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Desde que asumió funciones, el Ejecutivo ha presentado un total de 70 proyectos de ley al Congreso, los cuales tienen varios objetivos, entre ellos, modificar la postulación a cargos de confianza en el Estado, realizar cambios al Fondo de la Compensación Social Eléctrica (FOSE), así como evitar que funcionarios pasen a trabajar a empresas privadas o viceversa, situación denominada “puerta giratoria”. Pese a ello, solo 9 proyectos han sido aprobados por el Parlamento.
Al respecto, la mayoría de aquellas que fueron aprobadas tienen poco efecto sobre la población general, como aquellas que autorizan el ingreso de naves al país o acuerdos entre países. En ese sentido, el único proyecto aprobado -pero sólo parcialmente respecto de lo solicitado por el Ejecutivo- es el que otorga facultades legislativas en materia tributaria y otros temas, al Gobierno.
Adicionalmente, 33 de los proyectos siguen en comisión, 1 ya fue archivado y 27 cuentan con dictámenes y están en el pleno. Pero, ¿qué busca el Ejecutivo?
Las modificaciones
Uno de los proyectos presentados por el Ejecutivo con carácter de urgente es aquel que modifica el acceso a altos puestos en el Poder Ejecutivo. Se busca que las personas sobre las cuales recaiga una acusación penal de delitos de varios tipos -incluyendo los de organización criminal, lavado de activos, colusión y corrupción de funcionarios- no puedan postular a cargos de elección popular.
Asimismo, se propone que dichas personas no puedan ser ministros, miembros del Tribunal Constitucional, de la Junta Nacional de Justicia, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Jueces o fiscales supremos. Cabe mencionar que expertos han señalado que medidas que buscan crear prohibiciones para personas en base a acusaciones o sentencias en primera instancia son inconstitucionales, dado que vulnera el principio de la presunción de inocencia.
Otro proyecto de importancia es el que busca ampliar la base de los contribuyentes al FOSE a fin de incrementar los ingresos de dicho fondo y, con ello, reducir el monto de los recibos de electricidad en favor de las “familias más vulnerables”, modificando así el subsidio cruzado vigente.
De igual manera, se busca modificar la institución del notariado, a efectos de que el Ejecutivo pueda decidir que postulantes serán los nuevos notarios así como ampliar cuantos notarios habrán a nivel nacional. A ello suma el proyecto que busca masificar el gas natural en el país, para lo cual se propone “nivelar los precios finales del este combustible para los usuarios del servicio de distribución de gas natural”. Gestión intentó comunicarse con representantes de las Comisiones en las cuales se encuentran dichos proyectos, pero no obtuvimos respuesta.
Focalización
El economista de la Escuela de Dirección Universidad de Piura (PAD), Juan José Marthans, cuestionó el proyecto que busca reducir las tarifas eléctricas vía el FOSE, pues dijo que actualmente ya existe una base establecida de beneficiarios. Así, dijo que para darse la ampliación de beneficiarios debe identificarse los criterios, contexto y temporalidad de la medida.
“Si es que no identificamos y focalizamos la ampliación, eso podría generar más dudas con respecto al alcance, tendría un propósito asistencialista y eso es lo que se quiere evitar hoy en día. El sector eléctrico ya dispone de varios fondos que tienen carácter social”, sostuvo.
Respecto a la iniciativa que busca nivelar los precios finales del gas natural, el economista dijo que toda propuesta de del Estado que afecte el esquema de precios debe ser evaluada con cuidado debido a que no se puede volver a mecanismos de subvención extremos que no tendrán sustentabilidad a mediano y largo plazo.
Según indicó, Perú tiene una larga data respecto a las subvenciones que no han sido sostenibles y que han generado ‘forados’ en el ámbito fiscal.
Mayor evaluación
Por su parte, Carlos Casas, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de la UP, se refirió al proyecto que busca impedir el acceso a altos puestos en el Poder Ejecutivo a quienes tengan alguna acusación penal por varios delitos.
Según dijo, esta propuesta no es del todo negativa, sin embargo, consideró que se tendría que evaluar en qué estado se encuentra ese delito, el cual impide postular al cargo.
“Hay dos escenarios, personas que han hecho mal las cosas y postulan para tener inmunidad. Pero de otro lado, por tratar de evitar eso, se puede terminar perjudicando a otras personas que están en un juicio y al final son inocentes. A veces los justos pagan por pecadores”, apuntó.
En cuanto a la propuesta que busca evitar la “puerta giratoria”, el también exviceministro de Economía señaló que esta figura no es una mala práctica.
El problema, precisa, se da cuando llegan con una agenda a trabajar ya sea en el sector público o privado.
“Es cierto que hay algunos que han abusado de la puerta giratoria, van y vienen, pero no veo problemas mientras no haya un favorecimiento cuando está en el sector público y ve sus temas previos (cuando estaba en el sector privado)”, dijo.
Cabe mencionar que la última semana el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima identificó 9 proyectos de ley que afectarían la estabilidad y la recuperación del país.
Entre algunos de los proyectos figura el que plantea la suspensión por 24 meses del pago de deudas crediticias de consumo, personales, vehiculares, hipotecarias y créditos MYPES; así como la iniciativa que establece los criterios para la evaluación y reajuste de la Remuneración Mínima Vital (RMV) y su periodicidad.
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