La Unión Europea (UE) estaría aplazando nuevamente la entrada en vigor de la normativa que exige que los productos importados a esta zona sean libres de deforestación. Teniendo en cuenta que la UE concentra poco más del 10% de las exportaciones peruanas, según datos del Ministerio de Comercio Exterior (Mincetur), ¿qué efectos podría tener?
Recientemente la Comisión Europea que promueve este Reglamento de la UE sobre deforestación (EUDR) justificó la medida por un “riesgo de sobrecarga informática” ante dificultades técnicas relacionadas a la falta de sistemas de tecnología para respaldar el cumplimiento de la ley.
“Estamos preocupados por el sistema informático, dada la cantidad de información que introducimos en el sistema. También nos dará tiempo para analizar los diferentes riesgos”, dijo la comisaría europea del Medio Ambiente, Jessika Roswall.
Roswall, que ha descartado que el retraso obedezca directamente a presiones externas de socios comerciales, indicó que también se plantea esta postergación del EUDR ante la falta de simplificación de la normativa.
“A pesar de nuestros esfuerzos en materia de simplificación, seguimos sin conseguirlo plenamente. Creemos que no podemos lograrlo sin que haya cierta disrupción para nuestras empresas y nuestras cadenas de suministro (…) Buscaremos, junto con los colegisladores, un aplazamiento de un año”, refirió.
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Originalmente la norma -aprobada en 2023- iba a entrar en vigor el 30 de noviembre del 2024, pero luego se estableció que sería obligatoria para empresas grandes y medianas desde el 30 de diciembre de 2025, con un plazo adicional hasta el 30 de junio de 2026 para micro y pequeñas empresas.
Con el nuevo aplazamiento, la norma diseñada para prohibir la comercialización en la UE de productos como café, cacao, madera, aceite de palma, soja y carne vinculados con deforestación se retrasaría hasta diciembre de 2026.
¿Cómo reciben la noticia los exportadores peruanos?
Aunque la prorroga aún no es totalmente oficial, Claudia Solano, gerenta de agroexportaciones de la Asociación de Exportadores del Perú (Adex), considero que es “bastante probable” que esto se concrete.
“Conversamos con la delegación europea en Perú. Hay una intención, se ha presentado una carta porque se quiere extender. Estamos en la espera de el documento oficial que diga esta extensión”, comentó a Gestión.
En ese sentido, Solano de Adex indicó que tanto desde el sector privado como el público han estado en proceso de adaptación para seguir capacitando a la cadena de café, cacao, y palma aceitera.
Por el lado del sector público, Solano recordó que el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) viene realizando algunos avances como el desarrollo de una plataforma para poder empadronar a los productores y hacer registro de su georreferenciación.
Por ello consideró positiva la extensión, esperando “que (la UE) cuente con las plataformas necesarias para que estos trámites al final no ralenticen las exportaciones, sino más bien ya se tenga toda la infraestructura para demostrar estos requisitos sin necesidad de estar generando demoras, esa es nuestra principal preocupación”.
Asimismo, advirtió que la prórroga no significa un relajamiento de exigencias, dado que algunos compradores europeos ya piden georreferenciación y trazabilidad antes de que la norma entre en vigor.
¿Qué tan avanzados estamos?
Solo este año, de enero a julio, los datos del Mincetur muestran que las exportaciones peruanas a la UE han crecido 23.2% principalmente por envíos de productos como cacao. De hecho, esta zona representa el 29% de los despachos agropecuarios.
Esta zona europea es también el principal destino del cacao peruano, recibiendo el 35% del total de las exportaciones; y en el caso del café concentró alrededor del 39.6% del valor de los envíos.
Ante esto, los productores y exportadores consultados por Gestión consideraron que la extensión brindaría más oportunidad para avanzar con los requisitos para aquellos que no están listos, es decir, que no hubieran llegado al plazo original ni a la primera prorroga.
Gabriel Amaro, presidente de la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú (AGAP), precisó que las empresas exportadoras de mayor tamaño suelen cumplir con distintas certificaciones internacionales, dado que venden a varios mercados, pero el verdadero reto está en los pequeños agricultores.
“Es muy positivo para nosotros porque se está en un proceso de adecuación. Miles de pequeños agricultores aún tienen que formalizar su título de propiedad y sus procesos. Como estas regulaciones internas en el Perú han demorado, todavía no sale el reglamento de la ley forestal, así que es muy positivo que se pueda postergar un año más”, afirmó.
Aunque hay algunos productores que ya cumplen con una parte de los requisitos que están identificados e inscritos en el padrón, Amaro señaló que aún no se tiene una cifra oficial de cuántos ya tienen al 100% los requisitos.
Por su lado, Lorenzo Castillo, presidente de la Junta Nacional del Café, señaló que son muchos los países que aún enfrentaban dificultades para implementar la norma. La noticia genera expectativa a los caficultores porque abre una ventana para avanzar en procesos que todavía están a medio camino.
De hecho, indicó que solo la mitad de los productores cafetaleros peruanos habían logrado un avance en la implementación de los requisitos.
“Genera un poco de expectativa para completar la implementación de los procesos de georreferenciación y también de documentación de debida diligencia. En productos como café, los avances estarían en el 50% de implementación a agosto. Se esperaba avanzar con los procesos en los próximos meses”, comentó.
Entre las principales dificultades para implementación, recordó, incluyen la falta de información y conocimiento técnico entre los pequeños productores, especialmente porque existe confusión en las zonas productoras debido a mensajes contradictorios de diferentes instituciones, ONG y consultorías.
Asimismo, resaltó que los caficultores se enfrentan a un alto costo de la adaptación que resulta más complejo de solventar para los pequeños productores.
“Hay también un tema de costos que está hoy siendo recargado sobre los productores y que no es compartido. Un pequeño que no tiene suficientes recursos para su alimentación o para temas de salud, e implementar esa norma genera un gasto de S/ 200 a S/ 500”, indicó.
Esto, consideró Castillo, ocurre en un escenario en el que la productividad del Perú ha venido decayendo y existe una debilidad en la oferta.
“No hay una institucionalidad que permita implementar un programa de mediano y largo plazo para la sostenibilidad de cada organización hace su trabajo por su cuenta y el estado no tiene el conocimiento ni la capacidad de hacer un acompañamiento a las organizaciones y productores”, añadió.
Por ahora, el Midagri no dio mayores comentarios, pero indicó que en los próximos días se realizará un foro para conocer los avances de la implementación del reglamento de la UE.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
