El 2024 cierra el año con un total de 84,358 inscripciones al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Al 26 de diciembre, de dicho total, 18,454 tienen la condición de vigente, equivalente a solo un 21.8%, de acuerdo con información gubernamental.
La culminación del año también es relevante para este rubro porque estaba pendiente que se defina su ampliación. Atendiendo que la segunda extensión del Reinfo terminaba este 31 de diciembre, el Congreso de la República aprobó una tercera ampliación por seis meses más y otro período adicional a solicitud del Ejecutivo. En la teoría, un año más de este esquema, acusado por diferentes expertos como un “camuflaje legal” para el avance de la minería ilegal.
La ampliación responde a que se pueda elaborar una nueva propuesta de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal (Ley MAPE).
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Finalmente, y en paralelo a que gremios de mineros informales dieron a conocer que empezarían a realizar diferentes bloqueos, el Gobierno promulgó la ley 32213, que establece la rectoría y la ampliación del plazo de los procesos del Reinfo.
Reinfo desagregado
El grueso de los inscritos en el Reinfo, casi cuatro de cada cinco, lo tiene suspendido. Desde el propio Minem se precisa que, para el levantamiento de esta condición, “el administrado deberá cumplir con cada uno de los siguientes requisitos”.
- Presentar los aspectos correctivo y preventivo del IGAFOM, ante la Dirección Regional de Energía y Minas competente o quien haga sus veces, respecto de cada una de las actividades mineras inscritas en el Reinfo. Esto se realiza por el sistema de Ventanilla Única de Formalización.
- Contar con la inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en situación de activo, en renta de tercera categoría y actividad económica de minería.
- Solicitar la inscripción en el Registro para el Control de Bienes Fiscalizados, en caso de actividad de beneficio y cuando corresponda.
- Declarar su producción de forma semestral respecto de cada una de las actividades mineras inscritas en el Reinfo.
La región que registra la mayor cifra de inscripciones al Reinfo es Arequipa (16241), que agrupa casi el 20% del total. Está seguida de Puno (12,107, un 15% del total), Madre de Dios (9,004), Ayacucho (7,764) y Apurímac (7,317). Las que tienen menores cifras de inscritos son Callao (23), Ucayali (86) y Loreto (132).
Manteniendo la tendencia a nivel nacional, Arequipa cuenta solo con 3,780 registros vigentes (23% de su total); mientras que Puno, 3,894 (un 32% de su total); y Madre de Dios, 1,720 (un 19% de su total).
Observaciones
Juan Carlos Ortiz, vicepresidente del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), señaló que esta nueva ampliación no solo significa continuar con el problema de la minería ilegal, sino que permite su crecimiento.
Ortiz observó que, en paralelo a la extensión del Reinfo, se vienen impulsando propuestas para efectuar modificaciones a la ley orgánica de la pequeña minería, con el fin de otorgarle mayores poderes y facultades a la informalidad. “Recordemos que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) se retiró de una mesa de trabajo en el Congreso que trabajaba una propuesta ante este tema”, señaló.
Para Ortiz, se debe plantear un esquema en el que se acelere el proceso de formalización de quienes lo buscan y sancionar con mayor drasticidad a quienes no.
Dante Vera Miller, director fundador de V&C Analistas y especialista en temas de economías ilegales, señaló que este problema alrededor de la minería se resolverá cuando empiece a ponerse el foco sobre los contratos de explotación.
“La traba de la formalización minera está allí. Así amplíen por 10 años el Reinfo, si no se resuelve esta cuestión no se avanzará en la formalización de la pequeña y artesanal minería”, comentó.
Vera Miller precisó que la realidad de los contratos de explotación es que el 92% de los mineros informales no tienen títulos de derechos mineros. “Es decir, no tienen concesiones y ocupan y explotan recursos mineros de concesiones de terceros. El problema está en que la ley de formalización aceptó esa realidad, los calificó de informales, no de ilegales, y les dio un plazo para superar esa situación mediante la firma del contrato de explotación que ha resultado un imposible”, complementó el especialista.
Vera Miller sumó que abordar este escenario es complicado porque hay de por medio intereses en juego y relaciones de poder en el control del territorio y los recursos. Esta situación es más compleja, en la actualidad, por los precios récord del oro y del cobre.
El especialista precisó que, en 1993, se logró un consenso sobre la explotación de los recursos minerales, lo cual fue expresado en la Constitución y en la Ley General de Minería bajo el título de “régimen de concesiones”.
“Cualquier modificación en ese artículo supone un cambio constitucional que requiere una mayoría calificada y doble votación [en el Congreso de la República] y eso supone una correlación política de fuerzas que sin duda se expresará en la campaña electoral”, puntualizó.
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Para Vera Miller, debe empezar a identificarse diversas situaciones, tipo de propietarios, posesionarios del terreno superficial, entre otros diferentes escenarios de los titulares de los derechos mineros o concesionarios, de la pequeña minería y la artesanal que ocupan y explotan el recurso minero de la concesión de un tercero y también acuerdos existentes entre el concesionario y el minero informal.
“Si diseccionamos esa realidad podremos comenzar a figurar alternativas de solución sea en el marco normativo vigente o sea mediante un acuerdo político que conlleve a modificaciones en ese marco normativo”, puntualizó.
La relevancia de empezar a actuar, mencionó, está en que el Reinfo se convirtió en un detente de la minería ilegal por el beneficio de “exención de la responsabilidad penal” que debe ser derogada.
A su turno, el vicepresidente del IIMP resaltó que, de cualquier manera, se tiene que derogar artículos de la normativa del Reinfo que impide abrir procesos de investigación penal a quienes corresponda y dejar de cubrirlos con su permanencia en esta categoría.
“Esto es como si manejaras sin breve, chocas, matas y no te pueden sancionar porque estás en un proceso de inscripción”, ejemplificó Ortiz.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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