
En medio de movidas ante su crítica situación financiera, la empresa petrolera pública Petroperú también se convirtió en noticia por cuestiones operativas. Un pozo a su cargo en condición inoperativa, ubicado en Talara (Piura), presentó fluidos de producción (agua, crudo y lodos) la tarde del último lunes.
Para la mañana de este martes 8 de julio, la empresa detalló que la zona afectada, en inmediaciones de la zona del Pozo 383 (Lobitos), se encontraba limpia en un 95%.
“Inmediatamente conocida la aparición de fluidos, Petroperú activó el plan de contingencias estipulado en el protocolo (...) las labores de limpieza continuarán hasta que la zona quede totalmente limpia”, indicaron.
De manera preliminar, dieron cuenta de la visualización de “manipulación de la válvula del pozo y la malla perimetral” violentada. Notificaron a la Policía Nacional del Perú (PNP) para que profundice en las investigaciones.
Representantes del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) acudieron al lugar de la emergencia e informaron que el volumen del derrame sería de 40 barriles, registrando una zona afectada de alrededor de 500 metros lineales.
Por su parte, Ricardo Bancayán, alcalde de Lobitos, lamentó el perjuicio para su comunidad que todavía no se recupera del derrame en su mar a fines del 2024 y redujo, significativamente, su movimiento económico en el pasado verano.
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Retornando a los derrames, uno de los siniestros más mediáticos fue el registrado la noche del viernes 20 de diciembre del 2024, cuando se tuvo un derrame en el área del Terminal marítimo de la Refinería de Talara.
Desde la empresa indicaron que, luego de cuatro días, la mañana del martes 24 de diciembre, “culminaron” las labores de limpieza en la playa Capullanas. Bancayán, alcalde de Lobitos, se refirió, entonces, a la afectación de hasta seis playas.
A este escenario crítico se suma que un informe realizado por este diario a fines del 2024, dio cuenta que, al menos, siete derrames de petróleo se dieron entre sus unidades solo el año pasado.
Esto se verificó luego de que Gestión revisó, a propósito del derrame en el mar de Piura, sus hechos de importancia remitidos a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV).
Las regiones de las comunidades afectadas fueron Amazonas, Lambayeque, Piura y Loreto. En propias palabras de la petrolera estatal, según sus comunicados, fueron por su propia responsabilidad y de terceros.
En cinco ocasiones fueron en el Oleoducto Norperuano (ONP), otra en el Lote Z-69 y otra en la Refinería de Talara (el derrame de mayor notoriedad). Asimismo, se observó que los siniestros fueron en febrero, dos veces en marzo, una en julio, otra en octubre y la última en diciembre del año pasado.
En detalle, cuatro fueron por culpa de terceros. Se explicó que respondieron a “cortes producidos por personas no identificadas”, “cortes con herramientas mecánicas de terceros” y “conexiones clandestinas”.
Cabe recordar que, en ninguno de los tres siniestros que no respondieron a acciones de terceros, se reportó la cantidad de petróleo “fugado” o derramado.
El Oleoducto Nor Peruano también es foco
Las unidades que están a cargo de Petroperú, en general y más allá de Piura, no están exentas de registrar derrames, ya sea por propia responsabilidad de la petrolera estatal o atentados de comunidades aledañas (terceros).
A fines de mayo, Petroperú informó que, en lo que iba del año, sumaban cuatro atentados perpetrados al Oleoducto Norperuano (ONP). El último, precisamente, fue el 27 de mayo, por una “manipulación deliberada de una grapa instalada” en el ducto, a la altura de la comunidad Sinchi Roca (Datem del Marañón). La fuga generada alcanzó una quebrada.
Anteriormente, se reportó un atentado el 19 de marzo, también a la misma altura de dicha infraestructura (kilómetro 315+535 del Tramo II). Otro previo data del 8 de febrero.
En el marco de estas intervenciones, desde la petrolera activaron su plan de contingencia y también comunicaron que su personal fue impedido de realizar labores de recolección de muestras y de limpieza.
“Los diversos impedimentos y medidas de fuerza impulsados por las autoridades comunales y los dirigentes de sus organizaciones representativas contra las instalaciones del ONP tienen como finalidad presionar al Ejecutivo para la adopción de decisiones que garanticen el financiamiento de proyectos de inversión del gobierno local. Esta situación escapa al ámbito de competencia de Petroperú y es completamente ajena a su gestión”, señalaron entonces.

Este panorama generó, por ejemplo, que un grupo de 500 personas, aproximadamente, irrumpan forzosamente la Estación 5 del ONP, a mediados de abril.
Desde la petrolera también mencionaron que el ONP demanda un gasto superior a los US$ 120 millones anuales para asegurar su operatividad. Esto, agregaron, complican su escenario financiero.
A fines de abril, Alejandro Narváez, presidente de Petroperú, dio cuenta de conversaciones avanzadas para que el Ministerio de Energía y Minas (Minem) asuman este compromiso financiero.

Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.