
Trabajadores del Seguro Social de Salud (EsSalud) con Contrato Administrativo de Servicios (CAS) indeterminado podrían cambiar de régimen laboral después que un dictamen aprobado en la Comisión de Trabajo del Congreso de la República del Perú.
Sin embargo, la propuesta también plantea dudas: ¿tiene EsSalud los recursos y condiciones para asumir los nuevos compromisos laborales que esto implicaría?
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¿Qué plantea el dictamen que cambiaría a trabajadores CAS de EsSalud?
El dictamen aprobado autoriza, de forma excepcional y por única vez, que EsSalud incorpore al régimen laboral del Decreto Legislativo 728 a trabajadores con contrato CAS indeterminado que fueron regularizados bajo la Ley N° 31539, norma que en su momento formalizó la situación de quienes ingresaron durante la emergencia sanitaria.
La incorporación será progresiva y deberá ejecutarse en un plazo máximo de dos años. Para acceder al proceso, los trabajadores deberán cumplir con ciertos requisitos: no tener sanciones disciplinarias, antecedentes penales o deudas por alimentos, entre otros. Además, las plazas deberán estar registradas en los cuadros oficiales de personal de la entidad.
El pase al régimen 728 implica un cambio sustancial en las condiciones laborales: incluye el derecho a gratificaciones completas, Compensación por Tiempo de Servicio (CTS), seguro de vida ley, seguro complementario de trabajo de riesgo (SCTR) y aportes previsionales más amplios.
Según el dictamen, el proceso se realizará mediante concursos internos que respeten criterios de mérito y antigüedad, y estará condicionado a la disponibilidad presupuestal.
El reglamento para su implementación deberá ser aprobado en un plazo de 30 días tras la publicación de la norma.
Juan Valera, abogado laboralista y Germán Lora, socio de Damma Legal Advisors, coinciden en que este tipo de cambios implica transformar lo que originalmente era una contratación excepcional en un vínculo permanente. Para Valera, esto exige una evaluación seria sobre la necesidad real de cada plaza. Lora añade que no se trata solo de ampliar derechos laborales, sino de asumir compromisos institucionales de largo plazo.

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¿Es sostenible esta propuesta?
Aunque el dictamen indica que el cambio no afectará el Tesoro Público, al financiarse con el presupuesto institucional de EsSalud, persisten dudas sobre su viabilidad económica.
La entidad no recibe recursos directamente del presupuesto nacional, sino que se sostiene con los aportes del 9% que realizan los empleadores por cada trabajador asegurado. Estos fondos están principalmente destinados a la atención médica y prestaciones de seguridad social.
Valera advierte que EsSalud ya enfrenta deudas con proveedores y retrasos en pagos a su propio personal. “No queda claro de dónde saldrán los recursos para asumir una planilla con mayores costos laborales”, sostiene.
Lora coincide: “Convertir contratos temporales en permanentes implica una carga estructural. Si no hay planificación presupuestal realista, se puede generar una presión indirecta sobre el Estado”.
Ambos alertan que, sin proyección financiera, la medida podría resultar insostenible.
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Cuestionamientos sobre la aplicación de requisitos
El dictamen establece filtros para acceder al nuevo régimen: no tener sanciones disciplinarias, antecedentes penales, deudas alimentarias o inhabilitaciones.
Sin embargo, Juan Valera advierte que, en la práctica, el cumplimiento de estos requisitos podría no ser supervisado de forma rigurosa. “Es probable que terminen incorporándose personas que no cumplen con todos los filtros. Si no hay un control efectivo, eso puede afectar la gestión interna y la transparencia del proceso”, señala.
Germán Lora complementa este punto al advertir que la ejecución de estas evaluaciones podría verse condicionada por contextos políticos o falta de capacidad institucional.
Ambos coinciden en que los criterios deben aplicarse de forma estricta, ya que el paso al régimen 728 no solo implica derechos adicionales, sino también compromisos permanentes para la entidad.
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Una tendencia que debilita el régimen CAS
Más allá del caso de EsSalud, ambos abogados coinciden en que esta propuesta forma parte de un proceso más amplio de debilitamiento del régimen CAS en el sector público.
Germán Lora indica que este tipo de contratos fueron diseñados para cubrir necesidades temporales, pero en la práctica han terminado siendo la puerta de entrada al Estado. “Muchos trabajadores ingresan por CAS, pero luego buscan estabilidad cambiando de régimen. Eso desnaturaliza su función original”, sostiene.
Juan Valera añade que estas medidas, más allá de su justificación técnica, suelen responder también a presiones políticas o sociales, especialmente en periodos preelectorales.
Cualquier decisión sobre cambios de régimen debe ir acompañada de una evaluación institucional previa sobre la necesidad del puesto y la capacidad presupuestal para sostenerlo en el tiempo, puntualizaron.

Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.