
Perú se ha subido al pedestal regional de la Inteligencia Artificial, pero no por su avance en transformación tecnológica, sino por su apetito legislativo. Niubox recogió esta y más tendencias en el informe “Desafíos regulatorios de la IA en Latam”, y las compartió en exclusiva con Gestión.
¿Colocar más marcos normativos significa progresar? Oscar Montezuma, CEO de la firma y especialista en derecho digital, identifica que el exceso de propuestas podría generar inseguridad jurídica.
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Concentración de regulación
Desde 2024, Latinoamérica ha experimentado un notable incremento en la presentación de proyectos de ley relacionados con Inteligencia Artificial. En ese sentido, la distribución de las iniciativas muestra una concentración en Argentina (49) y México (48), que en conjunto abarcan casi la mitad del total regional. Les siguen Perú (34), Brasil (21), Chile (14) y Colombia (13).
En detalle, Perú ya cuenta con cuatro leyes aprobadas —el Decreto de Urgencia N° 007-2020, la Ley N° 31814, la Ley N° 32082 y la Ley N° 32314— y un reglamento vigente relacionado con la IA, el mismo que establece dos categorías de riesgos en su uso: indebido y alto.
“En el caso peruano existe un entusiasmo muy activo por parte del Congreso en regular esta materia, aun cuando existen leyes y un reglamento en curso. [...] No debemos insistir con intensidad porque lo que podemos generar es la sobrerregulación o que la regulación bloquee la innovación en vez de habilitarla”, analiza Montezuma.
El experto trae a colación un estudio que este diario abordó anteriormente: el Índice de Competitividad Digital 2025, a cargo del Institute for Management Development (IMD) junto con Centrum PUCP. El ranking puso la lupa sobre los pilares de conocimiento, tecnología y preparación para el futuro, y halló que el Perú ocupa el lugar 64 de 69 economías.
“Cuando hacemos el match entre ambos estudios, caemos en cuenta de que somos los primeros en regular algo en lo que todavía no hemos desarrollado suficientes competencias. Eso puede ser contraproducente”, añade. Y recuerda, ante tal escenario, que la mayor parte de las naciones de Latinoamérica “no destaca por ser productora de tecnología, sino consumidora”.
“Nuestros marcos normativos no pueden ser tan rígidos ni sancionadores si ni siquiera hemos desarrollado el tema de fondo. Al final, la gran preocupación es que se termine generando una barrera para el propio ecosistema local. Las empresas que vengan de afuera apagarán el botón ante Perú y dirán ‘Me voy’”, acota.

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El error: el tecnopánico como eje
La exageración en la cantidad de potenciales marcos normativos responde a una reacción social ante lo novedoso. En palabras de Montezuma, al tecnopánico: “El grueso de estos proyectos nace del tecnopánico; o sea, muy pocos tienen el enfoque habilitador; se caracterizan, más bien, por tener un enfoque de miedo”.
Precisa: “El problema está en que, además, estos proyectos tienen un componente penal”. El tema preocupa al experto porque “el derecho penal normalmente interviene en situaciones extremas o de última ratio”. “Estamos yendo en la línea de sancionar algo en lo que todavía no hemos desarrollado su máximo esplendor. Hay un desfase”, reitera.
No obstante, Montezuma reconoce que la criminalidad en el país promueve la adopción de estas medidas: “Parece que el riesgo ya no es solo físico, sino también digital. Es decir, se agrega un frente más y se desatan situaciones de suplantaciones de identidad o estafa, [...] pero la sobrerregulación de la IA puede generar más problemas que respuestas”.
El síntoma, asimismo, es transversal entre las naciones de la región. De acuerdo con el informe, los delitos y agravantes constituyen la categoría más recurrente, lo que refleja una preocupación generalizada por adaptar el derecho penal a nuevas formas de criminalidad habilitadas por la IA.
Estos proyectos en Latinoamérica buscan tipificar y sancionar conductas como deepfakes con contenido sexual no consentido, suplantación de identidad o violencia digital. Pese a ello, debe contemplarse que muchas de estas conductas ya están prohibidas y no requieren una actualización legal específica para incluir el aspecto tecnológico.

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¿Más regulación en camino?
La investigación de Niubox hace hincapié en que la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital (SGTD) de la PCM desarrolló el borrador preliminar de la Estrategia Nacional de IA de Perú en 2021. Este sistema busca posicionar al país como líder en IA a través de seis ejes: capacitación y atracción de talento, modelo económico, infraestructura tecnológica, datos, ética y colaboración.
A la fecha, no ha sido aprobado, pero el nuevo reglamento de IA establece que deberá dar ese paso dentro de un año.
Montezuma comparte su perspectiva sobre lo que ya abona el terreno de la legalidad: “Hay algunas partes de la versión aprobada del reglamento que todavía tienen ambigüedades, pero creo que se ha logrado un equilibrio razonable. Si comparamos la norma peruana con el referente más cercano, que es el reglamento de IA de la Unión Europea, es una versión mucho más moderada para nuestra realidad. [...] Sin duda, hay muchas preguntas que aún están abiertas, creo que la SGTD va a tener que hacer una labor activa no solo de aprobación, sino de difusión, de emisión de lineamientos que van a guiar el cumplimiento de la norma”.
Por otro lado, en mayo de 2025, la UNESCO y la SGTD publicaron el estudio sobre la Evaluación del estado de preparación de la inteligencia artificial (RAM), con el objetivo de brindar luces acerca de las condiciones actuales del país para el uso y desarrollo ético de la IA. En él se recomienda la suscripción del Convenio Marco sobre Inteligencia Artificial, Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho del Consejo de Europa.
Con la agenda aún a cuestas, la cabeza de la firma concluye que “el marco normativo vigente [ya aprobado] es un gran primer paso”. “Habrá que ver cómo evoluciona para luego explorar y, si es necesario, hacer ajustes en otras normas. [...] Todos quieren regular lo mismo y creo que hay una carrera por quién va a ser primero, pero hay que centrarse en el fondo”, resume.

Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.








