Perú tiene el quinto mejor esquema para promover las Asociaciones Público-Privadas (APP) en América Latina y el Caribe. Así lo asegura el Infraescopio 23/24, un reporte de The Economist Impact con respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), publicado a finales de octubre, que toma en cuenta el caso de 26 países de la región.
El informe compara los procedimientos de promoción de las APP bajo cinco categorías. Estas son el marco regulatorio, preparación de proyectos y sostenibilidad; apoyo institucional, gestión de riesgos y evaluación de desempeño.
Con su quinto puesto, el BID destaca a Perú por tener un entorno favorable para las APP, tomando en cuenta su atractivo para las inversiones privadas y el desarrollo de infraestructura. De hecho, está primero en una de las categorías: preparación de proyectos y sostenibilidad. Sin embargo, Gestión consultó a expertos por las áreas donde aún claramente se puede mejorar el rendimiento.
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Espacios de mejora
La categoría donde Perú tiene la ubicación más baja es en manejo de riesgo y monitoreo de contratos. Aquí nuestro país está en la posición número 12, detrás de otras naciones como República Dominicana, Guatemala o Costa Rica.
Según comentó Camillo Carrillo, Associate Partner de Infraestructura de EY Perú, a Gestión, la baja ubicación de Perú en esta categoría es la principal razón por la que en el ranking general ha ido perdiendo espacio en las últimas ediciones del Infraescopio.
“Hasta el 2017 Perú siempre estuvo entre el segundo y tercer lugar. A partir de ese año cae al quinto puesto. Es algo que debe llamarnos la atención. Antes competíamos con Chile y Brasil. Perú se ha visto afectado, eso ha generado que tanto Colombia o Uruguay nos hayan pasado”, señaló.
Carrillo apuntó que los riesgos principales giran en torno a cómo el Estado ha manejado, por ejemplo, la liberación de interferencias bajo APP y el respeto a los contratos.
Por su parte, Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors experto en infraestructura, indicó que hay dos factores que han afectado la gestión de APP en Perú, a pesar de tener amplia experiencia con el mecanismo.
“La gestión política y la corrupción. La parte técnica siempre será importante, pero en Perú tenemos idas y vueltas con las APP. Se decide por un proyecto, pero luego otro funcionario plantea añadirle cosas. Eso afecta la capacidad de ejecutar e implementar APP”, considera.
En la misma línea, Carrillo comentó que actualmente los inversionistas están diferenciando instituciones peruanas para considerar asociarse. “Cualquier línea del Estado debería tener el mismo nivel de comportamiento frente a las APP, pero lo que se ve es que con un ministerio se puede trabajar y con otros no, por ejemplo”, manifestó.
Perú también está sexto en la categoría de financiamiento para esta clase de proyectos. Además, está octavo en dos rubros: regulación e instituciones; y evaluación de performance e impacto (análisis ex post). Sobre este último punto, el reporte indica que hay una limitada integración de las lecciones aprendidas sobre APP completadas.
De tener ese análisis a la mano, Perú podría mejorar su habilidad para evitar errores del pasado en la gestión e una APP y mejorar sus procesos de selección de proyectos, señala el Infraescopio.
Al respecto, Carrillo destacó que ProInversión publicó un informe haciendo ese esfuerzo, evaluando cómo los proyectos han mejorado la calidad de los servicios.
“Lo que falta es traducir eso en lecciones aprendidas. Los resultados positivos (en adjudicaciones) son innegables, pero falta que el Estado peruano vuelva a ser considerado un buen concedente”, remarcó.
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Fortalezas y metas
Como se dijo, el rasgo positivo del último Infraescopio para Perú es que tiene el mejor esquema APP en preparación de proyectos y sostenibilidad. Para Cárdenas, no hay duda que ello responde casi exclusivamente a la labor de ProInversión en los últimos años.
De hecho, refirió que de extender la supervisión de la agencia sobre determinados proyectos es tal vez lo que hace falta para reducir las otras carencias del sistema.
“La producción de adjudicaciones es muy buena. Donde tenemos problemas en la etapa entre la adjudicación y el fin de la obra. No por falta de financiamiento, sino porque la mayoría de veces el Estado no cumple sus obligaciones. Ahí es donde ProInversión no interviene”, apuntó.
Este año ProInversión tiene la meta de adjudicar 26 proyectos APP por US$ 8,408 millones. Hasta agosto, ya se habían encargado 12 obras de este tipo por US$ 6,076 millones. Quedan seis proyectos APP pendientes, donde destaca el Parque Industrial de Ancón (PIA) y la PTAR Puerto Maldonado, entre otros.
Hace unos días, la agencia anunció que en diciembre cinco postores competirán por el Grupo 4, que implica la construcción de tres proyectos de transmisión y subestaciones eléctricas en Áncash, Junín y Ucayali.
Si bien ve poco probable que logren cerrar las APP faltantes antes que acabe el 2024, Carrillo destacó que se haya logrado adjudicar y firmar el contrato del Anillo Vial Periférico, el proyecto más caro en cartera (US$ 3,396 millones) y que, como contó Gestión, tiene como principal riesgo la liberación de predios.
“Es una buena señal porque ningún concesionario firma algo que no piensa poder construir. Ahora, hay temas estructurales por resolver. Lo dicho sobre el incumplimiento de contratos es algo que antes no se veía. Eso afecta mucho al sistema”, detalló.
Sobre los proyectos APP restantes por adjudicar, Cárdenas aseguró que lo importante, más allá de la fecha exacta, es que estos estén bien estructurados, precisamente para evitar contingencias una vez se firme el contrato.
“Si se demoran dos o tres meses más de lo previsto, no es que sea terrible. Lo que no puede pasar es que demore años en cerrarse, a pesar que se anuncia la adjudicación. Se están mejorando algunos proyectos, como el PIA. Hay interés”, explicó.
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Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Especializado en áreas como inversión pública, construcción, saneamiento y economías ilegales.
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