Pero hoy el futuro de esa práctica está en debate. Una cadena de fallos, resoluciones administrativas y proyectos legislativos han colocado al país en un escenario incierto: mientras el Tribunal Constitucional (TC) validó que el Estado pueda limitar parcialmente la tercerización, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sostuvo lo contrario y declaró ilegal esa restricción.
Ahora todas las miradas están puestas en un actor clave: la Corte Suprema, que debe decidir si la prohibición introducida en el Decreto Supremo (DS) N° 001-2022-TR será finalmente válida o no.
La pregunta ya no es solo jurídica: ¿qué puede pasar con el empleo formal, la inversión y sectores como la minería si la restricción se activa?
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El recorrido de la tercerización que no termina de cerrarse
La controversia empezó en febrero del 2022, cuando el Gobierno de Pedro Castillo aprobó el DS 001-2022-TR, que prohibía tercerizar actividades consideradas parte del “núcleo del negocio”.
La norma introdujo un concepto ambiguo y difícil de aplicar, lo que generó preocupación en diversos sectores. En cuestión de semanas, empresas y gremios activaron varias vías legales para bloquear sus efectos.
Paralelamente, en el Poder Judicial, la Tercera Sala Constitucional anuló la definición del “núcleo del negocio” por ser imprecisa y dejó claro que solo podría sancionarse la tercerización si se demostraba fraude, no por la sola naturaleza de la actividad.
Con esos fallos —administrativos y judiciales— el decreto quedó prácticamente sin uso.
Sin embargo, la historia dio un giro cuando el TC resolvió el caso individual de una empresa y sostuvo que limitar la tercerización del núcleo del negocio no vulneraba la libertad empresarial.
Aunque el fallo no tiene efectos generales, reabrió el debate y colocó toda la atención en la Corte Suprema, que ahora debe emitir el pronunciamiento final. Su decisión —confirmar la restricción o descartarla definitivamente— determinará el desenlace de una disputa que lleva casi tres años sin cerrarse.
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El Congreso también entra en escena
Mientras el debate jurídico avanza, el Congreso de la República ha reactivado su propia discusión sobre la tercerización. En los últimos años, en esta legislatura se han presentado siete proyectos de ley orientados en dos direcciones: endurecer las restricciones o eliminar la prohibición introducida por el DS 001-2022-TR.
Entre las iniciativas más relevantes destacan las que proponen incorporar en la Ley de Tercerización la misma prohibición del “núcleo del negocio” que originó el conflicto actual. Con ello, la restricción dejaría de estar solo en un reglamento y pasaría a tener rango legal, alineando la norma con el criterio del TC.
En el sentido contrario, otro grupo de propuestas busca derogar íntegramente el DS, una posición que llegó a obtener dictamen favorable en la Comisión de Economía del Parlamento, pero no fue agendada en el pleno hasta la fecha.
A ello se suma un dictamen pendiente que plantea ampliar la responsabilidad solidaria y el plazo de prescripción en casos vinculados a tercerización, lo que significaría un incremento de cargas regulatorias para las empresas.
Aunque ninguna de estas iniciativas aún salta al pleno, el movimiento legislativo refleja la magnitud del debate y, según abogados consultados, es probable que el Congreso espere la decisión de la Corte Suprema antes de definir una postura final.
Consultado por Gestión, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) no respondió —hasta el cierre de esta edición— sobre si derogará o modificará el DS 001-2022-TR, pese a que la norma se encuentra en observación desde mayo.
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Lo que anticipan los especialistas: más litigios, más costos y un mercado en tensión
Para los abogados consultados, lo que decida la Corte Suprema marcará un antes y un después en el uso de la tercerización en el país. El riesgo, coinciden, no es menor.
Jorge Toyama, socio de Vinatea & Toyama, advierte que, si se prohíbe tercerizar actividades del núcleo del negocio, las empresas enfrentarán un remezón inmediato: contratos que deben reestructurarse, trabajadores de contratas que quedarían en el aire y una ola de fiscalizaciones que abriría espacio a conflictos y demandas.
Más allá del plano legal, señala un efecto político evidente: un clima favorable a discursos antiempresa y a nuevas propuestas para limitar la tercerización.
Para César Puntriano, socio del Estudio Muñiz, el mayor impacto sería jurídico. Una prohibición generaría un escenario de “dos verdades coexistiendo”: inspectores intentando aplicar una regla restrictiva, mientras las empresas se respaldan en resoluciones firmes que sostienen lo contrario. Esto detonaría litigios masivos, medidas cautelares y discusiones sector por sector sobre qué se puede o no tercerizar.
La preocupación de Juan Valera, abogado laboralista se centra en la economía real. Una restricción, asegura, encarecería la operación de cientos de empresas y empujaría a muchas —especialmente pequeñas y medianas— hacia la informalidad o el cierre. El golpe sería directo al empleo formal, especialmente en sectores que dependen de servicios especializados.
El país espera la decisión clave: ¿se prohibirá tercerizar el núcleo del negocio? (Foto: USI)
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Minería: el sector más expuesto al fallo final
Según Carlos Bernal, gerente general de la Asociación de Contratistas Mineros del Perú (ACOMIPE), la minería es la industria donde la tercerización es más estructural. Asegura que más de 180,000 trabajadores de contratistas mineras dependen directamente de este esquema, y que una eventual aplicación del DS 001-2022-TR podría dejar sin empleo a 80,000 trabajadores formales solo en la primera etapa.
Bernal advierte que exigir que todos los trabajadores de contratistas pasen a planilla de la empresa titular es “materialmente imposible” y generaría un colapso operativo, además de un incremento significativo de la informalidad.
También recuerda que la Ley General de Minería autoriza la contratación de empresas especializadas para todas las fases de la operación, lo que hace que el DS 001-2022 sea inaplicable y en su pretensión de introducir el concepto de “núcleo del negocio” para modificar el reglamento de la Ley de Tercerización trasgrede cuatro normas constitucionales y una ley especial.
El dirigente gremial señala que los efectos no serían exclusivos del sector: “Si cae la tercerización en minería, igualmente cae en todas las industrias. Se perdería especialización, productividad, rentabilidad, competitividad y miles de empleos formales”.
Además, critica que el MTPE no haya derogado el decreto pese a que Indecopi lo declaró barrera burocrática ilegal y pese a que el Ejecutivo estaba obligado a hacerlo tras publicarse el DS 059-2025-PCM, como parte del shock desregulatorio.
Con este panorama, Bernal advierte que la Corte Suprema podría tomar como referencia el reciente fallo del TC, abriendo un riesgo para todas las industrias que dependen de servicios especializados.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
