En medio del debate sobre la aprobación de la reforma a la ley de Asociaciones Público-Privadas (APP), que permitiría que la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión) tome el control de los proyectos del mecanismo, el organismo aclaró que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) mantendrá sus competencias esenciales.
La reforma transfiere la rectoría del sistema APP a ProInversión buscando agilizar los procesos, pero esto no implica una remoción de las funciones claves del MEF, que continuará opinando sobre los proyectos de inversión.
Juan Suito, asesor de la dirección ejecutiva de ProInversión, precisó que será esencial la opinión del MEF en aspectos relacionados al presupuesto de las iniciativas.
“Las competencias esenciales del MEF no se han movido. El MEF ha hecho también parte de esta reforma (...) En lo que son opiniones, sus competencias se mantienen, es decir, opina todo lo que sea en capacidad presupuestal, límites de endeudamiento, y lo que pueda afectar la caja fiscal. Eso es totalmente sagrado, nadie se lo va a quitar”, comentó tras ser consultado por Gestión.
Asimismo, el ministerio también será responsable de definir criterios objetivos para determinar qué proyectos deben ejecutarse vía APP, lo cual irá vinculado a la propuesta de Plan Nacional de Infraestructura que debe proponer cada cinco años.
La priorización de proyectos que se harán en este mecanismo será determinada a través de un decreto supremo. Es decir, el MEF seguirá trazando la hoja de ruta para las inversiones público privadas, mientras que ProInversión ejecutará y coordinará los lineamientos.
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Limitarán opiniones de otros organismos
La reforma también delimitará las funciones de los organismos reguladores y la Contraloría General de la República, acotando su intervención a sus competencias específicas para evitar paralizaciones de proyectos.
En el Perú son seis entidades las que opinan respecto a cada proyecto, pero en cada una de ellas hay varias direcciones generales que se encargan de hacer observaciones. Por ello, el cambio en la ley establece una precisión en las funciones de los reguladores.
Ángel Delgado, también asesor de la dirección ejecutiva de Proinversión, sostuvo que la misma ley de los reguladores tienen que opinar fundamentalmente solo sobre los niveles de servicio, regímenes de acceso a la infraestructura, el régimen tarifal.
“Lamentablemente los organismos reguladores de alguna manera se extralimitaban en sus opiniones, generando problemas al sistema, retrocesos y a veces paralizaciones. Ante un comentario negativo fuera de su competencia o de su expertise puede paralizar a un profesional que tiene temor de ir en contra del regulador por más que ese no tenga la competencia para opinar sobre ese extremo”, señaló.
En el caso de la Contraloría, indicó que, acorde a sus funciones de velar por el tesoro público, solo podrán opinar en proyectos cofinanciados, aquellos donde el Estado pone recursos para que la obra pueda ser ejecutada de manera adecuada.
La agencia recordó que este problema ha generado que: al 2025, los proyectos permanezcan 4 años en promedio en espera de adjudicación. El 30% de los proyectos en cartera llevan entre 6 y 13 años desde la fecha de encargo a ProInversión.
El 30% de los proyectos en la cartera llevan entre 6 y 13 años desde la fecha de encargo a Proinversión.
Ahora, con la reforma aprobada por el Congreso, la rectoría que asume ProInversión le otorga la última palabra en la interpretación normativa sobre APP y la capacidad de emitir lineamientos para regular situaciones específicas.
Con esto, se buscará evitar la burocracia excesiva que llegó a extender los trámites de APP en los últimos años. Suito recordó que la regulación establecida en 2015 provocó una caída del 77% en adjudicaciones totales, y solo en APP estos proyectos se redujeron un 94%.
“En los últimos dos años ha sido resurgir justamente de esto. Pero la caída fue terrible. Son ocho años donde no se han desarrollado nada (con la regulación del 2015), por eso lo estamos cambiando”, señaló.
De acuerdo con un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto a The Economist, en el 2014 el marco normativo de las APP estaba considerado como el mejor de Latinoamérica y el Caribe, pero en el 2019, tras el cambio, retrocedimos al puesto 13.
Esa antigua regulación, afirmó Suito, llevó a que las primeras cuatro fases de desarrollo de una APP demoren más 10 años, cuando antes tomaban máximo tres años. Ahora, con los recientes cambios, se esperaría que los procesos no duren más de dos años.
Asimismo, el temor a los comentarios de los órganos de control también habría retrasado las adendas. Estas generaron demoras de dos a cinco años, cuando “solo deberían tomar tres a cuatro meses”.
Con este nuevo escenario, Suito estimó que la reforma permitiría reducir significativamente la brecha de infraestructura del país, actualmente estimada en más de S/500 mil millones.
“A este paso, no lo íbamos a hacer ni en 20 ni en 40 años. Pero, si seguimos este camino, podríamos cerrar esa brecha en menos de 10 años”, estimó.
Las 4 fases de los proyectos antes demoraban alrededor de 3 años. Con una regulación que se hizo en 2015 los procesos comenzaron a demorar más de 10 años.
Presupuesto especial para APP
Otro cambio que se plantea con la nueva ley es la creación de un presupuesto específico para financiar los proyectos mediante APP, evitando que los proyectos queden desfinanciados a mitad de camino.
Delgado precisó que la nueva regulación buscará establecer que cada sector contará con una “bolsa” o límite máximo de recursos, aprobado por el MEF, destinada exclusivamente a financiar proyectos APP.
“Creemos que eso va a ayudar mucho en esta problemática que es el financiamiento de los proyectos porque lamentablemente la regulación anterior pues hacía que al cabo de un tiempo siempre los proyectos de APP queden desfinanciados y tenemos que correr para ver cómo conseguir el financiamiento”, refirió.
Esto, indicó, es similar a lo que se hace en las Obras por Impuestos (OxI), donde los gobiernos regionales y locales reciben un tope presupuestal definido para ejecutar proyectos de infraestructura con participación privada, lo que les permite planificar y comprometer recursos de manera más eficiente.
Por el momento, se espera que la reforma de las APP tenga la opinión del Poder Ejecutivo en un par de semanas y esté totalmente vigente, junto al reglamento, durante los primeros meses del segundo semestre del año.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.
