La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aprobó un dictamen que acumula los proyectos de ley N.º 10285/2024-CR y 10526/2024-CR, los cuales buscan obligar a las empresas operadoras y comercializadoras de celulares a habilitar la función de radio FM en los dispositivos móviles que ya cuenten con esta capacidad. Además, exige que todos los nuevos equipos la traigan activada de fábrica.
El objetivo, según la exposición de motivos, es garantizar el acceso a información en situaciones de emergencia, como sismos, lluvias intensas o huaicos, cuando pueden fallar los sistemas de telefonía o internet.
Se propone que esta medida forme parte de un Sistema Nacional de Alerta Multicanal (SNAM), que también incluye el envío de alertas por mensajes de texto, aplicaciones móviles, redes sociales, e interrupciones obligatorias en radio y televisión.
El texto sustitutorio dispone que las empresas que incumplan con habilitar la radio FM —siendo técnicamente posible— podrán recibir multas por faltas graves o leves por parte de OSIPTEL.
Además, se establece la posibilidad de aplicar sanciones adicionales a los medios de comunicación que no participen del sistema de alertas e, incluso, la prohibición de venta para modelos que no cumplan con la medida.
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AFIN: “La mayoría de celulares no tiene radio FM”
En conversación con Gestión, Juan Rivadeneyra, presidente del Comité de Telecomunicaciones de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), cuestionó la viabilidad técnica del proyecto.
Señaló que más del 50% del parque de celulares en Perú no cuenta con chip de radio FM habilitado, lo que haría inviable su activación posterior.
“Los fabricantes internacionales no desarrollan modelos específicos para cada país. No se puede exigir a las operadoras que activen una función que simplemente no existe en muchos equipos, como ocurre con los iPhone”, indicó.
Agregó que exigir que todos los nuevos modelos vengan con esta función podría restringir la oferta del mercado y excluir a marcas ampliamente usadas, afectando la libre elección de los consumidores.
Posible incremento de precios y menor acceso
AFIN también advirtió que la aprobación de esta propuesta encarecería los celulares. Esto se debe a que las empresas tendrían que restringir su portafolio solo a aquellos equipos que cumplan con los nuevos requisitos, reduciendo la competencia y disponibilidad.
“El propio análisis costo-beneficio del predictamen reconoce que los precios van a subir. Esto afecta directamente al consumidor final”, comentó Rivadeneyra.
Además, criticó que se busque imponer la responsabilidad de esta medida a las operadoras, cuando estas no son fabricantes de equipos, ni pueden exigir modificaciones a nivel global de hardware.
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Confusión sobre su uso en emergencias
Uno de los principales argumentos del dictamen es que la radio FM en celulares permitiría mantener informada a la ciudadanía en situaciones de emergencia.
Sin embargo, Rivadeneyra señaló que esto podría generar falsas expectativas, ya que la funcionalidad depende de la batería del celular y del acceso a energía eléctrica para recargarlo.
“En emergencias, lo que realmente funciona es la radio a pilas. No se puede afirmar que tener radio FM en el celular garantizará estar comunicados si no hay forma de cargar el equipo. Son mensajes que pueden confundir a la población”, indicó.
El dictamen también plantea que las operadoras deben garantizar 72 horas de continuidad del servicio después de un desastre. A juicio de AFIN, esta medida no toma en cuenta la realidad de la infraestructura, ya que muchas interrupciones se deben a fallos en la red eléctrica o daños físicos como cortes de fibra óptica.
“No existe ningún país que garantice 72 horas continuas de servicio comercial luego de un sismo. Esta medida genera un estándar imposible de cumplir incluso en países con mayor infraestructura”, advirtió.
Sanciones y transferencia de responsabilidades
Por último, Rivadeneyra cuestionó que el proyecto establezca sanciones que podrían llegar a 10,000 UIT, lo que considera desproporcionado. “Se están mezclando funciones y trasladando responsabilidades del Estado hacia el sector privado, sin una evaluación técnica previa ni diálogo multisectorial”, afirmó.
La AFIN exhortó al Congreso a abrir una mesa técnica de discusión que permita evaluar soluciones viables para mejorar los sistemas de comunicación de emergencia, sin generar distorsiones en el mercado ni desinformación entre los ciudadanos.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
