El asesinato macabro de 13 trabajadores mineros en las concesiones de la Minera Poderosa, ubicada en Pataz (La Libertad), es una evidencia más del avance descontrolado de la minería ilegal, ante un sistema de fiscalización fallido y despreocupación de las máximas autoridades del país.
Parte del crecimiento de esta actividad ilegal responde a la vigencia y fracaso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que fue ampliado a fines del 2024.
En el país, existen casi 84,000 inscritos, pero más del 76% lo tiene en condición de suspendido. De los 6,578 inscritos en La Libertad, 4,486 comparten esta situación. De hecho, esta es la sexta región del país con más suspendidos.
En detalle, en la provincia de Pataz está el 49% (3,222) de todos los inscritos de La Libertad y, de estos, 2,159 figuran como suspendidos. Es decir, en dicha provincia, los Reinfo suspendidos también son la mitad de todos los de la región en dicha condición, pudo constatar Gestión.
A nivel más micro, en el distrito del mismo nombre, Pataz, hay 1,291 registros totales, el 57.1% están suspendidos (737 en total).
Esto último es clave pues, como parte de las medidas del Gobierno, se optó por “la suspensión las actividades que se realizan en el marco del Reinfo” en la zona.
“Se está percibiendo que todas las acciones que da el Gobierno, que además son lentas, no dan resultados y se produce pese a que Pataz está en estado de emergencia. Pareciera que el Gobierno no tiene un rumbo claro frente a la minería ilegal”, señaló Miguel Inchaustegui, exministro de Energía y Minas.
Este diario ha informado que Pataz está en emergencia desde febrero del 2024 y hoy cumple su décima prórroga, cuyo vencimiento es esta semana.
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¿Qué avances hay de la Ley MAPE?
La última ampliación del Reinfo se justificó ante la falta de una atractiva propuesta de Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, más conocida como la Ley MAPE y que reemplazará, en la práctica, al registro mencionado.
Gestión contactó a intermediarios del congresista Paul Gutiérrez (Bloque Magisterial), presidente de la Comisión de Energía y Minas, para conocer detalles del avance de la propuesta de Ley MAPE, pero no fue posible obtener una respuesta.
En diálogo con este diario, la congresista Diana Gonzales (Avanza País), vicepresidenta de esta comisión, señaló que, a la fecha y considerando que la legislatura culmina a mediados de junio, no se ha presentado versión alguna en el grupo de trabajo para empezar el debate de una nueva Ley MAPE.
“Desde la presidencia [de la comisión] se siguen lanzando diferentes propuestas, pero no hay una versión final. No quisiera pensar que la ‘larga vida’ a las mesas de trabajo buscan ser utilizadas para fines de campaña política. Me sorprende la discrecionalidad desde la presidencia [de la comisión] para abordar este tema”, relató Gonzales.
Apuntó, sin embargo, que el Gobierno tiene “la gran oportunidad” de poner un punto final al Reinfo este 30 de junio y no aprobar una nueva extensión. “No pueden seguir huyendo de su competencia como ente rector”, indicó. “[Que no haya una propuesta de Ley MAPE] no puede ser excusa para que el Gobierno ‘se lave las manos’ y lo extienda una vez más”, complementó.
A su turno, Inchaustegui recordó que, en el marco de la extensión del Reinfo, también se dispuso crear un sistema de interoperabilidad para tener una mayor trazabilidad de los insumos que se utiliza en la minería, pero no se tienen tampoco mayores avances.
“La Ley MAPE debe impulsarse porque hace más difícil la operación de la minería ilegal. Hay una lentitud en el Congreso como si no habría la urgencia de impulsarlo. La trazabilidad parece que tendrá resultados interesantes, pero debe trabajarse más rápido”, señaló.
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El exministro se sumó al decir que “ya no tiene ningún sentido” ampliar el Reinfo más allá de fines de junio. Desde Poderosa, como se sabe, también se apuntó en este norte.
En comentarios para Gestión, Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, sostuvo que esta tragedia ocurrida en Pataz sustenta que el Reinfo “tiene que terminarse sí o sí”.
“Ha demostrado muchas deficiencias. Lo que han hecho las últimas legislaciones es garantizar la impunidad y esperamos que, con esta lamentable situación, pueda terminarse”, indicó.
En declaraciones a la prensa, el congresista Ilich López (Acción Popular), presidente de la Comisión de Economía, también indicó que deberá verse cómo avanza la Ley MAPE, pues le quitará espacio a la ilegalidad.
Las cifras del oro en La Libertad
En el 2024, La Libertad fue la región del Perú que registró la mayor producción de oro, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), recogidas por el Instituto Peruano de Economía (IPE).
