
La congresista Ruth Luque ha presentado un proyecto de ley que establece un régimen de responsabilidad económica, ambiental y social para Petroperú ante un derrame de hidrocarburos en sus zonas a cargo.
Dicho marco normativo se aplicará a la petrolera estatal así el siniestro se ocasione en actividades de exploración, explotación, almacenamiento o transporte de sustancias.
De esa manera, Petroperú deberá reparar el daño ambiental, compensar económicamente a las personas naturales y jurídicas afectadas y asumir los costos de limpieza, restauración y monitoreo.
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Según el PL de Luque (N° 11963/2024-CR) las obligaciones se asumirán de manera automática sin perjuicio de las sanciones administrativas, penales o civiles que puedan desencadenarse.
En esa línea, Petroperú ante un derrame de crudo tendrá que compensar directamente —y sin esperar una sentencia judicial previa— a:
- Pescadores artesanales y comunidades costeras cuya actividad económica se vea interrumpida
- Empresas turísticas y de servicios como restaurantes, transporte u otras
- Personas naturales que sufran daño a su salud o propiedad

Además, se autoriza la creación de un Fondo de Emergencia Ambiental por Derrames (FEAD) Petroperú administrado por el Ministerio del Ambiente, al cual deberá contribuir anualmente con no menos del 1% de su facturación.
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“Se propone un régimen sin necesidad de sentencia judicial previa que permita superar la lentitud de los mecanismos actuales”, argumenta Ruth Luque en su predictamen, en referencia a las demoras en los procesos de indemnización tras derrames en Lobitos o el ecosistema amazónico.