Explicó que permitiría mejorar la eficiencia del riego y destinar el excedente a otras actividades.
“Imagínese que una empresa invierta en canales y riego tecnificado, y a cambio reciba el agua sobrante. Todos ganan”, señaló.
El funcionario resaltó que la infraestructura portuaria en Chancay, así como las ampliaciones en terminales del centro y sur del país, garantizarán la logística necesaria para soportar el crecimiento exportador. La meta es sostener un alza anual de entre 22% y 23% en las próximas dos décadas.
Tras su reciente gira con la presidenta Dina Boluarte, Manero adelantó que Perú está a punto de cerrar un acuerdo fitosanitario con Japón para la exportación de arándanos, al que seguirán productos como el pollo. Asimismo, Indonesia se comprometió a aprobar este año cinco productos, incluidos granada, mangos y cítricos.
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El ministro reconoció, sin embargo, que los pequeños agricultores enfrentan dos grandes limitaciones: acceso al agua y a mercados estables. Para enfrentarlo, su sector proyecta la construcción de 1,200 reservorios y nuevos proyectos de irrigación. En cuanto a precios, destacó la regulación que ejerce la papa en la economía agraria.
Finalmente, Manero se refirió a la denuncia en su contra por la anulación de una norma sobre constancias de libre deforestación, exigida por la Unión Europea. Señaló que el error fue corregido y ahora se apuesta por un esquema en el que el sector privado certifique con imágenes satelitales si un campo cumple con las exigencias ambientales.