De las más de 107 toneladas finas reportadas, el 32% provino de La Libertad. Esto es equivalente a casi 35 toneladas. De hecho, desde el 2020, se observa un mayor ritmo en la producción frente sus regiones más cercanas: el crecimiento fue de más de 36%, desde casi las 26 toneladas.
Este es un escenario base, pues el reporte del Minem abarca el oro legal, formal y de mineros artesanales, mas no el ilegal.
En este contexto, Victor Fuentes, gerente de políticas públicas del IPE, indicó que el Perú tiene cinco focos principales de la minería ilegal: Pataz, Madre de Dios, Piura, Puno y la zona sur, que abarca a zonas aledañas entre Arequipa e Ica.
“Pataz destaca, ahora, por la interacción que hay entre la formalidad y la ilegalidad, pero no significa que no haya minería ilegal de oro, por ejemplo, en Cajamarca, que también tiene importantes yacimientos”, mencionó.
Sumado a la impunidad que brinda el Reinfo, Fuentes indicó que mejores precios de los metales explican el crecimiento de esta actividad ilegal, lo que también se vincula a un Estado que no “tiene capacidad de control”.
“El Reinfo, en sencillo, es la evidencia de la displicencia y negligencia del Congreso y el Ejecutivo que permitieron el crecimiento de una actividad ilegal. Era un proceso de adecuación y hoy es una política permanente”, apuntó.
Para Inchaustegui, lo que ocurre en La Libertad también responde a una mayor existencia de bandas criminales y también con acciones más sanguinarias.
“Minería ilegal también hay en otras regiones, pero lo que está sucediendo en La Libertad responde al componente adicional de las bandas criminales”, observó. “No es que trabajan al costado de las unidades formales, sino que se meten, se meten a las operaciones de la minera Poderosa. Le sacan el oro a la mina formal”, complementó.
En tanto, Guerra lamentó que el país no se vea beneficiado con los niveles de producción de oro y el alto precio del metal.
“Si la producción fuera formal, estaríamos en un muy buen momento para el país, pero no ocurre y se beneficia una economía ilegal”, sostuvo.
Según estimados de la cámara, al minero formal le cuesta entre US$ 700 u US$ 800 obtener una onza de oro. En cambio, al ilegal, solo entre US$ 400 y US$ 500. A esto se suma que no pagan impuestos, con lo que la ganancia neta les brinda el espacio para “comprar conciencias”.
Medidas gubernamentales ante la minería ilegal
En conferencia de prensa, desde el Gobierno se anunció una serie de medidas para combatir la minería ilegal en Pataz. La presidenta Dina Boluarte anunció la declaratoria de un “toque de queda” en todo este distrito. Esto implicará también que las Fuerzas Armadas tomen el “control total” en la zona de la minera Poderosa.
También señaló que se suspenderá toda actividad minera por 30 días en Pataz para facilitar la instalación de las fuerzas del orden; se detalló que esto alcanzará solo al distrito.
Al respecto, Julia Torreblanca, presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), pidió que se aclare si dicha medida incluye a empresas legales como Compañía Minera Poderosa, una de las más grandes de la región.
A su turno, Jorge Montero, ministro de Energía y Minas, adelantó que su gestión está elaborando un Decreto de Urgencia (DU), junto a la Presidencia del Consejo de Ministros, para “señalar las líneas maestras que se implementarán en Pataz para corregir el desorden absoluto en las actividades mineras”.
Si bien Montero no mencionó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) como parte del diseño de este DU, la semana pasada el titular de esta cartera, José Salardi, comentó a Gestión que junto a la Sunat vienen trabajando formas para aumentar la recaudación tributaria, a través del combate de la minería ilegal.
“Están empezando con una estrategia diseñada para combatir la minería ilegal para tener una mayor trazabiliad al respecto. Próximamente brindaremos más detalles. Son medidas que van a sumar. Esperamos S/ 350 millones más de recaudación”, apuntó en entrevista durante el evento “Perspectivas: Evalúa el presente y planifica el futuro”, de Gestión.
Entre las aristas mencionadas por Montero está definir rutas fiscales de insumos y materiales autorizadas para transportar materiales mineros; controles multisectoriales en las rutas fiscales aprobadas para el “transporte tributario”; y la asignación de personal y recursos para garantizar el cumplimiento de estos mandatos.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
Licenciado en Comunicaciones con especialidad en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde escribió en el portal Somos Periodismo y la revista Impresión. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Desde 2020 cubre temas económicos, políticos y sociales.
