La Comisión de Justicia del Congreso de la República de Perú no concluyó el debate sobre el dictamen que busca imponer restricciones a la participación del sector privado en el sistema portuario peruano.
El debate del proyecto fue programado para la mañana de este miércoles, pero, tras desacuerdos entre los congresistas con ciertos puntos del dictamen, se decidió no proceder con la votación y pasar a un cuarto intermedio. Es decir, aún sigue “en carrera” para avanzar en el Parlamento.
Este texto ha causado preocupación entre distintos gremios empresariales. Por ejemplo, ComexPerú envió un comunicado pidiendo “la no estatización de puertos”.
“Rechazamos el Proyecto de Ley N.º 9778/2024-CR, de la bancada de Perú Libre, que propone limitar la participación privada en la administración de los terminales portuarios del país y otorgar el control mayoritario al Estado (...) Esta iniciativa no solo representa un grave riesgo para el desarrollo del sistema portuario nacional, sino que amenaza con desmantelar uno de los sectores más eficientes y modernos de nuestra infraestructura logística”, remarcó.
Además, la Cámara de Comercio de Lima (CCL), también ha rechazado la propuesta y ha pedido al Congreso también rechace la posibilidad de incrementar el control estatal.
“(...) es totalmente innecesario, debilita la institucionalidad, entorpece la operatividad portuaria y socava los pilares sobre los cuales se viene construyendo el proceso logístico del país”, comunicó la CCL.
Pero, en concreto, ¿qué pretende el texto?
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¿Qué implicaría el dictamen que busca limitar al privado en los puertos?
La iniciativa, que modificaría la Ley del Sistema Portuario Nacional (Ley N° 27943), establece que el sector privado no podrá administrar en su totalidad ninguna infraestructura portuaria. En su lugar, el Estado mantendría el control predominante.
De esta forma, los privados podrán asociarse al Estado, limitando su intervención a un máximo del 40% de participación y por un periodo de diez años, prorrogables por única vez.
Entre las modalidades que estarían permitidas se incluyen contratos de concesión, arrendamiento, gerencia, riesgo compartido, contratos societarios, entre otros.
Se crearía unidad de fiscalización en los puertos de Perú
El dictamen también incorpora la creación de la Unidad de Fiscalización y Control de Salidas en los terminales portuarios.
Esta unidad estaría a cargo del pesaje e identificación de materias primas y metales, en coordinación con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), y establecerá laboratorios químicos dentro de los puertos.
La normativa prohíbe la salida de estos cargamentos sin la conformidad del fiscalizador portuario y restringe su despacho durante las noches -entre las 18:00 p.m. y las 06:00 a.m.-, bajo sanciones administrativas y penales.
En ese sentido, se propone modificar el artículo 310-B del Código Penal, incluyendo una pena de entre seis y doce años de prisión para quienes permitan la salida de cargamentos sin la autorización correspondiente o fuera del horario permitido.
Rechazo a la medida que limita participación del privado en puertos
Previo al debate del dictamen, no solo ComexPerú o la CCL se habían mostrado en contra.
A través de un comunicado, la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) alertó que la norma busca “estatizar” la actividad portuaria, lo que generaría un grave retroceso frente a lo logrado en las últimas dos décadas.
“Modificar arbitrariamente las reglas del juego vulnera contratos de concesión vigentes, ahuyenta nuevas inversiones y puede generar controversias legales que afecten la credibilidad del país”, sostienen.
Según el gremio, la inversión privada ha permitido duplicar la capacidad de carga de contenedores respecto a 2011, se han ejecutado más de US$ 2,300 millones en inversiones portuarias y se han creado cerca de 50 mil empleos directos e indirectos.
