La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) expresó su preocupación ante la decisión del Gobierno de Perú de suspender por 30 días todas las actividades mineras en los distritos de Pataz, Parcoy y Tayabamba, en la región La Libertad, medida que incluye tanto a la minería ilegal como a las empresas formales que operan en esas zonas.
El gremio sostuvo que esta decisión afecta a compañías que cumplen con la normativa vigente y que operan bajo el marco legal. Según el gremio, la paralización puede generar consecuencias operativas, sociales y económicas no solo para las empresas involucradas, sino también para sus trabajadores, proveedores y comunidades cercanas.
La preocupación nace de las declaraciones recientes (el miércoles 07 de mayo) del ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, quien fue enfático durante el Consejo de Ministros al mencionar: “Se suspenden todas las actividades mineras. Todas las actividades mineras quedan suspendidas por 30 días prorrogables dependiendo de la situación, la evolución de los hechos”.
Esto trajo, nuevamente, dudas. Esto a pesar de que el 6 de mayo, el mismo ministro ya había aclarado que la disposición de suspender las actividades mineras no involucra a las empresas formales que operan en Pataz, donde existen más de 200 negocios de pequeña minería que están formalizados.
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Diferenciación entre minería formal e informal
La SNMPE señaló que las operaciones formales son fácilmente identificables y diferenciables de las actividades ilegales, ya que cuentan con permisos, infraestructura regulada y ubicación georeferenciada.
En ese sentido, manifestó que la suspensión generalizada de actividades no resulta necesaria para permitir el despliegue de las fuerzas del orden en la zona.
Indicó además que las empresas formales han mostrado disposición a colaborar con el Gobierno en el combate contra la minería ilegal, y cuestionó que se haya optado por una medida que afecte sus operaciones sin considerar esa cooperación.
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Riesgos operativos y laborales
El gremio empresarial advirtió que detener bruscamente la operación de unidades productivas mineras puede generar riesgos técnicos, como el colapso de presas de relaves, inundaciones o acumulación de gases.
Precisó que estas infraestructuras requieren monitoreo permanente, por lo que es necesario permitir tareas de cuidado y mantenimiento incluso durante la suspensión.
La paralización podría afectar más de 4,000 empleos directos e indirectos y que, de aplicarse una suspensión perfecta de labores, se interrumpirían los pagos a los trabajadores y a la cadena de proveedores, lo que impactaría en los pequeños negocios y en las economías locales, apuntó.
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La SNMPE recordó lo que este diario había informado días atrás: La Libertad representa el 33% de la producción nacional de oro.
Con la suspensión, estimó que se dejarían de generar aproximadamente S/ 25 millones mensuales por concepto de canon y regalías, y que las exportaciones podrían reducirse en más de US$ 80 millones al mes.
Críticas a la gestión del Minem y al Congreso
En su pronunciamiento, el gremio también cuestionó el rol del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en el proceso de formalización minera.
Afirmó que no se ha logrado implementar un proceso eficiente y que, por el contrario, se ha producido una desnaturalización del mecanismo de formalización, lo que habría incentivado la cobertura de actividades ilegales bajo apariencia de legalidad.
Además, señaló que el Congreso de la República ha contribuido a la situación actual al aprobar reiteradas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), lo que —según indicó— ha facilitado el encubrimiento de operaciones mineras no autorizadas.
Finalmente, expresó que la medida adoptada por el Poder Ejecutivo podría afectar la estabilidad jurídica, al impactar derechos constitucionales, lo que —según indicó— podría generar incertidumbre entre los inversionistas del sector.
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