La presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Julia Torreblanca, exhortó al Gobierno a entablar un diálogo directo con las empresas mineras formales que operan en la provincia de Pataz, región La Libertad, con el objetivo de diseñar un plan estratégico que permita aplicar medidas de seguridad sin perjudicar a las operaciones legales.
Torreblanca advirtió que no se debe “castigar a justos por pecadores” y recordó que las mineras formales en la zona cuentan con autorizaciones del Ministerio de Energía y Minas (Minem), así como de otras entidades, y son fiscalizadas por organismos como Sunafil.
En ese sentido, consideró que estas empresas deberían poder continuar con sus actividades pese a las restricciones establecidas por el Ejecutivo.
El domingo por la noche, el Gobierno emitió un decreto que ordena la inmovilización de las actividades mineras en varios distritos de Pataz y restringe el tránsito vinculado a operaciones extractivas, como parte de las acciones para enfrentar la violencia e informalidad en la zona.
Ante ello, Torreblanca planteó que las decisiones del Ejecutivo deberían considerar el conocimiento técnico de las empresas formales y las particularidades de cada comunidad donde operan.
“Tiene que haber un trabajo muy fino entre el Estado y las empresas para entender las especificaciones técnicas de cada operación”, declaró.
La representante gremial también señaló que el impacto de estas medidas no recae únicamente sobre una gran minera, sino que afecta a todo el espectro de la actividad extractiva, desde la minería artesanal hasta la gran minería.
En esa línea, pidió coordinar con el sector privado la implementación de protocolos adaptados a la situación en Pataz.
Finalmente, expresó su expectativa de que las acciones emprendidas por el Ejecutivo, en coordinación con el Ministerio de Energía y Minas y otras autoridades, logren los resultados esperados.
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