Rutas de Lima S.A.C. anunció que acatará la suspensión del cobro del peaje en Conchán, en cumplimiento de una sentencia emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lurín, como parte de un proceso de hábeas corpus presentado por el alcalde del distrito.
Sin embargo, a través de un comunicado, la concesionaria rechazó categóricamente la resolución judicial, calificándola de “arbitraria” y contraria al marco normativo.
Esto, apuntaron, se trata de una ofensiva impulsada por las autoridades, que despojan a la empresa de sus activos y derechos sin respetar los contratos.
“Esta resolución judicial forma parte de una campaña sistemática de hostigamiento judicial, mediático y político impulsada por el Estado peruano, incluyendo principalmente la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y su alcalde, a la que se han sumado otras autoridades, como la Defensoría del Pueblo”, indicaron.
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En ese sentido, Rutas de Lima consideró que este tipo de medidas vulneran las garantías a la inversión privada y debilitan gravemente la seguridad jurídica del país.
Según la concesionaria, el peaje de Conchán fue instalado por el Estado peruano hace más de dos décadas, antes de que las vías fueran entregadas en concesión.
Además, sostienen que el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán) ya determinó que no es necesaria la existencia de vías alternas, aunque afirma que, en este caso, sí las hay. Pero, aclararon que la responsabilidad de construir o mejorar rutas alternas recae exclusivamente en la MML.
Incluso, recordaron, la recuperación estructural del puente Conchán es responsabilidad de la comuna limeña, y que dicha obligación no ha sido cumplida en más de una década.
La empresa advirtió que estos conflictos generan un impacto significativo en la situación financiera de la concesión.
“A la fecha ya son 26 las casetas de peaje que no podemos operar debido a decisiones abusivas y arbitrarias con lo que la empresa se está viendo privada de recibir casi un 50% de sus ingresos, pese a mantener su obligación de operar y mantener todas las vías bajo su responsabilidad”, señaló.
Finalmente, la empresa anunció que se reserva el derecho de acudir a todas las instancias nacionales e internacionales necesarias para proteger sus derechos e inversiones.
