La Comisión de Energía y Minas del Congreso, presidida por Victor Cutipa (JPP - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial), aprobó el dictamen que contempla la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta fines del 2027, en una accidentada sesión la tarde de este martes 18 de noviembre.
La votación obtuvo el respaldo de 17 congresistas, tres oposiciones y una abstención.
Además de la ampliación del Reinfo, se sometieron a votación otros puntos claves en el marco del proceso de formalización minera, como mantener excluidos a más de 50,000 mineros que, aún con este registro, presentaron inactividad en su formalización por un año o más.
Inicialmente, el texto establecía, en una disposición complementaria transitoria, la reincorporación excepcional al proceso de formalización minera integral de todo este grupo. La única condición era “que acrediten el desarrollo efectivo de actividad minera y manifiesten formalmente su voluntad de cumplir con las obligaciones técnicas, ambientales y administrativas correspondientes”.
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Esto se concretaría a partir de algunos “criterios técnicos y objetivos” que establezca el Ministerio de Energía y Minas (Minem). Asimismo, se fijaría un “procedimiento para la evaluación de los reclamos o solicitudes” que puedan presentarse. Para evaluarlo, el Minem tendría un plazo máximo de 60 días calendarios.
Sin embargo, a solicitud de la congresista Patricia Juárez (Fuerza Popular), se realizó una “mejor redacción”, a fin de eliminar “impresiones de una reincorporación automática”.
“[El Minem realiza estas evaluaciones] a fin de identificar a las personas naturales o jurídicas afectadas e implementar las medidas correctivas correspondientes para una reincorporación excepcional, considerando el cumplimiento de los requisitos legales y la verificación efectiva del desarrollo de actividad minera”, propuso como ajuste.
En la sesión, no obstante, hubo cierta confusión sobre el apartado relacionado a la reincorporación de los excluidos. Juárez consultó al relator si se eliminaba el párrafo que daba a entender una reincorporación automática. Al respecto, y en un cierre ajetreado del debate para pasar a la votación, Cutipa, presidente de la comisión, precisó: “una mejora de redacción es”.
Para comprobarlo, Gestión consultó con fuentes en la comisión sobre el texto sustitutorio que finalmente pasará a su debate en el Pleno, pero no se obtuvo novedades al cierre de esta edición.
Enseguida a los resultados de la votación, a las afueras del Legislativo y junto a decenas de mineros que ocupaban la Av. Abancay, Máximo Franco Bequer, presidente de la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal (Confemin), destacó que lo aprobado “no es solo una ampliación”, sino que también considera la reincorporación de los más de 50,000 mineros excluidos.
“Gran parte de este grupo fueron indebidamente apartados. Esos 50,000 van a ingresar a procesos de solicitudes porque fueron expulsados indebidamente”, refirió a Canal N.
Decenas de mineros celebraron el avance de una nueva prórroga del Reinfo en el exterior del Congreso. (Foto: Antonio Melgarejo / @photo.gec)
En diálogo con Gestión, Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de esta comisión, presentó la sensación de confusión generalizada en el grupo legislativo por cómo terminó la votación. También consideró una irresponsabilidad que se haya aprobado “con cargo a redacción”.
“Los mineros excluidos ahora tienen una nueva oportunidad [de retomar operaciones] que se suma a la reconsideración por su exclusión que pudieron presentar de julio último en adelante”, cuestionó.
Gonzales también se mostró escéptica sobre los “candados” que pueda establecer el Minem para evaluar las reincorporaciones de los registros apartados. Recordó que el 90% de excluidos presentó tener una suspensión de cuatro años a más: hablamos de alrededor de 45,000.
Otro apartado donde se hicieron ajustes, también a solicitud de Juárez, fue para suspender temporalmente la tramitación e inicio de los procedimientos administrativos de exclusión del Reinfo. En detalle, se precisó que esta suspensión “no es aplicable a los administrados que cuenten con sentencia condenatoria firme por delito de minería ilegal, lavado de activos o trata de personas de aquellos que realicen actividades ilegales”.
