Agua potable. (Foto: Pixabay)
Agua potable. (Foto: Pixabay)
Redacción Gestión

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento () firmó el contrato del megaproyecto de agua potable y alcantarillado “Asentamientos Humanos de ”, que beneficiará a 105 sectores de los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre.

Se trata del proyecto de saneamiento más grande en la región norteña, que cuenta con una inversión de más de S/ 636 millones y que está a cargo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), bajo la modalidad de ejecución de llave en mano.

La ejecución estará a cargo del Consorcio Castilla, integrado por cinco empresas, bajo la modalidad de llave en mano (diseño y construcción simultánea), lo que permitirá acelerar el proceso y evitar paralizaciones. El proyecto contempla una inversión de S/ 636 millones y tendrá un plazo de ejecución de 720 días calendario, incluyendo expediente técnico, obra y operación asistida.

Las obras incluyen la construcción de cuatro reservorios, 280 km de redes de, 200 km de redes de alcantarillado, más de 35,000 conexiones domiciliarias y la ejecución de importantes infraestructuras como la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Los Ejidos, la renovación de la PTAR Tacalá y dos emisores de alcantarillado.

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El modelo que hizo viable el proyecto

El gobernador Luis Neyra León subrayó que el enfoque de diseño y construcción fue clave para destrabar el proyecto. “Antes, por la gran cantidad de partidas, ninguna empresa se presentaba. Gracias a la propuesta del Gobierno Regional, hoy el proyecto se concreta”, afirmó.

El ministro de Vivienda señaló que este contrato es el cumplimiento de un compromiso asumido por el Ejecutivo con la región. ha esperado décadas. Hoy demostramos que este Gobierno sí cumple. Con esta obra, los piuranos tendrán acceso continuo a agua potable. Es justicia social con rigor técnico”, sostuvo.

El viceministro de Construcción y Saneamiento, Christian Barrantes Bravo, también remarcó que este proyecto es símbolo del trabajo articulado entre el Gobierno, las autoridades locales y la sociedad civil, que nunca dejó de exigir su ejecución.

“Hoy no solo firmamos un contrato. Damos un paso decisivo para cambiar la vida de miles de familias. Los invito a acompañar este proceso con vigilancia ciudadana, para asegurar que se culmine de forma eficiente y transparente”, finalizó.

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