
A fin de ayudar a los emprendedores víctimas de las extorsiones y crimen organizado, el congresista Jorge Flores Ancachi (Podemos) plantea una ley que brinda beneficios económicos y sociales a los negocios, sean formales o informales.
Con el proyecto de ley N° 11366/2024-CR se creará la Unidad de Protección Empresarial (UPE), la cual estará adscrita al Ministerio del Interior para “brindar resguardo y asesoría a empresarios y comerciantes extorsionados”.
El documento presentado en el Congreso se dirige a todos los comerciantes y emprendedores afectados por la extorsión, amenazas o violencia.
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Además, se da pie al Fondo Nacional de Seguridad Empresarial (FNSE) —a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas— para ayudar económicamente a los pequeños negocios golpeados por el crimen organizado.

De ese modo, el FNSE dará los siguientes beneficios a los pequeños negocios:
- Préstamos sin intereses a los empresarios que hayan sufrido pérdidas por extorsión
- Subsidios parciales para la recuperación de los negocios
- Incentivos para la instalación de sistemas de seguridad en las zonas de alto riesgo
Y si un funcionario colabora con las mafias extorsivas, este “será sancionado con cadena perpetua bajo el delito de alta traición al Estado”.
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Aquellos funcionarios condenados por colusión con extorsionadores estarán inhabilitados de por vida para ejercer cargos públicos y cualquier actividad privada vinculada al comercio o seguridad.