En el marco del shock desregulatorio lanzado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en marzo de este año, entre la larga lista de medidas que fueron compartidas a los medios, figuraba la eventual derogación de dos normas clave en materia laboral.
Estas son el Decreto Supremo N.º 001-2022-TR, que restringe la tercerización en el núcleo del negocio, y el Decreto Supremo N.º 014-2022-TR, que amplía los alcances del derecho de huelga y modifica el reglamento de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo.
Estas propuestas forman parte de un paquete de 402 medidas orientadas a reactivar la inversión privada y reducir trabas administrativas en distintos sectores económicos, incluido el laboral. La inclusión de estos temas ha generado tensiones entre gremios empresariales y sindicatos, debido a su impacto directo en la regulación de las relaciones laborales.
Si bien esta acción estaba en la lista del MEF, aún tomará un tiempo más que vea la luz.
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Durante una reunión con la prensa realizada por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) para presentar el Registro de Información de Trabajadores de la Informalidad Laboral, el ministro Daniel Maurate fue consultado sobre el futuro de dichas normas en el contexto del shock desregulatorio.
El titular del sector indicó que no se tiene previsto derogar estas disposiciones sin una consulta previa en el Consejo Nacional del Trabajo (CNT), espacio tripartito de diálogo entre el Estado, los empleadores y los trabajadores.
“Estos temas deben ser vistos en el diálogo social. No tenemos previsto derogarlos sin consulta. Si no hay consenso en la agenda, el Consejo Nacional del Trabajo no puede tratarlos”, sostuvo.
El ministro explicó que ambas normas han generado posturas enfrentadas entre empleadores y trabajadores, lo que ha impedido hasta ahora su inclusión formal en la agenda del CNT, órgano que opera bajo el principio de consenso tripartito.
Añadió que su cartera ha solicitado apoyo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para fortalecer la institucionalidad del Consejo y evitar que su funcionamiento dependa únicamente de la voluntad de las partes.
“Debemos institucionalizar el diálogo social. Que no se suspenda si una parte se retira. Sentarnos a dialogar no significa acordar, pero sí mantener el proceso abierto”, señaló.
Consultado sobre la posibilidad de una derogación directa por parte del Ejecutivo, Maurate insistió que el Ministerio de Trabajo no contempla emitir un decreto supremo para anular las normas vigentes sin antes pasar por un proceso de consulta.
“En el sector, por lo menos, no tenemos pensado hacerlo sin consultar previamente con los trabajadores y los empleadores”, afirmó.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
