La minería ilegal podría convertirse en un factor de perturbación en las próximas elecciones generales en el Perú, advirtió la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, durante su participación en la Cumbre Minera de Perumin 37.
“Nos causa preocupación la influencia que tendrían las economías ilegales, en particular la minería ilegal, durante la campaña y proceso electoral para la elección de nuestros próximos gobernantes. Tratarán de infiltrarse en los partidos políticos para promover candidaturas afines a sus intereses y destinarán parte de las ganancias de sus ilícitas actividades para tal fin”, señaló.
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Riesgo para la democracia
Torreblanca advirtió que quienes operan al margen de la ley buscarían colocar a representantes en puestos clave del próximo Gobierno y en los poderes del Estado, con el objetivo de neutralizar la lucha contra la minería ilegal y debilitar a las instituciones fiscalizadoras.
“Más allá de los daños ambientales, la minería ilegal representa una amenaza directa para la seguridad nacional, la conservación de la biodiversidad, la salud pública, la protección de los derechos humanos, así como para nuestro sistema democrático e institucionalidad”, subrayó.
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La presidenta de la SNMPE insistió en la necesidad de establecer un pacto de transparencia y gobernabilidad que garantice campañas libres de financiamiento ilegal.
“Tenemos que asegurarnos que los partidos políticos, candidatos al Congreso y a la Presidencia de la República, así como los postulantes a las alcaldías y gobiernos regionales, no solo sean idóneos para desempeñar el cargo, sino que nos confirmen a todos los peruanos que sus campañas no son financiadas por economías ilegales”, afirmó.
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Finalmente, Torreblanca destacó que Perumin 37 ha ratificado el atractivo del Perú para la inversión minera, gracias a su potencial geológico y al ecosistema que rodea a esta industria.
Sin embargo, subrayó que es imprescindible fortalecer la gobernabilidad, hacer prevalecer el Estado de Derecho y diseñar una estrategia clara para enfrentar a las economías ilegales que “buscan sabotear el futuro de los peruanos”.
