A inicios de junio, la Comisión de Defensa del Consumidor y Organismos Reguladores de los Servicios Públicos (Codeco) del Congreso de la República del Perú aprobó un dictamen para eliminar las comisiones por transferencia interbancaria y pago de tarjetas de crédito a partir de dos proyectos de ley. Una decisión que si bien podría ser celebrada por algunos consumidores, ocasionaría un efecto adverso al que se busca.
Así lo advirtió la banca, pero sobre todo entes técnicos como el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS). Sin embargo, Codeco decidió ignorar por completo los cuestionamientos.
No es el único caso. Además de esos dos proyectos, en Gestión se seleccionó otros ocho proyectos del archivo de Codeco y de la Comisión de Economía que reúnen las mismas características que el previamente señalado: solo el Legislativo los apoya.
¿De qué se tratan y cuáles son los riesgos para el sistema financiero de volverse ley? Dos exministros de Economía y un abogado especialista del sector financiero lo responden.
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Perjudiciales
El paquete legislativo de Codeco y de Economía que modifica el sistema financiero se puede dividir en tres grupos: los que buscan eliminar o modificar características del sistema bancario como las comisiones o intereses, autorizar un nuevo retiro de fondos del Sistema Privado de Pensiones (SPP) y aquel que busca darle más atribuciones al Banco de la Nación (BN).
Este último era el más avanzado de todos. Contaba con dictamen favorable de Codeco y estaba en la agenda del pleno del Parlamento desde mayo, pero la Comisión Permanente decidió enviarlo el último jueves a la Comisión de Economía, de donde había sido exonerado.
En concreto, busca que el BN pueda realizar operaciones de banca múltiple para personas naturales y pymes. Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, esta iniciativa es inconstitucional.
“Ampliar sus capacidades a ese nivel sería competir abiertamente con la banca privada y violar el rol subsidiario del Estado. Estarían usando los recursos de los contribuyentes para tomar riesgos sin experiencia”, advierte el también director de Videnza Consultores.
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Alonso Segura, también extitular del MEF, considera que si bien este sería el que más demoraría en causar impacto a la banca –porque el BN necesitaría tiempo para adaptarse– correría la misma suerte que experiencias pasadas de otras empresas estatales.
“La Banca de Fomento fue un desastre. También está la experiencia del Banco Agrario. No es solo historia de los noventa, sino reciente: cuando le das a una empresa pública ese tipo de mandatos sin tener la capacidad, termina mal”, afirma.
Tres proyectos más ya cuenta con dictamen. Dos se sumaron para dar pie al ya mencionado que propone eliminar las comisiones de transferencia interbancaria y pago de tarjetas de crédito. El otro busca exonerar a diversos grupos –como cajas municipales y rurales– de constituir provisiones por riesgo de crédito durante tres años.
Para Rafael Corzo de la Colina, líder en Regulación Financiera y de Seguros de Miranda & Amado Abogados, este proyecto preocupa. “Es abiertamente inconstitucional. Excluyen a los bancos, comprendiendo solamente sin un sustento objetivo, ni técnico a las empresas del Sistema Financiero no Bancarias, lo que crearía un “arbitraje regulatorio” que podría fomentar que los Bancos se conviertan en Financieras o Cajas Rurales para acceder a este beneficio regulatorio”, asegura.
Corzo también recuerda que las provisiones sirven para sostener posibles pérdidas. “Este proyecto beneficia a los accionistas y afectaría claramente la solvencia de las empresas del Sistema Financiero, ya que generaría inventivos para generar una cartera de créditos en mora, incluso, prestando dinero a insolventes por 3 años, sin afectar sus resultados y utilidades”, alerta.
Hay otros dos proyectos, aún en comisión, que buscan eliminar las comisiones interplaza, por retiro en ventanilla y cajero automático. Para los exministros estos son los que mayor daño harían al sistema en el corto plazo.
“Mantener toda la interoperabilidad del sistema genera costos fijos y variables, que no los veamos al realizar una operación no significa que no existan. Si no se cobran, justos pagarán por pecadores: trasladarán los gastos al resto de clientes”, dice, por ejemplo, Segura.
También el Congreso buscaría un séptimo retiro de los fondos de la AFP. Esta vez, de 2 UIT (S/ 9,900). “Es el más populista y muy peligroso. Ya tienen la tecnología y saben cómo hacerlo”, dice, en corto, Castilla.
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Todos en contra
El BCR y la SBS han sido bastante duros en sus opiniones sobre los proyectos del Congreso. En esta lista, algunas de sus afirmaciones más fuertes:
SBS
- Sobre permitir que BN haga operaciones de banca múltiple: “La aprobación del proyecto de ley, en los términos planteados, podría implicar, desde el punto de vista legal como técnico, la configuración de un acto de competencia desleal del Estado frente a los privados”.
- Sobre retiro voluntario de 2 UIT del SPP: “Contraviene mandatos establecidos en la Constitución que señalan que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la seguridad social, garantiza su libre acceso a prestaciones de salud y pensiones y; finalmente, que los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles”.
BCR
- Sobre exonerar a empresas financieras de constituir provisiones: “Forzar una reducción de las provisiones por un período largo de 3 años restaría transparencia a la real situación mostrada en sus balances”.
- Sobre que entidades bancarias no cobren intereses compensatorios de forma adelantada: “Interpreta inapropiadamente conceptos financieros vinculados a las operaciones de crédito. Por tanto, es inconveniente e innecesario su aprobación”.
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¿Hay salidas?
Aunque los entes técnicos advierten riesgos, de aprobarse estas medidas, solo el Poder Ejecutivo y el Tribunal Constitucional podrían frenarlas. Sin embargo, ello tomaría tiempo.
Para Segura y Castilla, una forma de evitar que el Congreso “ignore” al BCR y SBS sería volver sus opiniones vinculantes, es decir, si no apoyan los proyectos, que se archiven.
Corzo no ve mal la propuesta de los exministros de Economía, pero considera que una forma más eficaz de corregir el asunto dentro del Poder Legislativo es mejorar la calidad regulatoria.
“Podrían establecerse equipos técnicos de análisis del impacto económico y de constitucionalidad de los proyectos de ley que se propongan. Eso ocurre, de alguna manera, en el sector privado, con las áreas de riesgos y de auditoría integral, lo que funciona”, propone el socio de Miranda & Amado Abogados.
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