Agricultores, vecinos de un proyecto cuprífero de más de US$ 1,800 millones de dólares de un importante grupo minero de México, interpusieron el viernes un recurso judicial en la Corte Superior de Lima para detener el inicio de la construcción anunciado por la compañía para 2025.
La acción de amparo presentada en Lima busca que el Poder Judicial declare la “caducidad” del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero Tía María, ”aprobado en 2014 y cuya vigencia expiró en 2019”, dijo a The Associated Press uno de los abogados de los campesinos, David Velazco. Recordó que en Perú los Estudios de Impacto Ambiental tienen una vigencia máxima de cinco años, según la ley.
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“No existiendo un estudio de impacto ambiental, no se puede desarrollar el proyecto minero”, añadió Velazco, quien recordó que los campesinos del Valle de Tambo ocupan 15,000 hectáreas donde siembran arroz, ajos, papas, cebollas y aguacates, que incluso exportan a países vecinos como Ecuador y Colombia.
El proyecto minero Tía María, de US$ 1,802 millones, estaba suspendido desde 2019 tras violentas protestas. Pero en febrero de 2025 la compañía indicó en un comunicado que empezarían a construir “este año”.
En julio de 2024, la presidenta peruana, Dina Boluarte, también indicó en un discurso ante el Parlamento que el proyecto minero “generará recursos que potenciarán el desarrollo del Valle del Tambo”.
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La AP escribió a la filial local del Grupo México, que controla el proyecto minero peruano, en busca de comentarios, pero no los obtuvo al momento. La AP también pidió comentarios al Ministerio de Energía y Minas sin obtener una respuesta.
Las disputas entre agricultores y la minera mexicana tienen más de una década.
Los agricultores se oponen a la construcción de la mina porque consideran que la explotación a cielo abierto contaminará un río desde el que riegan sus cultivos. Pero Grupo México asegura que usarán agua de mar desalinizada y, para el transporte de sus suministros y producción de cobre, se construirá un ferrocarril industrial.
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Entre 2011 y 2015, choques de los agricultores con la policía dejaron siete muertos, más de 300 heridos y debilitaron la popularidad del entonces presidente Ollanta Humala (2011-2016). Miles de policías se enfrentaron por días contra los agricultores que dormían escondidos en sus chacras por temor a que la policía los detuviera.
“El polvo particulado de las voladuras mineras se impregnará en las hojas de las plantas y no les dejará respirar y no van a producir, el impacto no será al momento pero será tremendo con el tiempo”, dijo a la AP César Juárez, un campesino que siembra arroz y quien fue uno de los agricultores que entregó el recurso judicial a la Corte Superior de Lima.
El país, un importante exportador global de minerales, es el tercer productor mundial de cobre.
