Una nueva propuesta legislativa busca eliminar la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y devolver la gestión del transporte urbano a las municipalidades locales.
Esta medida, presentada por la congresista Patricia Chirinos, plantea derogar la ley que creó la ATU en 2019 y transferir sus funciones nuevamente a la Municipalidad de Lima y a la del Callao.
La propuesta se fundamenta en la necesidad de “recuperar coherencia con el modelo descentralizado del país y corregir los errores de una centralización ineficiente”. A más de cinco años de su creación, “la entidad muestra un balance negativo: no logró integrar los diversos sistemas de transporte ni consolidar una tarjeta única, y ha sido incapaz de fiscalizar adecuadamente, permitiendo que miles de unidades circulen sin revisión técnica”. Además, según el proyecto, la desconexión operativa, sumada al deterioro de la infraestructura y la pérdida de legitimidad política, “refuerzan los argumentos para su derogación”.
La iniciativa ha encendido el debate sobre el modelo de gobernanza del transporte en la capital, en medio de una ciudad colapsada por la congestión, la informalidad y la superposición de autoridades. ¿Puede la descentralización mejorar el servicio o representa un retroceso frente al intento de integrar un sistema metropolitano unificado?
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Para Martín Ojeda, presidente de la Cámara Internacional de la Industria del Transporte (CIT), la ATU no debe ser desactivada, sino fortalecida.
“Hay que reforzar la ATU, no destrozarla y extinguirla”, dijo a Gestión. Recordó que la gestión común entre Lima y Callao antes de la creación de la ATU fue un fracaso, porque “ni las municipalidades respetaron la ley marco” y primaron criterios políticos por encima de los técnicos.
Ojeda cuestionó que algunos congresistas intenten transformar la reforma en un sistema caótico que favorezca el transporte informal.
“Desactivar a la ATU es perjudicar la lucha contra el transporte ilegal”, dijo, y acusó a las municipalidades de haber originado el sistema comisionista, que alquila rutas sin control y genera desorden.
“Ahora desaparece la ATU, que ya viene siendo flagelada por sistemas políticos al tener en menos de un año y medio hasta cuatro presidentes y un directorio. Peor va a ser ahora que se lo pasen a instituciones lentas, paquidérmicas, burocráticas y politizadas”, sentenció.
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Desde otra perspectiva, Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, considera que el proyecto responde a intereses políticos más que técnicos.
“Lo que ha heredado la ATU es precisamente el caótico, desordenado, colapsado transporte urbano a cargo de empresas afiliadoras”, explicó a Gestión.
Según Quispe, desde los años noventa, las municipalidades permitieron que empresas de transporte operen sin vehículos propios, alquilando rutas a conductores independientes.
“Se han hecho millonarios sin ningún esfuerzo, con una mirada cómplice de la autoridad municipal”, denunció.
También recordó que el sistema de corredores complementarios impulsado por la gestión de Susana Villarán fue un fracaso por falta de infraestructura y planificación.
Corredor azul. Foto ATU
“Deberían haber 5,000 buses en los corredores complementarios, y solo hay 785. Deberían haber nueve corredores segregados en el Metropolitano, y solo hay uno”, apuntó.
Si bien Quispe criticó la lentitud de la ATU en implementar la reforma, defendió que la solución debe pasar por un nuevo modelo: una asociación público-privada que adquiera 10,000 buses eléctricos nuevos en tres años, financiados por el Estado y operadores privados.
“Con eso y otros 5,000 buses aportados por empresas privadas con flota moderna, se puede implementar el sistema integrado que Lima necesita”, afirmó.
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A estas voces se sumó Alfonso Flores, gerente general de la fundación Transitemos, quien dijo a Gestión que la creación de una autoridad única fue recomendación de expertos internacionales desde hace más de una década.
“En 2014 trabajamos con el Gobierno Británico y el profesor Nick Tyler en una hoja de ruta para el transporte en Lima y Callao, y la primera recomendación fue crear la Autoridad Única de Transporte”, comentó.
Flores subrayó que Lima y Callao arrastran más de 80 años de atraso en transporte público y que revertir la situación requiere visión de largo plazo.
“La ATU recién tiene cinco años de operación, con pandemia en el medio y cinco presidentes. Le exigen que, cual hada madrina con varita mágica, solucione todos los problemas”, ironizó.
Destacó que recién en diciembre de 2024 se concluyó el Plan de Movilidad al 2040 y que recién se han aprobado títulos habilitantes para renovar flota.
“Claro que falta mucho, pero necesitamos pronunciarnos en favor del respeto por la institucionalidad y darle todo el apoyo necesario para su sostenibilidad y desarrollo”, concluyó.
Escribo sobre política, economía y afines. Periodista con nueve años de experiencia en prensa escrita, radio y televisión.
