
Este 30 de junio vence la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), usado como un camuflaje para el avance impune de la minería ilegal. Sin embargo, el Gobierno cuenta con la opción de ampliarlo hasta por seis meses más, ante la ausencia de una nueva normativa para el desarrollo de la pequeña y artesanal minería.
En este contexto, el titular de la Presidencia de Consejo de Ministros (PCM), Eduardo Arana, adelantó que la vigencia del Reinfo se extendería, pero no sería manteniendo su status quo.
“El Gobierno asegura que no existirá una prórroga indiscriminada del Reinfo. Junto a ello, se procederá a fiscalizar minuciosamente el mal uso de este registro de mineros en vías de formalización, procediendo a su exclusión inmediata en caso de detectarse cualquier anomalía”, apuntó ante el Pleno del Congreso, en el marco del voto de confianza, la mañana de este jueves 12 de junio.
Siguiendo esta línea, Arana mencionó que los inscritos en el Reinfo con condición suspendida tienen hasta inicios de julio para subsanarlo o serán excluidos.
De los actuales 86 mil inscritos en el Reinfo, 65 mil están suspendidos. En base a este escenario, se estima la exclusión de más de 40 mil.
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“En la actualidad, existen 86 mil Reinfo, de los cuales 65 mil se encuentran suspendidos y tienen plazo para regularizar hasta el 5 de julio próximo, al término del cual se proyecta alcanzar más de 40 mil exclusiones a nivel nacional”, precisó.
Estos se sumarían a un total de 1,425 inscripciones de Reinfo revocadas, a partir de acciones de supervisión en diversos distritos de la provincia de Pataz (La Libertad), donde se vio una escalada significativa de la violencia.
“Teniendo en cuenta el empleo inadecuado que se ha dado respecto del Reinfo, se dieron medidas concretas para depurar el mismo”, agregó.
Arana también anotó que, entre el 2022 y el 2025, la UIF ha emitido 161 informes, en los cuales se identifican movimientos financieros sospechosos por un monto aproximado de US$ 2,804 millones, de los cuales US$ 2,248 millones (el 80% del total) estarían directamente vinculados a actividades de minería ilegal.
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