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Nicolás Besich, coordinador general de Videnza Instituto, apuntó que los 50,560 registros excluidos no representan igual número de personas o empresas, pues existen titulares que registran más de 60 registros excluidos. “Solo el 10% de titulares excluidos acumulan el 33% de este total”, indicó.
Cabe mencionar que, sobre la propuesta de levantar la exclusión a 50,000 mineros, Gonzales presentó una cuestión previa para votarlo por separado de otros puntos del predictamen. Se tuvo un empate a ocho y cuatro abstenciones. Cutipa dirimió y rechazó esta idea. Wilson Soto (Acción Popular) intentó cambiar su voto en contra a uno de respaldo, pero no fue aceptado por Cutipa.
Otras aristas
El texto aprobado también contempla modificaciones sobre las medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de maquinarias y equipos que puedan ser utilizados en la minería ilegal.
“Todo adquiriente de productos mineros sujetos a control y fiscalización (...) cualquiera sea su estado, sin importar que la adquisición se realice en forma temporal o permanente, deberá verificar el origen de los mismos, solicitando los documentos que correspondan, debiendo verificar la autenticidad de los datos”, se precisa.
Entre los datos mínimos que deberán verificarse están: RUC, razón social, nombre y apellido, así como documento de identidad, entre otros.
Reinfo. | Fuente: Minem | Elaboración: Nicolás Besich, Videnza Instituto
Entre otras aristas relevantes de esta propuesta, como informó Gestión, está la disposición de que se realicen un censo nacional de la pequeña y artesanal minería, que debería empezarse máximo a los seis meses de entrada su vigencia. Debería culminarse máximo en medio año.
Además, se impulsaría un sinceramiento obligatorio de ubicación de las operaciones mineras a través de la Ventanilla Única de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minem).
Al respecto, Bequer indicó que los datos erróneos que fueron identificados responden a un “desconocimiento” por parte de los mineros. “Estábamos en el punto A, pero pusimos el B. Fue un error”, indicó.
Rechazo en conjunto
Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), mostró una gran preocupación por el rol que vienen teniendo algunos congresistas. “Están hipotecando el futuro del país y están abriendo las puertas a que se perpetúe la ilegalidad”, indicó.
Recordó que el Reinfo viene sirviendo como un escudo para la ilegalidad, pues impide penalizar a aquellos que no solamente violan el medio ambiente, sino que extraen ilegalmente recursos.
Para Torreblanca, resulta ilógico la posibilidad de levantar la exclusión de los más de 50,000 inscritos, que tienen varios años de suspendidos.
“Nos preocupa que el Reinfo siga funcionando como este escudo para darle impunidad a los mineros ilegales sin ningún control. No solo el presidente José Jerí sino todo el Poder Ejecutivo necesita sentar postura y tener una actitud firme en este tema. No se pueden poner de costado porque está en riesgo la seguridad nacional y el bienestar de todos los peruanos. La minería legal es una real amenaza”, subrayó.
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Aunque consideró que en el Pleno podría corregirse esta propuesta, resaltó la necesidad de mayores supervisiones a la cadena de suministro minero.
Gustavo De Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), consideró al Reinfo como “el mayor error del país en materia minera”.
“Desde el 2012, venimos con experimentos fallidos [sobre las prórrogas]. Se sigue con la cantaleta de seis meses más, un año más y, ahora, se esperan dos años más. No va a tener fin y vamos a acabar como un Estado tomado por la minería ilegal”, sostuvo.
Agregó que una eventual ampliación concretada debe estar sujeta a criterios claves de formalización y que debe levantarse las restricciones de sanciones penales para los mineros ilegales. “Somos el único país en el mundo en el que este delito tiene protección ante los fiscales”, refirió.
