El congresista Carlos Anderson presentó un proyecto de ley que permite que las empresas del Estado en peligro de quiebra puedan someterse a un proceso concursal. Precisamente, en el título de la normativa se especifica el caso de Petroperú.
En detalle, la propuesta busca modificar el artículo de la ley general del sistema concursal que limita el ámbito de aplicación de este sistema. Así, se exceptúa a las empresas estatales que, “en el transcurso de su actividad comercial o empresarial hayan emitido deuda en los mercados internacionales, en el entendimiento de que existe una garantía implícita del gobierno nacional y que estén en quiebra o peligro de ello”, puedan acogerse al concurso preventivo, uno de los regímenes del sistema.
De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE), solo al primer trimestre del 2024, sin considerar el último decreto de urgencia que sumó nuevas inyecciones económicas del Estado, la deuda financiera de Petroperú bordeó los US$6,200 millones, esto es 10 veces más que en el 2013.
“Hay que recordar que, desde que se creó la primera ley concursal, siempre se exceptuó a las empresas del Estado, pues se sabe que es muy mal empresario. Si no habría esa disposición, el 90% de las municipalidades estarían concursadas y liquidadas porque deben mucho dinero”, apuntó Alfonso Perez-Bonany, director del área concursal de PPU.
Como primer punto, Perez-Bonany señaló que es importante observar que no se propone el ingreso de Petroperú al sistema concursal ordinario, sino al preventivo.
“Por el ratio de la deuda de la empresa, podría ser sometido a un concurso ordinario, donde está la opción de la liquidación, pero se opta por uno preventivo, para aprobar el plan de pagos. Es particular porque empresas que están en quiebra no son elegible para esquemas preventivos”, comentó.
Sonia Alva, CEO de Alva Legal, sumó que una de las principales diferencias entre el esquema ordinario y el preventivo es que, en este último, las facultades de la junta de acreedores son limitadas porque, por ejemplo, no puede designar a un administrador, sino que se mantiene el vigente.
¿Petroperú concursado?
Perez-Bonany apuntó que la eventual junta de acreedores de Petroperú estaría compuesta por el Estado, agentes comerciales, proveedores de hidrocarburos, bancos nacionales e internacionales, bonistas, entre otros. Estimó que la composición de esta mesa tardaría, cuando menos, dos años.
Alva anotó que el sometimiento de Petroperú implicaría solicitar la inexigibilidad de sus deudas, es decir, se suspende legalmente su derecho a pago y tampoco pueden realizarse embargos.
Si bien este escenario concursal brinda una cobertura por un lado, también existe otro con perjuicio, indicó el director del área concursal de PPU. Así, mencionó que, al emitir bonos a precios de mercado, estos continuarían depreciándose, por ejemplo.
“Un concurso te cubre unos problemas, pero te descubre otros. En lo primero, no va a seguir desangrándose [financieramente], pero en lo segundo se le dice al mercado que se llevará la empresa a concurso, se autorizará a que se deje de pagar deuda”, puntualizó. En este punto, la deuda que pueda asumir la petrolera sería más costosa.
En el marco concursal, uno de los capítulos más importantes está en la presentación del plan de reestructuración, en el que se tendrá que consignar la capacidad de pago y las fuentes de financiamiento para continuar con las operaciones.
“Con un proceso concursal se ‘plancharía’ todo el financiamiento, se establecerá la manera, toda la deuda, se ordena”, comentó. Este aspecto, a decir de Perez-Bonany, brindaría una positiva señal para los externos sobre Petroperú, pues se tendría su horizonte por varios lustros ya planeados. Agregó que en el plan se debería determinar cuánto dinero requerirá, en consolidado, del Estado. “Te brinda predictibilidad”, puntualizó.
Si bien no hay plazos predeterminados o límites para elaborar un plan de pagos, Alva proyectó que no debería de exceder de los 20 o 25 años.
¿Conveniencia?
Alva consideró “idónea” la propuesta de que se someta a la petrolera estatal a un proceso concursal por la “gran envergadura de la deuda colectiva” y porque las características del sistema preventivo hacen factible su gestión.
A su turno, Perez-Bonany opinó que “esta propuesta puede ser útil” para intentar reorganizar las deudas de Petroperú. Sin embargo, observó que este esquema es una herramienta oportuna para la gestión de pasivos, mas no aborda aspectos de gobernanzas. Precisamente, en este último aspecto es donde ha estado la crítica sobre Petroperú, la cual se tradujo en sus pésimos resultados financieros.
“El proceso concursal aborda deudas, pero no temas de gobernanza. Los concursos pueden servir de mucho o de nada. Si se hace de manera responsable, con gobernanza, entregando información, entre otros, habrá resultados. Pero lo de gobernanza responde más a temas políticos, a la voluntad política. Para ello, no hay ninguna ley que pueda promulgarse”, comentó.
Como se recuerda, el directorio de Petroperú está conformado por seis miembros, entre ellos un presidente. Uno es representantes de los trabajadores, dos son asignados por el Ministerio de Energía y Minas y tres por el de Economía y Finanzas.
Por su parte, Pedro Gamio, exdirector de Petroperú, comentó que este proyecto de ley tiene una buena intención, pero hubiera sido oportuno antes de la promulgación del decreto de urgencia de setiembre de este año que estableció una serie de medidas para su reestructuración.
“Antes de ese decreto, el panorama era incierto y estábamos llegando a niveles realmente críticos. Pero con el decreto cambie el performance, le da recursos fundamentales. Si se sigue las mejores prácticas, se ponderan los negocios y más, puede lograrse resultados positivos. Este proyecto de ley es una iniciativa que respeto, pero llega a destiempo”, puntualizó Gamio.
El exdirector de la petrolera también observó que habría incertidumbre respecto a la emisión de bonos ya realizadas, pues estos no pasan por el sistema de reestructuración empresarial y las leyes no son retroactivas.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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