En la agenda del 25N —Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer—, se suele hablar de agresión, pero poco de las estructuras que la perpetúan. El Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) es una de ellas: un padrón en el que se normalizarían las condiciones laborales precarias, la figura femenina se expone, por ejemplo, a relaciones de poder verticales; es decir, a una dinámica que carece de canales oficiales de denuncia en el caso de algún atropello.
Ahora este ecosistema de peligro contará con más tiempo de operabilidad: hasta el 31 de diciembre de 2027, según lo decidió la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República.
Al respecto, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), es tajante: “En el Reinfo no hay gobernanza, no hay respeto por los derechos humanos de nadie, y menos de las mujeres, que es el grupo más vulnerable”. ¿Qué otras aristas en descuido se despliegan en un sector que está históricamente masculinizado?
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¿Y el talento femenino?
En este “escudo administrativo” —porque solo basta la inscripción para seguir trabajando en el rubro minero—, las pallaqueras, las acopiadoras y las trabajadoras de servicios son sometidas a la invisibilidad.
“Más que excluir la participación femenina, el Reinfo la ataca: no la ayuda, no la defiende. No hay una política clara tampoco de promoción profesional. [...] Entonces, ¿qué incentivo tiene la gente del Reinfo para promover a mujeres dentro de una operación? Ninguno", advierte la vocera de la SNMPE.
Concuerda Yasmin Vásquez, gerente general de VsTalent: “Las condiciones básicas para una participación diversa simplemente no existen. La ausencia de estructura, roles definidos, estándares mínimos de seguridad y servicios adecuados hace que la permanencia femenina sea difícil de sostener”.
Adicional a ello, Violeta Quevedo, docente de la carrera de Ingeniería Civil y Minas de la Universidad Científica del Sur, identifica otra consecuencia a propósito de la escasa representación de mujeres calificadas: “Estas barreras empujan a muchas a migrar o cambiar de sector, lo que reduce el número de cuadros técnicos locales que la región necesita. Se pierde, por tanto, la competitividad a largo plazo”.
José Manrique, docente de la carrera de Ingeniería de Gestión Minera, tiene una misma mirada: “Tal realidad hace que las mujeres opten por interesarse en otras industrias y no en la minera, más aún cuando se suele generalizar a la actividad minera, sin separar debidamente la formal de la informal”.
En suma, la actividad deja de ser una opción viable para muchas. Esta perspectiva no responde a una falta de capacidad, sino a un entorno que no ofrece las garantías para su atracción.
Un sistema sin estándares, como el del Reinfo, frena la competitividad. (Foto: Veta Dorada)
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Las limitaciones en cola
Torreblanca, además, establece una enumeración de los vacíos que la informalidad minera deja: “Las empresas formales tienen protocolos, códigos de conducta, política de protección a la mujer ante acoso; si los inscritos al Reinfo no cumplen ni siquiera con obtener un permiso del Estado, menos con proteger a la mujer. [...] Si los hombres carecen de equipos de protección personal correctos, me pregunto si a las mujeres se les está facilitando equipos con las tallas adecuadas. [...] Hay muchos flancos que no se están mirando”.
Y Vásquez agrega elementos a la lista: “Servicios higiénicos no diferenciados, espacios sin privacidad, jornadas extensas sin control y una supervisión limitada... Todo esto expone a las mujeres a riesgos físicos y emocionales que en la formalidad están mejor gestionados mediante sistemas de prevención, monitoreo y respuesta”.
Las expertas dibujan, así, el panorama que explica por qué la prostitución y la trata de personas encuentran ángulos para propagarse.
Por su parte, Quevedo aclara: “Reconocer estas brechas no implica cuestionar la apuesta por la formalización, sino más bien verla como una oportunidad para ajustar y fortalecer sus instrumentos, de modo que representen a todas las personas que participan en la minería de pequeña escala”.
Cabe resaltar que, a marzo de 2025, la Dirección General de Formalización Minera (DGFM) indicó que el 21% de las personas naturales inscritas en el Reinfo son del género femenino. La cifra se traduce a cerca de 13,000 mujeres.
¿A qué riesgos están expuestas las mujeres que operan bajo la minería informal? (Foto: difusión / GEC)
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El aspecto de la profesionalización
Manrique compara cómo se expande la profesionalización en la minería formal y cómo en la informal.
“Las empresas formales ofrecen oportunidades para que las mujeres desarrollen líneas de carrera; cada vez más están ocupando puestos de dirección y liderazgo. En contraste, la informalidad no otorga esperanzas de ningún tipo a las mujeres, más bien, las condena al fracaso”.
Vásquez refuerza la premisa: “En una empresa formal, existen rutas claras de crecimiento: capacitación, evaluaciones de desempeño, oportunidades de ascenso y sistemas de seguridad que permiten construir una carrera a largo plazo. En la informalidad, el desarrollo depende de decisiones puntuales y no de estructuras que promuevan meritocracia”.
En todo ese conjunto de privaciones, Torreblanca puntualiza que se expanden secuelas con eco nacional: “En la informalidad, los trabajadores, hombres o mujeres, no tienen beneficios sociales. [...] Ni la gente del Reinfo ni la gente que es ilegal pagan impuestos; entonces, hay un sobrecosto para el país. Por ejemplo, hay un sobrecosto en el Seguro Integral de Salud (SIS), porque es donde la mayoría acude. Al final, lo cubrimos todos los peruanos que pagamos impuestos”.
Por ello, Quevedo recuerda que el Estado “debe ir más allá de los requisitos generales de la llamada Ley MAPE”. Para ella, la misión es incorporar un enfoque de género que reconozca el rol multifacético de las mujeres en la actividad minera.
“De acuerdo con el World Bank (2024), las medidas clave incluyen facilitar la titularidad de concesiones y terrenos un obstáculo recurrente para las mujeres y asegurar su acceso a asistencia técnica, capacitación y financiamiento con condiciones adecuadas a sus necesidades y horarios”, precisa.
A esta medida se adhiere la urgencia de que el Estado implemente también un sistema de recopilación de datos desagregados por sexo sobre la participación en la minería.
“Además se debe capacitar a los fiscalizadores con perspectiva de género, con el fin de asegurar que las operaciones formalizadas cumplan estándares de igualdad. Asimismo, resulta esencial garantizar condiciones de seguridad y salud laboral que consideren los riesgos ocupacionales diferenciados, como la exposición a sustancias químicas durante el embarazo y la falta de infraestructura sanitaria apropiada”, finaliza la vocera de la Científica.
