
El tiempo de respuesta ante una emergencia depende de cuántos recursos están disponibles: desde el personal policial hasta una radio móvil, por ejemplo. Frente a la ola de crimen que acecha al Perú, una falencia en este inicio de la cadena de acciones equivale a una posibilidad perdida en la búsqueda de la estabilidad social.
La atención a la señal de alarma —el primer paso del circuito que permite detectar a una fuente de delincuencia— registra en el país una brecha: en Lima y Callao, el 66% y 53% de los efectivos destacados a comisarías, respectivamente, no disponen de un equipo de comunicación operativo y propio.
La cifra se acentúa en el resto del Perú: más del 84% de los efectivos de las comisarías en provincias no posee un equipo asignado propio. Así lo ha recabado el Instituto de Criminología, en trabajo coordinado con el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN), en un informe que comparte en exclusiva con Gestión. A continuación, la radiografía nacional.
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Caso Agua Marina
Nicolas Zevallos, presidente del Instituto de Criminología, recuerda que la reacción ante una emergencia —asaltos, extorsiones o secuestros, por mencionar algunos— se avala en una grilla compuesta por “varias capas”. “La capa de los vehículos, de personal, del equipamiento y de comunicaciones. Si a la grilla le falta una capa, el tiempo de respuesta se puede limitar bastante”, puntualiza.
En Perú, el elemento vinculado con el equipamiento de telecomunicaciones presenta carencias graves. De acuerdo con el informe “Tiempo de respuesta de los servicios de emergencia: factores clave”, la mayoría de las 1,049 comisarías que hay en el país no tiene radios portátiles (74%), radios móviles (86%), radios fijas (80%), equipos GPS (96%) o teléfonos satelitales (98%).
Estos cinco aparatos, con características y propósitos distintos, conectan a la población con algún cuerpo de efectivos capaz de protegerla. Si la correspondencia funciona, las infracciones encuentran menos espacio para expandirse.
En esa línea, el especialista trae a colación el ataque armado a la orquesta de cumbia Agua Marina, cuyos integrantes resultaron heridos a causa de una balacera durante el concierto del 8 de octubre: la Policía Nacional (PNP) activó el “Plan Cerco” en los alrededores del Círculo Militar casi una hora después de la tragedia.
“El tiempo óptimo para cualquier emergencia debe ser menos de 15 minutos. No me refiero a que lleguen dos o tres policías, me refiero a que lleguen las unidades especializadas. Por ejemplo, la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) o el Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU). [...] En una hora, los delincuentes ya se escaparon”, sostiene.
En suma, se trastoca la mirada íntegra para combatir la criminalidad. “La radio es una parte esencial de un servicio de seguridad, porque es el elemento que le permite al operador saber dónde es el problema y cuándo reaccionar. [...] Si hay un atentado en Chorrillos, debe existir la opción de llamar a las unidades cercanas”, agrega.

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Provincias en descuido
Zevallos no es ajeno a una desigualdad en la cobertura de equipos: la inversión se suele concentrar en la capital.
“Las dos regiones que tienen mejor cobertura, e incluso así registran brechas serias, son Lima Metropolitana y Callao. En el resto de regiones, lamentablemente, la inversión no se prioriza. [...]“, señaló.
En detalle, Lima Metropolitana es la única que cuenta con 97% de cobertura en radio fija y 96% de cobertura en radio portátil.
“Nos parece preocupante, por ejemplo, La Libertad. Es un lugar tan complicado que tiene márgenes tan amplios de brecha. Es brutal: 100% de comisarías sin GPS, 98% sin radio fija, 95% sin radio móvil, 85% sin radio portátil y 100% sin teléfono satelital”, precisa.
Y cuestiona: “En La Libertad está Pataz. ¿Cómo se está respondiendo en esa región, que se caracteriza por ser una de la más violentas, sin ninguna capacidad operativa de comunicación?“.
Suma a Puno a su lista. En el inventario de este departamento se destaca que hay 78% de comisarías sin GPS, 97% sin radio fija, 95% sin radio móvil, 86% sin radio portátil y 98% sin teléfono satelital. “Ahí hay una frontera bastante amplia, con problemas serios de flujo de actividades ilegales como minería, cocaína y demás asuntos”, aclara el experto.
Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Ica, Lambayeque, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco y Tacna registran 0% de disponibilidad de equipos GPS. El porcentaje de los otros cuatro instrumentos también es alarmante.

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Elecciones 2026: rol ante la delincuencia
Para Zevallos, la transformación integral de los sistemas de seguridad y justicia en el Perú debe empezar desde ahora, en el Gobierno de transición de José Jerí, el nuevo presidente del Perú.
“Hay tiempo para poner las bases y plantear por dónde se debería caminar. Si se sabe que en La Libertad nadie tiene GPS, no se requiere esperar al siguiente Gobierno, hay que comprar los equipos ahora. Si se sabe que en Puno faltan radios, hay que comprarlas ahora”, comenta.
Es, además, tajante con respecto a la detección de prioridades: “Hay que poner la puntería sobre un problema, y ese problema es el sicariato. ¿Qué se necesita para trabajar contra el sicariato? Inteligencia. ¿Qué se requiere para la inteligencia? Equipos. [...] Se puede contar con la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir) para las compras de millones".
Subraya que los gobiernos regionales y municipales poseen el marco presupuestal para invertir en los equipos de telecomunicación de la PNP.
“No les falta dinero, la mayoría de ellos tiene marco presupuestal y no necesita pedir extra. Lo que termina ocurriendo en muchos casos es que la plata no la usan para eso [compra de instrumentos tecnológicos], sino para otras cosas. Este escenario es un llamado a que los gobiernos regionales usen sus recursos en equipar a su Policía. Es una pésima noticia que un gobierno regional tenga a su Policía sin GPS”, observa.
“Esto no puede pasar, menos en fronteras o en regiones que son tan complicadas, como Trujillo, Lambayeque, Piura, Arequipa o Puno. El Mininter podría acompañar el proceso para hacer estas compras con los recursos de los gobiernos regionales y municipales”, acota.
Asevera, en ese sentido, que el Instituto de Criminología considera que los resultados actuales podrían replicarse en los próximos años si es que el reflector no se coloca sobre la problemática.


Redactora de Economía en diario Gestión. Periodista piurana con seis años de experiencia profesional en el rubro.