Horas macabras y sangrientas a causa de la minería ilegal se viven en Pataz (La Libertad), precisamente, en las concesiones de la Minera Poderosa. En un comunicado difundido el reciente sábado, reportaron un segundo ataque en menos de 24 horas.
El primero que ocurrió fue en horas de la madrugada del viernes 28 de marzo, “emulando peores prácticas de Sendero Luminoso”. Producto de una ola de incursión armada, un trabajador minero artesanal de Poderosa perdió la vida y alrededor de 50 fueron derivados a una posta. A esto se sumó que los mineros ilegales destruyeron con dinamita una torre de alta tensión que alimentaba la unidad Santa María.
Hasta entonces, se trataba del tercer atentado contra la empresa en menos de tres meses y la decimosétima torre de alta tensión destruida. “A ello hay sumar la lamentable pérdida de vidas de 18 colaboradores de Poderosa, víctimas de atentados armados”, detalla Poderosa.
Sin embargo, el mismo sábado 29, apenas horas después, alrededor de las ocho de la noche, un contingente de mineros ilegales coludidos con elementos criminales volvieron a atacar a un grupo de mineros artesanales.
“Producto de esta vil emboscada, dos personas perdieron la vida y otros diez resultaron heridos, tres de ellos con pronóstico reservado”, señalaron. Gestión conoció que, a la noche del domingo 30 de marzo, lamentablemente uno de los heridos falleció.
Esto ocurre en pleno estado de emergencia. De hecho, este diario dio cuenta, anteriormente, que Pataz está en esta condición desde hace 13 meses. Hoy se tiene la décima prórroga y van seis fallecidos desde que se decretó, cuatro solo el último fin de semana.
En diálogo con Gestión, Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Poderosa, criticó la falta de accionar firme por parte del Gobierno peruano ante la minería ilegal.
“En el último medio año, no ha habido ninguna interdicción contra las bocaminas y plantas ilegales. Igualmente, nuestros reiterados perdidos para que la policía entre a las galerías a desalojar a los mineros ilegales no han tenido respuesta alguna”, indicó.
Asimismo, consultado sobre la estación policial en Pataz anunciada por el Gobierno a mediados de enero, De la Flor indicó que la empresa ha venido avanzando aceleradamente la construcción de la infraestructura temporal necesaria, incluyendo una base operativa central y tres puestos de control.
“Sin embargo, es necesario que el Ministerio del Interior (Mininter) cumpla con los procedimientos administrativos para asegurar la asignación del personal y la puesta en funcionamiento, algo que no ha ocurrido hasta ahora”, criticó.
Al respecto, ante la consulta de Gestión al primer ministro, Gustavo Adrianzén, en una conferencia del lunes 31 de marzo, mencionó que: “Con relación a la creación del frente policial, quiero informar que por propia voz de Poderosa se va a entregar en esta semana (...)”.
“Es un edificio de cinco pisos donde se va a albergar a los efectivos de la Policía y las Fuerzas Armadas que van a permanecer en el lugar. Inicialmente se había previsto que sera un frente policial, pero por una nomenclatura administrativa, va a ser una base policial, que es un trámite mucho más sencillo”, resaltó.
Adrianzén señaló que el próximo sábado 5 de abril, junto al Ministerio de Defensa (Mindef), viajará a la zona.
¿Qué viene ocurriendo en Pataz?
Desde hace unos años, Pataz resiste como puede entre los estados de emergencia que el Gobierno declara para salvaguardar la seguridad ciudadana y combatir la criminalidad. Los efectos de la medida excepcional, sin embargo, distan de las expectativas.
Los números avalan la alarma. Con US$ 6,000 millones generados en el 2024, la minería ilegal se ha convertido en la principal economía ilícita: supera con creces al narcotráfico y alimenta otros quebrantamientos, como la trata, la extorsión, el sicariato y la depredación ambiental.
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La estrategia del estado de emergencia abarca, además, la presencia de aproximadamente 200 efectivos policiales y del ejército en Pataz.
“Sobre el particular, hay que señalar que tenemos 25 zonas tomadas por mineros ilegales, los mismos que operan con total libertad e impunidad. Hasta el momento, la PNP no responde a nuestros reiterados pedidos para ingresar a las galerías y desalojarlos”, aseguró Poderosa en su comunicado oficial.
La inacción policial también se ve reflejada en la suspensión desde hace más de medio año del programa de interdicciones de bocaminas ilícitas (más de 450) y plantas ilegales (más de 40) en la zona, todas perfectamente identificadas y georreferenciadas. A ello hay que agregar la permisividad en el control del transporte de mineral de origen ilegal extraído de las concesiones de Poderosa y trasladado hacia las plantas formales en la costa (más de 6 mil volquetes en el 2024).
Poderosa hizo énfasis en su pedido constante: “El deterioro de las condiciones de seguridad y la actuación impune de los mineros ilegales en la zona exige una respuesta contundente y coherente del Estado”.
Sugiere, por tanto, una mayor labor de inteligencia y un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Solo esta colaboración, afirma, permitirá que los mineros ilegales detenidos sean efectivamente procesados y condenados.
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Vigencia del Reinfo: afectación económica
Hay, además, una postura marcada acerca de la ampliación de la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 20 de junio de este año.
“Una enorme responsabilidad en el manejo de este problema le corresponde al Congreso de la República, que, en diciembre pasado, amplió nuevamente el Reinfo, registro que los mineros ilegales utilizan para seguir operando con total impunidad. En los últimos meses hemos visto la proliferación de propuestas legislativa que, lejos de contribuir a fortalecer la lucha contra la minería ilegal, la debilitan”, precisan desde Poderosa.
Durante una conversación previa en Diálogos Mineros, a cargo del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), Pablo De la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la empresa, había expresado la huella del Reinfo en otros campos económicos.
“Las pérdidas se traducen en un menor nivel de productividad, menos empleo formal, menos pagos de impuestos, menos transferencias a los gobiernos regionales producto del canon, todo eso sumaría casi otros US$ 6,000 millones”, aseveró.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.
