Los salarios en el sector público vienen con un dinamismo importante en lo que va del año, aunque el inicio de la tendencia se remonta a más atrás de este 2025. En julio último, el ingreso promedio formal en la administración pública ascendió a S/ 4,941, por encima de la cifra total (S/ 4,786) y de solo el ámbito privado (S/ 4,745), que incluso considera como componente el abono de gratificaciones equivalentes a un sueldo, lo que es ajeno en gran parte en el Estado.
En junio, un mes sin el impulso de pagos adicionales como las gratificaciones, el sueldo promedio público fue de S/ 3,855, muy por encima de los S/ 2,946 del ámbito privado y de los S/ 3,142 del registro total (que agrupa ambos sectores, dando una visión nacional).
Sin embargo, en variaciones porcentuales, la diferencia es más notoria. En el lapso de enero a julio de este año, el sueldo promedio formal público registró un crecimiento de 5.2%, mientras que a nivel general fue de solo 2.3% y en el panorama privado de apenas 1.5%. Visto en retrospectiva con el período prepandemia, la evolución desigual es más evidente.
En los primeros siete meses de este año se anotó un aumento de 9.1% en las remuneraciones públicas, mientras que en el ámbito privado se tuvo una caída de 3.2%. A nivel total, la variación es negativa en 0.5%.
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Brecha entre sueldos públicos y privados
Gestión realizó una revisión de la evolución de las remuneraciones según estos tres ámbitos e identificó que, desde hace 14 meses, el sueldo público supera al registro privado promedio en más de 27%, precisamente desde junio del 2024. Incluso, se registran brechas de más de una tercera parte: en enero de este año, la remuneración pública la superó en 39.6%.
Ahora bien, la comparación entre el sector público y el total (que agrupa ambos sectores) también evidencia una brecha amplia. El análisis muestra que, desde hace 14 meses, el salario público sobrepasa al total en, al menos, 20%. Solo en lo que va de este año, se tiene que el salario público fue mayor con variaciones de entre 20% y 28%.
Estas tendencias no consideran meses en los que, para fines comparativos, la diferencia entre el ámbito público y privado se distorsiona, por lo que en este último sector se perciben, mayormente, gratificaciones equivalentes a un sueldo (julio y diciembre), además de utilidades (marzo).
Sin embargo, tal es así el mayor dinamismo de los salarios del sector público respecto al privado que, en julio último, un mes “distorsionado”, la cifra en el ámbito estatal fue mayor en más de S/ 196, lo que significó que lo superó en 4.1%. Esto, por ejemplo, no ocurrió en julio del 2024, cuando el sueldo promedio público fue menor en más de S/ 110 o 2.4% por debajo.
Previamente a este período de análisis desde junio del 2024 también se observó que la remuneración pública resultó superior al promedio nacional y, por defecto, al privado. En el primer caso, lo fue con valores de entre 29.5% y 15% y, en el segundo, con diferencia de entre 20.7% y 40.9%.
Este escenario de mayores salarios en el sector público se explica en incrementos significativamente más acelerados, en términos reales, que vienen reportándose mes a mes.
Solo en lo que va de este año, el ingreso promedio formal en el sector público tuvo variaciones de hasta 7.3%, mientras que el privado apenas fue de 2.5% y, el total, de 3.7%. El promedio de crecimiento, a julio, del ámbito público es de 5.4%, el del privado de 1.8% y el total de 2.5%.
Pero, considerando todo el panorama desde inicio del 2024, se observó que el sector público anotó su máximo crecimiento de salarios en junio del año pasado, con 12.3%. En ese mismo mes, la remuneración en el ámbito privado creció apenas 3%, mientras que el total 5.4%.
Este panorama se condice con datos presentados, recientemente, por Apoyo Consultoría. Según identificaron, la participación del sector público en los ingresos laborales totales aumentó. En el 2014, representaban el 17% de la masa salarial total y, para el 2026, proyectaron que alcanzarían el 21%.
También reportaron que, en el 2024, el salario promedio mensual del sector público, sin considerar a trabajadores por órdenes de servicio, ascendió a S/ 4,200, mientras que en el ámbito privado bordeó los S/ 2,700.
