La tarde de este viernes 24 de octubre, la Comisión de Energía y Minas del Congreso entabló una sesión para debatir una nueva propuesta de extensión, esta vez hasta fines del 2026, del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), usado como camuflaje por la minería ilegal.
En medio de posiciones contrapuestas de los legisladores, se terminó aprobando una cuestión previa para que el predictamen que plantea una extensión, retroceda y se someta a un mayor estudio. También se convocó al titular del Ministerio de Energía y Minas (Minem), Luis Enrique Bravo De La Cruz, para la siguiente mesa de trabajo.
La cuestión previa fue planteada por Eduardo Salhuana, y fue validada por 14 congresistas. Recibió 8 votos en contra y ninguna abstención.
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Como se recuerda, se dispuso el 30 de junio pasado como el fin del Reinfo y que solo se prorrogaría, hasta el 31 de diciembre, para aquellos cuyo registro esté en la condición de suspendido máximo por un año.
Posterior a esta decisión, se reportó que solo 31,560 pequeños mineros artesanales a nivel nacional continuarían su proceso de formalización y que más de 50,500 quedaban excluidos. Días después, desde el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se detalló que casi el 90% de este grupo excluido no reportaba actividad desde hace más de cuatro años.
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Reacciones desde el Congreso
Guido Bellido (Podemos Perú), autor de uno de los proyectos que se agrupó en el predictamen para una extensión del Reinfo, ratificó su posición de ampliarlo por cuatro años, es decir, hasta fines del 2029.
Consideró que la exclusión de los más de 50,000 registros se dio “de forma abusiva” y criticó que, más allá de esta medida, el Ejecutivo no “hizo nada” en el marco de la formalización minera.
Legisladores divididos por la extensión del Reinfo. Algunos aseguran que los mineros que han copado exteriores del Congreso desde el 20 de octubre, no son informales. Foto: Jesús Saucedo /@photo.gec
En la misma línea, Wilson Quispe (Juntos Por el Perú), también gestor de una de las iniciativas que formó este predictamen, mencionó que debe darse “el mayor plazo” que se pueda, ya que no se han dado avances sobre la formalización.
“Tiene que darse el mayor plazo que se pueda: si es el 2029 o el 2030. Y el Gobierno tiene que comprometerse con su proceso de formalización, darles toda la logística”, indicó.
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Elizabeth Medina (Somos Perú) mostró su posición a favor de una nueva extensión del Reinfo y sostuvo que “el Estado nunca le dio las herramientas para formalizarse”.
“Fueron excluidos injustamente. Se le debe dar la oportunidad real de seguir produciendo. La ampliación debe ser hasta el 2028 porque en tres años no pudimos sacar la Ley MAPE”, señaló.
Pasión Dávila (Bancada Socialista), incluso, sostuvo que la extensión del Reinfo “debe ser ilimitado, ya que ”no hay ningún objetivo" para ponerle fin a la actividad de la pequeña minería artesanal.
“No están trabajando de manera ilegal. Los que están en la avenida Abancay (protestando) no son ilegales, son pequeños mineros artesanales. Extender un plazo de cinco años va a quedar chico. Yo pensaría que debe ser ilimitado”, dijo.
Con la ampliación del Reinfo podrían regresar los más de 50 mil mineros informales excluidos. Fotos: Joel Alonzo/ @photo.gec
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En contraparte, Patricia Juárez (Fuerza Popular) subrayó que no debe modificarse la vigencia del Reinfo y criticó que los esfuerzos deberían estar en debatir la nueva Ley MAPE.
“Tendríamos que estar debatiendo la Ley MAPE, que permite el proceso de formalización minera, cerrar el padrón, depurar a los inactivos, consolidar a los que sí cumplen. Sin embargo, esta comisión optó por el camino fácil, extender plazo sin condiciones, controles y filtros, repitiendo errores”, detalló.
Agregó que, de avanzar esta ampliación, se estará dando un mensaje de que el Congreso “protege la ilegalidad, en lugar de construir formalidad”.
A criterio de la vicepresidente de la Comisión de Energía y Minas, Diana Gonzáles (Avanza País), el predictamen “está lejos de impulsar una verdadera formalización minera”.
Gonzáles señaló que la ampliación del Reinfo por un año más, la prohibición de iniciar los procesos de exclusión durante su vigencia y la restitución de más de 50,000 mineros ilegales, “abren la puerta a la impunidad” e implica “un retroceso” que solo maquilla la ilegalidad.
