
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó un informe sobre el Perú y, como parte de su sesudo análisis, puso la lupa sobre la petrolera estatal: Petroperú. Su análisis está sobre la base de cómo la situación de la empresa del Estado, y posibles inyecciones de capitales, ponen “en jaque” la situación fiscal del país.
Ya esto lo advertía Alexander Müller, economista jefe para la Región Andina, Centroamérica y el Caribe del BofA, en reciente conversación con Gestión: “Si este año no se hace una nueva transferencia a Petroperú y todo lo demás se mantiene constante, mecánicamente, vas a llegar [a cumplir la regla fiscal]”.
En similar tenor, la OCDE subraya que las repetidas inyecciones de capital proporcionadas a Petroperú, —motivadas por las dificultades financieras de la compañía y por su incapacidad para cumplir sus obligaciones— han aumentado los riesgos fiscales “al incrementar los pasivos contingentes y reducir el margen fiscal”.
En concreto, para la organización “el mantenimiento del apoyo fiscal a Petroperú sigue siendo un riesgo importante”.
Esto seguirá así, recalca la OCDE, a menos que se adopte una estrategia creíble para restablecer la viabilidad de la compañía —en coherencia con las directrices de la OCDE sobre el Gobierno Corporativo de las Empresas Públicas— como, por ejemplo, integrando a Petroperú en el marco de propiedad de Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe), “tal y como se recomienda en Estudios Económicos de la OCDE: Perú 2023″.

Cabe recordar que solo hace unos días se conoció que las pérdidas de la petrolera estatal superaban el 50% de capital social, lo que obligó a convocar al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y Ministerio de Energía y Minas (Minem), como miembros de la Junta General de Accionistas (JGA).
Es cierto que el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, y el presidente de Petroperú, Alejandro Narváez, han sido enfáticos en descartar una nueva inyección de capital para la empresa, pero analistas y actores del sector no están convencidos que esto pueda cumplirse.
Es más, Narváez intentó poner paños fríos a la situación y subrayó que si no fuera por algunas normas y encargos a la petrolera, ya estarían en azul.
“Estamos gastando US$ 112 millones por intentar mantener operativo el Oleoducto Norperuano. Gastamos S/ 12 millones por no facturar el IGV a la Amazonía, eso, a la fecha - desde octubre del 2015 - representa US$ 1,080 millones, dinero que no recupera Petroperú”, dijo este domingo.
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Restablecer la disciplina fiscal
Como se mencionó líneas atrás, las acciones que el Gobierno de Perú tome respecto a Petroperú puede impactar en la situación fiscal del país. Tal es así que la misma OCDE lo concatena en su análisis y recomendaciones para restablecer la disciplina fiscal.
“La situación fiscal de Perú se ha deteriorado tras la pandemia, con unos persistentes déficits fiscales y tras haber incumplido por segundo año consecutivo la regla fiscal en 2024. Será complicado cumplir los objetivos fiscales durante 2025 y 2026, en un contexto de aumento del gasto y de erosión de la base tributaria. La actual inestabilidad financiera de Petroperú ha requerido soporte del Gobierno de manera repetitiva y sustancial, lo que ha aumentado el déficit fiscal”, resume la OCDE.
Como solución a ese diagnóstico, se subraya la necesidad de reforzar el cumplimiento de la regla fiscal mediante una senda de consolidación creíble centrada en la reducción del gasto —sobre todo de la masa salarial del sector público—, la eliminación gradual de los subsidios ineficientes y la reducción de los gastos tributarios para garantizar que la deuda converja hacia el objetivo.
Como parte de ello, restablecer la viabilidad financiera de Petroperú mediante un plan de reestructuración integral que mejore la transparencia, fortalezca la gobernanza y refuerce la supervisión financiera.