
En entrevista con Gestión, Michael Guevara Varela, superintendente nacional de fiscalización laboral de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), abordó los principales lineamientos de trabajo de la entidad para lo que resta del año.
La conversación incluyó temas relacionados con la planificación institucional, los enfoques de intervención, las acciones de prevención y los desafíos en el ámbito laboral.

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-¿Cuántas fiscalizaciones tiene previstas Sunafil para este año?
Este año tenemos programadas más de 75,000 órdenes de fiscalización a nivel nacional. Esa cifra está distribuida de forma mensual, con metas específicas por cada intendencia regional.
Hasta el primer semestre, habremos cumplido con alrededor de 35,000 intervenciones, y el resto está previsto para los siguientes meses. Estas fiscalizaciones se realizan mediante órdenes formales y se centran en verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales.
-¿Qué sectores están siendo priorizados?
Durante el primer semestre y también en lo que resta del año, estamos enfocando nuestras acciones en sectores con mayor recurrencia de denuncias. Específicamente, servicios, construcción, comercio y manufactura.
En el sector servicios, por ejemplo, encontramos muchas incidencias en actividades como inmobiliarias y consultorías. Estas prioridades se mantienen a nivel nacional, ya que los patrones de incumplimiento son similares en diversas regiones.

-¿Cuál es el balance del primer semestre del año?
Hasta mayo, hemos realizado más de 25,000 acciones de fiscalización. De ese total, el 30% culminó en actas de infracción, mientras que el 70% restante concluyó con informes sin sanción.
Este resultado muestra que una parte significativa del sector empresarial está respondiendo positivamente a las intervenciones, lo que esperamos seguir fortaleciendo con nuestro enfoque preventivo.
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-¿Qué tipo de infracciones se detectan con mayor frecuencia?
Las más comunes tienen que ver con el no pago oportuno de remuneraciones y con la falta de cumplimiento en el pago de beneficios sociales al concluir el vínculo laboral. También observamos incumplimientos en materia de seguridad y salud en el trabajo, aunque en menor medida.
Estas situaciones generan que los trabajadores presenten denuncias buscando la intervención de Sunafil.

¿Cómo abordarán la fiscalización tras el levantamiento de restricciones a la tercerización?
Vamos a continuar con nuestras acciones de orientación y fiscalización. Lo que buscamos es que las empresas que usan mecanismos de tercerización cumplan con la normativa laboral y de seguridad y salud en el trabajo.
La idea es evitar que incurran en infracciones. En ese sentido, realizaremos operativos, pero también reforzaremos las asistencias técnicas para que los empleadores conozcan sus obligaciones.
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Enfoque preventivo de Sunafil y cartas inductivas
-¿Qué acciones se están tomando desde el enfoque preventivo?
Uno de nuestros objetivos es fortalecer el enfoque preventivo, que es tan importante como el fiscalizador. Esto incluye la emisión de cartas inductivas, la realización de asistencias técnicas, capacitaciones a empresas y orientación tanto a empleadores como a trabajadores. Queremos promover el cumplimiento voluntario, para que no todo dependa de la sanción. Este año, estamos destinando más recursos y esfuerzos a ese eje.
-¿Qué resultados están obteniendo con el uso de cartas inductivas?
Las cartas inductivas forman parte del eje preventivo y están mostrando resultados. Si bien algunas empresas manifiestan que estas comunicaciones requieren esfuerzo adicional para responder, creemos que es preferible orientar a tiempo, antes que llegar a una sanción.
Además, este mecanismo permite a la empresa revisar internamente su cumplimiento normativo. Nuestra intención no es dejar de actuar, sino evitar que la ausencia del Estado genere más informalidad.
Informalidad laboral y la labor de Sunafil
-Normalmente se cuestiona que la Sunafil se enfoca en fiscalizar “a los mismos”, pero no hay un enfoque sobre la informalidad “pura”. ¿La entidad puede intervenir en casos de informalidad laboral?
Nuestra competencia se centra en trabajadores bajo el régimen laboral de la actividad privada, es decir, el Decreto Legislativo 728. No tenemos competencia directa para actuar frente a lo que se conoce como informalidad “pura”.
Sin embargo, eso no significa que dejemos de actuar. Lo que hacemos es articular esfuerzos con gobiernos locales, gobiernos regionales y otros sectores, para identificar las zonas con mayor informalidad y planificar acciones conjuntas.
-¿Qué tipo de acciones coordinadas se han desarrollado?
Por ejemplo, el programa “Verifica tu chamba” permite a los trabajadores saber si están en planilla electrónica. Cuando identificamos empresas con planillas sin trabajadores registrados, enviamos cartas inductivas, dando la oportunidad de regularizar.
Además, estamos trabajando en una estrategia que nos permita identificar trabajadores informales que no están en ningún régimen, y canalizar esa información a través de otras entidades, como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat).
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-¿Cuál ha sido el avance en fiscalización de la cuota para personas con discapacidad?
Entre 2024 y lo que va del 2025, hemos realizado alrededor de 8,000 fiscalizaciones vinculadas a la cuota de empleo para personas con discapacidad. De esas intervenciones, solo el 10% se originaron por denuncias; el resto fueron parte de operativos planificados.
Lo preocupante es que cerca del 80% de las empresas intervenidas no cumplen con esta obligación. Por ello, estamos reforzando nuestras acciones preventivas, incluyendo capacitaciones y el envío de cartas inductivas masivas para sensibilizar al sector empresarial.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.