La Comisión de Economía del Congreso de la República de Perú aprobó la insistencia del dictamen que plantea una reforma a la “Ley que regula la promoción de la inversión privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) y Proyectos en Activos (AP)”. Sin embargo, se allanaron a algunas observaciones del Gobierno peruano.
Se trata de la autógrafa recaída en los proyectos de ley 10512/2024-CR y 10752/2024-CR, que busca potenciar la rectoría de ProInversión. La propuesta fue validada por 18 congresistas y obtuvo solo dos votos en contra.
En la previa, el Poder Ejecutivo había planteado 21 observaciones a lo aprobado por el pleno del Congreso.
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Algunas de estas giraban alrededor de que la autógrafa vulnera la competencia del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para contar con herramientas de gestión al eliminar la figura del “OEGEP” (Órgano de Gestión de Proyectos); que genera que ProInversión sea juez y parte de las normas APP al ser rector y ejecutor de proyectos, y la duda del presupuesto con el que ProInversión asumirá los compromisos para las APP como entidad titular de proyectos.
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Ilich López, presidente de la Comisión de Economía del Parlamento, señaló que algunas de las observaciones realizadas por el Ejecutivo “son falsas” o “incorrectas”.
Así, mencionó que la observación de quitarle competencias al MTC no tiene asidero, pues los efectos de la reforma a las APP no son de aplicación en contratos vigentes. “Esto, salvo se acuerde lo contrario”, mencionó la mañana de este miércoles 11 de junio.
También sostuvo que el dictamen plantea que se establecerá regulación en algunos supuestos para darle mayor celeridad a la ejecución de proyectos.
Indicó que es falso que la autógrafa no aborde una reforma a la normativa para liberar predios e interferencias (Decreto Legislativo 1192). Lo sustentó en que esta regulación “se realiza en su ley especial al ser un tema transversal”.
López añadió su crítica a la observación de que ProInversión será “juez y parte” al señalar que el objetivo de la reforma es la “implementación de políticas públicas”.
A su turno, Rosangela Barbarán (Fuerza Popular), vicepresidenta de la mesa de trabajo, destacó el empoderamiento de ProInversión, al brindarle la titularidad de proyectos, pero con algunos matices.
“Lo bueno hay que hacerlo, repetirlo y aplaudirlo. ProInversión es una de las pocas áreas del Ejecutivo que funciona súper bien. Vemos los incrementos de obras [que estuvieron a su cargo]. Lo que busca esta reforma es dinamizar, en todo sentido, que los proyectos que ejecuta ProInversión vean la luz”, mencionó.
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“Cuando le hacíamos seguimiento a un proyecto, nos decían que estaban esperando que el área correspondiente haga una verificación. [El proyecto] se va al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), pero no hay claridad de quién revisa y, luego, regresa a ProInversión y, hasta eso, pueden tardarse varios meses”, complementó, detallando sobre la problemática que se atiende.
En la sesión, también fue Barbarán la encargada de precisar las observaciones a las que se allanará lo aprobado.
El primero es que ProInversión asumirá, “de forma gradual”, el rol de entidad titular de los proyectos. Con esto, se busca tener una mayor especialización técnica y gestión eficiente, “sin perder el control de la soberanía de los contratos”.
Otro punto al que se allanarán, detalló, es el fortalecimiento del rol rector del MEF, dotándole de capacidad interpretativa vinculada para “asegurar que toda inversión se oriente al bienestar de las personas”.
Barbarán agregó que se han precisado funciones claves de las entidades, como ProInversión y comités especiales, reforzando la “gobernanza y la rendición de cuentas”.
“ProInversión ha demostrado ser un buen ejecutor de obras y en un menor plazo. El MEF no puede ser una traba”, puntualizó.
