Alcances para el 2025. Víctor Mejía, jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), expuso cuáles son las principales expectativas para el año en materia de recaudación y seguridad jurídica. Abordó, así, el impacto de la minería informal y el drawback.
A propósito de sus últimos comentarios acerca de la facilidad en el uso de las herramientas digitales y la no obligatoriedad de un profesional del rubro, el funcionario también aprovechó para aclarar que la labor de un contador sí es indispensable.
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Panorama de la minería informal
La autoridad contabilizó que, aproximadamente, 60,000 personas se dedican a la minería informal, entre naturales y jurídicas; es decir, también figuran las empresas concentradoras.
Al respecto, calificó como innovadora la estrategia para recaudar impuestos en círculos de incumplimiento, como el tráfico ilícito y la minería informal. “La idea es incrementar la presencias de la administración en las carreteras, en las plantas concentradoras para controlar que todos los insumos estén debidamente registrados”, sostuvo en RPP.
En esa línea, aseguró que se trata de un trabajo en armonía con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), PCM, Ministerio del Interior y Ministerio Público. Acotó que “de esa manera se podrá controlar la trazabilidad de las operaciones y, luego, la recaudación propiamente dicha”.
Como último punto de la dinámica de solución, indicó que es urgente modificar el marco legal. En ese sentido, estimó que la Sunat recaudaría S/ 500 millones por minería informal durante el primer semestre del 2025.
Mejía trajo a colación las capacitaciones que se están desplegando entre el personal de Sunat y, además, el antecedente de la incautación reciente en Chala Arequipa, donde la entidad recogió más de 135 toneladas de minerales no declaradas.
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El drawback en Perú
Durante su intervención también se refirió al drawback, régimen que permite obtener la devolución de un porcentaje del valor FOB del bien exportado si el costo de producción del bien aumentó por el pago de los derechos arancelarios. Sobre ello, subrayó que la “política fiscal la define el MEF” y que “se regula por decreto supremo”.
Como se recuerda, en octubre del 2024 se dispuso que la tasa de restitución de derechos arancelarios se reduzca del 3 al 1%, por disposición del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Pero luego fue aplazada hasta julio del 2025.
Ante este escenario, la cartera estableció que la Sunat debía desarrollar un procedimiento y un sistema informático que permita calcular de manera efectiva la restitución del drawback pagado por los insumos importados. No obstante, la decisión desató polémica: los representantes de los gremios consideraron que esto generaría paralización de envíos y pérdidas económicas.
Seguridad jurídica
Mejía también indicó que se están haciendo esfuerzos para fortalecer la seguridad jurídica del país, haciendo alusión a controversias judiciales. “No queremos que los juicios duren 5, 10, 15 o 20 años”, formuló.
Afirmó que más del 90% de las impugnaciones se resuelven dentro del plazo —en menos de los nueve meses—. Para las grandes empresas, la Sunat implementará un mecanismo denominado consultas particulares vinculantes. “Se refiere a que las empresa ya no tendrán que hacer algo y esperar a que la Sunat las supervise para ver si hicieron bien o mal”, resumió.
La finalidad es que las empresas, antes de realizar la operación de inversión, cuenten con el visto bueno de la entidad de administración tributaria y no corran el riesgo de pausar sus avances en el futuro.
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