La Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) se pronunció sobre la descentralización y la formalización de la minería, en el marco de la Ley 32213. Al respecto, aseguró que es inconstitucional quitarle competencias a las autoridades de cada región.
Mediante un comunicado oficial, el grupo de trabajo enlistó sus perspectivas y catalogó esta iniciativa legislativa como un “desmantelamiento” del proceso de descentralización del rubro.
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Proceso de transferencia al Minem
La ANGR rechazó, en esa línea, la recentralización de las funciones al recortar competencias a los Gobierno Regionales en materia de minería.
“Atenta contra el artículo 188 de la Constitución política del Perú, que establece la descentralización como política permanente del Estado y como proceso obligatorio”, se puede leer en la misiva.
Asimismo, exhortó a los Gobiernos Regionales a no seguir con el proceso de transferencia al Ministerio de Energía y Minas (Minem).
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En favor de una ley Mape oportuna
La ANGR exigió que los Órganos Públicos Desconcentrados (OPD) vinculados a la actividad minera “sean transferidos a los Gobiernos Regionales en coherencia con los principios de descentralización, subsidiariedad, eficiencia y fortalecimiento de capacidades regionales”.
Solicitó, así, la inmediata derogatoria de la ley 32213 y de su reglamento aprobado “por vulnerar la autonomía de los Gobiernos Regionales”.
Su fin, recalca, es impulsar una ley Mape “integral, viable y socialmente legítima”.
