Mientras que la minería ilegal se expande, la cartera de inversión minera formal presenta cambios poco sustanciales. Si bien se incluyen más proyectos, estos involucran menores montos de inversión, sobre todo si se comparan con los proyectos desplegados en las últimas décadas.
Materializar el potencial minero del Perú requiere agilizar la extensa tramitología en el sector, un mejor manejo de la conflictividad social y priorizar la lucha contra la minería ilegal.
Menos tamaño, mayor incertidumbre
La inversión total de la nueva cartera asciende a US$ 64,000 millones, monto 17% mayor que el año pasado y el de mayor magnitud desde el 2014.
Grandes proyectos mineros aún verían la luz a mitad del próximo gobierno
Sin embargo, los proyectos son cada vez más pequeños en su compromiso de inversión: entre 2014 y 2025, el valor promedio de la inversión de cada proyecto se redujo 24%, alcanzando apenas US$ 956 millones en la última cartera.
Por un lado, en comparación con la cartera 2024, se han incorporado 19 proyectos, pero solo uno implica el desarrollo de una nueva mina, mientras que el resto son ampliaciones o reposiciones en unidades que ya están en operación.
Por otro lado, se mantiene una baja certeza de su ejecución: 69% de la inversión total corresponde a 46 proyectos sin fecha definida de inicio de construcción.
Esta incertidumbre hace que el aprovechamiento del potencial minero se vea lejano. Si bien con la ejecución de toda la cartera se podría más que duplicar la producción de cobre, la mitad de este potencial no tiene una fecha estimada de ejecución.
En el caso del oro, la producción aumentaría en 4% con los proyectos con fecha definida, pero al menos 55% si se concretaran las demás inversiones.
Potencial limitado
A nivel regional, destacan los saldos de inversión de tres regiones: Cajamarca, Arequipa y Apurímac. Estas acumulan el 60% del total; no obstante, la mayoría de los proyectos no tienen fecha definida, principalmente en Cajamarca (96%) y Apurímac (77%).
Así, el potencial minero de estas regiones continúa estando limitado por la tramitología, la conflictividad social y amenazas de la minería ilegal. Según un estudio del Instituto Peruano de Economía (IPE), los permisos ambientales y de consulta previa – principales cuellos de botella en el desarrollo de un proyecto – demoran en cumplirse hasta 6 o 7 años, más del doble del tiempo previsto por ley.
En las tres regiones los proyectos se han visto frenados por conflictos sociales. En Cajamarca destaca Conga, que concentra casi un tercio de la inversión en la región y que podría duplicar su producción de oro. En Arequipa, Tía María tendría un retraso de 15 años respecto a lo estimado inicialmente.
Por su parte, las inversiones en Apurímac se encuentran afectadas por la minería ilegal: además del reciente ataque a Las Bambas, esta actividad ilegal ha perjudicado el desarrollo de proyectos como Los Chancas y Haquira, los cuales acumulan más de 13 años de retraso.
Proyectos en cartera con menor tamaño
Los proyectos en cartera contrastan con la inversión minera de las últimas décadas, que estuvo impulsada por un entorno favorable para los negocios a partir del 2000.
El sector pasó de ejecutar US$ 700 millones por año en el periodo 2000-2004 a US$ 5,000 millones entre 2014 y 2019. La inversión estuvo sostenida por proyectos grandes, como Las Bambas y Quellaveco, con saldos de inversión por encima de US$ 5 mil millones; así como otros cuatro proyectos con compromisos entre US$ 2,000 y US$5,000 millones.
Pese a la mayor cantidad de proyectos en la cartera minera 2025, estos tienen un menor tamaño respecto a las minas construidas en los últimos 25 años.
De materializarse estas obras, la ejecución se concentraría principalmente en proyectos de menos de US$ 1,000 millones (12 con fecha definida y 32 aún por definir).
Durante los últimos cinco años, la inversión minera se ha estancado en torno a US$ 5,000 millones anuales, pese a los niveles favorables de los precios de los minerales, que hoy es 60% mayor en el cobre y 140% mayor en el oro que hace cinco años.
Sin la decisión política para agilizar y asegurar la predictibilidad de los permisos, manejar mejor la conflictividad social y enfrentar a la minería ilegal, no se verán oportunamente los beneficios de una mayor inversión sobre el empleo, los ingresos y la reducción de la pobreza.
El laberinto en que cayó la minería peruana
Por Victor Fuentes Campos, gerente de Políticas Públicas del IPE
La nueva cartera minera vuelve a confirmar lo mismo de años anteriores: no basta con sumar proyectos si el entorno para invertir sigue siendo el mismo. El estancamiento no es técnico ni geológico. Es político e institucional.
Mientras se discuten cifras acumuladas, lo urgente sigue pendiente: acortar los plazos de permisos, encarar con decisión la minería ilegal y resolver la conflictividad con reglas claras y predictibles.
El riesgo no es solo perder inversiones, sino debilitar uno de los principales motores –sobre todo por encima de los 3,000 msnm– capaces de generar empleo, ingresos fiscales y crecimiento, que contribuyan a la reducción de pobreza. Hoy el mensaje que reciben los inversionistas es que el Estado no tiene control sobre los territorios ni liderazgo en las decisiones. Y sin confianza, no hay decisión de inversión que valga.
En lugar de una hoja de ruta, hemos diseñado un laberinto. Uno donde las inversiones formales se pierden, los proyectos se paralizan y el desarrollo se posterga. Y lo peor es que el país parece haberse acostumbrado a ese extravío.
Inversión privada tendría su mayor crecimiento desde el 2021, pero preocupa “jugador clave”
