Tras afirmar que su remoción de la presidencia de Petroperú fue injustificada, Alejandro Narváez, buscaría una explicación a su salida del directorio de la petrolera estatal.
A través de dos cartas notariales enviadas a los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Denisse Miralles, y del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Enrique Bravo -a las que tuvo acceso Gestión-, el expresidente del directorio de Petroperú solicitó la revisión del procedimiento mediante el cual fue removido del cargo.
En los documentos dirigidos a los ministros del MEF y Minem, quienes también son miembros de la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú, Narváez advirtió posibles irregularidades en el proceso que derivó en su cese, anunciado públicamente el 17 de octubre.
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Los cuestionamientos de Narváez
El expresidente de la empresa estatal cuestionó que, hasta la fecha, no se haya hecho pública la existencia de un acta que formalice la decisión ni de informes técnicos o de desempeño que motive la decisión adoptada por la Junta General de Accionistas.
Esto, indicó, “podría contravenir el principio de motivación suficiente” establecido en el Decreto Legislativo 043 y la Ley del Procedimiento Administrativo General.
“Solicito respetuosamente que se revise el procedimiento y las circunstancias del acto comunicado el 17 de octubre de 2025, a fin de verificar la existencia de acuerdo formal de Junta General conforme al Estatuto Social, evaluar la motivación técnica que sustente las razones invocadas y adoptar las medidas necesarias para preservar la seguridad jurídica, la gobernanza corporativa y la sostenibilidad de la empresa”, señaló en las cartas.
Indicó que se “podría contravenir el principio de motivación suficiente” establecido en el Decreto Legislativo 043 y la Ley del Procedimiento Administrativo General. (Foto: Petro-perú)
Narváez recordó que la Ley General de Sociedades y el propio estatuto de Petroperú exigen que toda remoción de directores cuente con una convocatoria formal, una agenda expresa, quórum y acta registrada ante la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).
Asimismo, alertó que la inobservancia del artículo 47 del Estatuto Social, que establece la renovación escalonada del directorio, podría “afectar los estándares de previsibilidad y profesionalización exigidos por el Código de Buen Gobierno Corporativo para las Sociedades del Mercado de Valores”.
En ese sentido, advirtió que un acto societario sin sustento técnico o formal podría generar contingencias institucionales, de gobernanza y reputacionales que afecten la credibilidad de Petroperú ante los mercados financieros y organismos multilaterales.
