La Comisión de Economía del Congreso de la República de Perú aprobó, por mayoría, el texto sustitutorio sobre el proyecto de ley 6851/2023, el cual establece medidas de control y de fiscalización en la distribución, el transporte y la comercialización de insumos químicos “susceptibles” de uso en la minería ilegal.
La propuesta fue aprobada con 15 votos a favor, cinco abstenciones y uno en contra. Quien rechazó la propuesta de tener una mayor trazabilidad fue Diego Bazán Calderón (Renovación Popular).
En detalle, lo que busca este dictamen es fijar medidas de registro, control y fiscalización en la distribución, el transporte y la comercialización de insumos químicos que, de manera directa o indirectamente, pueden ser utilizados en la minería ilegal. Así, se podría prevenir su desvío.
Estas actividades “comprenden todas las relacionadas con su producción, importación, almacenamiento, transporte, distribución, comercialización, utilización y disposición final, desde su origen o ingreso al territorio nacional hasta su destino final”, se lee del documento.
El dictamen cuenta con seis capítulos, que se refieren a disposiciones generales, donde se realizan una serie de definiciones, como qué es un insumo químico y una zona primaria; al control de los insumos; a la autorización y control aplicables a estos en el caso del comercio internacional, su transporte; el destino de los que resulten incautados y medios de transporte; e infracciones y sanciones.
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“Comprende el mercurio, el cianuro de potasio, el cianuro de sodio y los hidrocarburos”, se define sobre los insumos químicos, por ejemplo.
Posteriormente, pueden incorporarse a este grupo otros bienes o sustancias que se utilizan, de manera directa o indirecta, en la producción, extracción, procesamiento o beneficio de minerales a propuesta de la Sunat.
También se precisó que el “transporte ilegal” se orienta a todo movimiento de insumos químicos fiscalizados que no utilizan la ruta fiscal aplicable, que no se somete a los controles establecidos o no cuenta con la documentación respectiva.
Mayor trazabilidad del mercurio y otros
El aspecto más destacado entre los diversos capítulos es que la Sunat será la autoridad competente para este control y fiscalización de los insumos químicos fiscalizados.
En esta línea, se le amplía la facultad a la Sunat para que controle y fiscalice estos ingresos, la permanencia, el transporte, el traslado, la salida, la distribución, la comercialización y las demás operaciones vinculadas.
A esto se suma que verificará la documentación vinculada al uso, al transporte, al almacenamiento, a la comercialización o a cualquier otra actividad relacionada con los insumos químicos fiscalizados.
El mercurio es uno de los principales insumos para la minería ilegal. | Foto: PCM.
En el segundo capítulo, de control, se desarrolla que la Sunat puede inmovilizar insumos químicos, su transporte o documentos al respecto, por un máximo de 10 días hábiles prorrogables, si “presume la comisión de una infracción”.
Se especifica que los usuarios de estos insumos están “obligados” a registrar sus operaciones. Es su deber “llevar y mantener” dicho registro.
Al respecto, la Sunat deberá definir “la forma, los plazos y las condiciones para la presentación y la conservación de la información relativa a las operaciones del usuario; los demás registros que resulten pertinentes; los límites y las oportunidades para su rectificación”, entre otros.
El reporte de esos usuarios ocurre, incluso, cuando se tienen incidencias sobre este material, como su pérdida, derrame, excedente, entre otros.
Además, se destaca un capítulo sobre el rotulado de los envases que contienen insumos químicos, lo cuál será responsabilidad total de los usuarios.
Respecto a las sanciones, se precisa que la Sunat se encargará de aplicarlas; que el incumplimiento de las acciones de control configura una “infracción administrativa”, sin perjuicio de acciones civiles o penales; y que el internamiento de los medios de transporte es por nueve meses, entre otros.
¿Qué aporte contra la minería ilegal hará?
En diálogo con Gestión, el presidente de esta comisión, Ilich López (Acción Popular), resaltó que esta propuesta está ampliando las facultades de la Sunat para llevar un control, pues actualmente se aborda solo la fiscalización en transportes y de manera acotada, sin mayores alcances de sanciones.
“Ahora, el control y fiscalización se aplica en todas las actividades relacionadas con los insumos químicos, desde que se fabrica hasta que sirve para el procesamiento. A la Sunat se le amplía sus competencias porque, por ejemplo, antes revisaban solo guías de remisión. Ahora, ese personal también inspeccionará otros asuntos. La fiscalización actual no regulaba expresamente la inmovilización, por ejemplo”, expresó.
El congresista agregó que la medida resulta positiva porque contribuirá a atender, de manera integral, un delicado contexto donde la minería ilegal viene expandiéndose y elevando su niveles de atentados. Como se recuerda, recientemente, 13 trabajadores mineros fueron asesinados por delincuentes vinculados al ámbito ilegal.
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“Los componentes de cómo funciona la minería ilegal deben ser observados y atacados. Desde la Comisión de Economía apuntamos a esta modificación del Decreto Legislativo 1103 (que establece medidas de control y fiscalización en la distribución, transporte y comercialización de insumos químicos que puedan ser utilizados en la minería ilegal)”, indicó.
Para López, los aspectos que destacan de esta normativa es la definición de conceptos, como cuáles son los insumos químicos, quiénes son sus usuarios y qué son las zonas primarias. También resaltó que se obliga a los usuarios a registrar todas las operaciones donde utilizarán estos insumos.
“Además deberán reportar incidencias. Antes no se preveía. El mercurio iba en envases sin rotulación, no se establecía las sanciones ni se tipificaba. Ahora, toda la responsabilidad para el cumplimiento de estas disposiciones recae sobre la Sunat”, mencionó.
Por último, López estimó que la iniciativa legislativa puede ser incluida en la agenda del Pleno del Congreso para su debate desde la próxima semana. Esto, considerando la gravedad de panorama actual y las urgentes acciones que demanda.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