Desde la firma consultora estimaron que, entre el 2022 y el 2025, el salario de un trabajador formal privado aumentó cerca de 11%, mientras que el de un trabajador público cerca de 17%, en acumulado.
¿Aumentos de sueldos a ciegas?
Jorge Toyama, socio en Vinatea & Toyama, explicó que esta tendencia de incrementos remunerativos a mayor ritmo en el sector público viene ocurriendo desde hace unos seis años, aproximadamente. Son diversos los factores que lo explican y están vinculados.
Uno es que el gasto público se vino aumentando de manera significativa en los últimos años, con especial foco en lo destinado para el pago de remuneraciones. En este escenario, también aparece la aprobación de mejores condiciones, sin seguir evaluaciones de meritocracia, para los trabajadores bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), una modalidad creada con fines temporales. “Hoy los CAS ganan mucho más que los del régimen del Decreto Legislativo 276”, indicó.
A estos también se suman el efecto de las negociaciones colectivas, que impulsan los salarios al alza cada año.
Toyama agregó que, en el panorama con vista a varios años atrás, también marcó la diferencia entre los salarios públicos y privados que en este último rubro sí se vieron afectados por la pérdida de dinamismo productivo a causa de la pandemia y fenómenos naturales, como en 2023.
“En el Estado no hubo suspensión perfecta de labores, no se redujeron sueldos. La inflación del 2023, por ejemplo, solo impactó en el sector privado, cuya producción se vio afectada y se resentida”, mencionó.
Sin embargo, junto con Pablo del Águila, jefe de investigación en Apoyo Consultoría, coincidieron al señalar que estas mejores retribuciones económicas no se trasladan en una mejora de los servicios que ofrece el Estado.
“Cuando vemos, por ejemplo, indicadores de mejoras de servicios públicos uno esperaría que mejoras de salarios se vinculen a mayor dinamismo del aparato estatal. Pero cuando vemos las cifras no se ven mejoras muy tangibles. Sí es positivo que trabajadores públicos tengan mejoras salariales, pero hay un tema con la magnitud”, refirió.
Toyama observó que una de las consecuencias de este incremento generalizado es que se afecta la meritocracia en el Estado, que se vio deteriorada desde el ingreso de Pedro Castillo al Gobierno.
“Con Castillo se dio la mayor fuga de tecnócratas y el sector público dejó de ser atractivo. La tendencia de estos aumentos estatales que no son por desempeño es que se afecta la meritocracia, que permite, por ejemplo, tener eficientes directores de las entidades públicas. Hoy un trabajador del Estado, en general, gana más que el promedio, pero no con los galones técnicos adecuados”, indicó Toyama.
“Uno esperaría que [con esta tendencia] se haya traído talentos o los incrementos estén en puestos específicos, no aumentos generalizados. La idea es traer los mejores talentos con estos recursos”, complementó Del Águila.
Con este escenario, Toyama sumó que, naturalmente, los profesionales mejor calificados terminarán orientándose al sector privado o se decidirán por emigrar.
Más consecuencias
Del Águila indicó que, si bien es favorable para las familias de los trabajadores estos incrementos salariales por su impacto en el consumo, no necesariamente lo es para la economía en el mediano y largo plazo.
“Cuando vemos las cuentas fiscales, el crecimiento del gasto tiene considerables implicancias. Lo primero es que el gasto publico es más rígido, es decir, es un gasto donde se no puede retroceder por temas políticos y sociales. Se complica al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y, entonces, cuando se busca recortar el gasto se hace en lo más productivo y se ajusta la inversión pública”, apuntó.
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Ante todo este escenario, el jefe de investigación en Apoyo Consultoría comentó que debe cualquier incremento remunerativo debe estar vinculado a indicadores de productividad claramente definidos. Esto, también considerando los espacios fiscales con los que cuente el Gobierno.
“El MEF tiene que empezar a decir ‘stop’. Y las propuestas más infundadas, deben derivarse al Tribunal Constitucional (TC)”, subrayó.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
