A octubre de este año, hay 18,022 proyectos con ejecución cero —un 30% del total— alerta el Consejo Privado de Competitividad: 999 pertenecen al gobierno nacional; 15,359 a los gobiernos locales y 1,644, a los regionales. ¿Qué consecuencias trae la ineficiencia del gasto?
A detalle, en el gobierno nacional se acumulan proyectos con cero ejecución que gozan de un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de S/ 1,314 millones; mientras que en gobiernos locales, su PIM es de S/ 3,810 millones.
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En tanto, los gobiernos regionales tienen un PIM de S/ 623 millones en proyectos con ejecución cero. Huánuco y La Libertad son las regiones con 2 proyectos estancados.
Graciela Muñiz, economista del CPC, advierte que a menos de dos meses de culminar el año fiscal, la ejecución de proyectos de inversión pública vuelve a mostrar un desempeño rezagado.
Estima que a octubre el promedio de ejecución es del 64%, lo que anticipa que al cierre de este 2025, no se lograría superar el 81% (el nivel más alto registrado en los últimos años).
“En general, los proyectos de inversión tienen una baja ejecución en promedio. El año pasado se alcanzó el 81% a nivel nacional, y en años previos fue incluso menor: 75% o 71%, incluso (...) por más que se aceleren obras al final, ya no se repara el proceso ineficiente de los meses previos”, comenta a Gestión.
Se necesitan mejoras en la gestión del gasto para impulsar proyectos clave y atender demandas sociales. Foto: referencial / difusión
Muñiz prevé que el 20% que no se logrará ejecutar implica unos S/ 14,000 millones que no se materializarán en proyectos claves para el cierre de brechas de infraestructura y servicios públicos.
“Se asignan recursos a finalidades que no tienen capacidad de ejecución. Es dinero que se queda congelado en proyectos importantes que no avanzan”, añade.
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Según la economista, los sectores más afectados por la baja ejecución son salud, educación, transporte y saneamiento. Al no haber el destrabe de obras como hospitales, centros médicos, vías departamentales y sistemas de agua y saneamiento, se agiganta la precariedad en los peruanos que más lo necesitan.
Por otro lado, advierte la CPC que existen 24,425 proyectos sin continuidad presupuestal, así como otros 25,731 incorporados en todos los niveles de gobierno, lo que demuestra —considerando también los 18,022 proyectos con ejecución cero— la fragmentación en la gestión de los proyectos de inversión pública.
“Mejorar la capacidad de gestión del gasto es elemental para llegar a obras reales que ayuden a la población. No es sensato en este contexto de presiones fiscales y demandas sociales crecientes que haya tan baja ejecución de la inversión pública”, anota.
¿Cuáles son los principales proyectos estancados?
A nivel del gobierno nacional:
- Reposición de la Aeronave AN 328 - PNP 234 (S/ 252 millones)
- Mejoramiento del servicio de control de disturbios civiles a nivel nacional (S/ 211 millones)
- Adquisición de hardware general en la Sunat para servicios de San Isidro, Lima (S/ 37 millones)
- Adquisición de camionetas y motocicletas en comisarías de Lima Metropolitana (S/ 31 millones)
Mientras que en gobiernos locales:
- Mejoramiento del servicio de movilidad urbana en eje vial y área recreativa del Circuito de Playas en San Miguel, Lima (S/ 84 millones)
- Mejoramiento del camino vecinal en cuatro distritos de San Marcos, Cajamarca (S/ 49 millones)
- Mejoramiento de caminos vecinales en la provincia de Santa Cruz, Cajamarca (S/ 28 millones)
Y, en gobiernos regionales:
- Mejoramiento de los servicios de educación secundaria y primaria en la IE Fermín Tanguis de Ica (S/ 29 millones)
- Mejoramiento y ampliación del servicio de agua para el sistema de riego en Piedra Hermosa, Huaytara, Huancavelica (S/ 21 millones)
- Adquisición de equipo de protección personal de primera respuesta, combate de incendio estructural y kit de rescate vehicular para el Cuerpo General de Bomberos en Bellavista, Callao (S/ 17 millones)
Además, desde la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCI) alertan que la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) afronta un grave déficit presupuestal desde este año hasta 2027.
Dicha falta de recursos generó la paralización inmediata de 22 proyectos a nivel nacional, entre las que se encuentran:
- Obras críticas de defensas ribereñas en los ríos Olmos y Zaña (Lambayeque, por S/ 1,200 millones) y en Motupe y La Leche (Lambayeque, con una deuda de S/ 70 millones)
- Valorizaciones vencidas y trabajos ejecutados no cancelados que afectan a contratistas y subcontratistas, ya que tuvieron que despedir personal. Ejemplo: retención de S/ 34 millones en la defensa ribereña del río Matagente (Ica).
- Suspensión del suministro e instalación del equipo biomédico en el Hospital Provincial de Cascas II-1 (La Libertad) y el hospital de Apoyo Recuay II (Áncash)
- Esta inestabilidad jurídica e incumplimiento de plazos contractuales podría generar arbitrajes contra el Estado y mermar la confianza de los inversionistas.
En años preelectorales, como el actual, la ejecución se prioriza en función de beneficios electorales, favoreciendo obras que pueden mostrarse como logros de gestión o apoyo a futuros candidatos, según Odar. Foto: difusión
El factor político detrás de las obras paralizadas
Según el director de Phase Consultores, Juan Carlos Odar, muchos proyectos no son ejecutados porque no representan un rédito político o visibilidad suficiente para alcaldes o gobernadores, por lo que suelen postergarse o abandonarse.
No obstante, sostiene que en años preelectorales, la ejecución se prioriza “en función de beneficios” que favorecerían obras que puedan mostrarse como logros de gestión o respaldo a futuros aspirantes a un cargo político.
“Otro elemento estructural es la aceleración artificial del gasto hacia fin de año. Entre noviembre y diciembre algunas entidades ejecutan más del 40% de su presupuesto y solo diciembre, puede representar hasta una cuarta parte del gasto anual”, comenta a este diario.
Pese a ello —puntualiza Odar— dicha ejecución no implica la culminación efectiva de las obras, sino solo el registro de su inicio para evitar devolver fondos al Tesoro Público.
Periodista con más de 5 años de experiencia en la cobertura de coyuntura económica e informes especiales en prensa escrita y digital.
