La noche del último viernes, la cúpula de hierro del patio de comidas del centro comercial Real Plaza de Trujillo (La Libertad) se vino abajo. Al cierre de esta edición, se reportó seis personas fallecidas y más de 80 heridas, considerando que algunos de los sobrevivientes se encuentran en estado crítico.
Diversos expertos y autoridades apuntaron a una revisión de las distintas licencias, autorizaciones e inspecciones alrededor de la operación del centro comercial, siendo uno de ellos el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE).
Gestión identificó que, en este período parlamentario, se presentaron, al menos, tres proyectos de ley para realizar modificaciones a la normativa de la ITSE, que se enmarca en la Ley de Licencia de Funcionamiento.
El más reciente, y que fue noticia en las últimas horas, fue el presentado por la congresista Adriana Tudela (Avanza País) en diciembre. El texto plantea mantener la vigencia indeterminada para las licencias de funcionamiento. Donde propuso un cambio fue en la duración del certificado de ITSE, que entregan las municipalidades, pasándolo de los dos años actuales a un período indeterminado. Esto, “sin perjuicio de la fiscalización posterior que debe ser ejecutada por los gobiernos locales de manera periódica”, complementa el documento.
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La mañana de ayer domingo, Tudela, mediante su cuenta de X, informó la decisión de retirar su proyecto de ley. Este diario intentó contactarla para ampliar comentarios mediante su equipo, pero derivaron las publicaciones ya conocidas.
“Mi propuesta busca inspecciones de seguridad constantes, exhaustivas y sorpresivas. Si la inspección se da cada dos años y es programada, se pueden hacer arreglos superficiales para aprobarla, lo que no es una medida de seguridad real”, sustentó Tudela en X antes de retirar su proyecto.
El segundo identificado por Gestión va casi en la misma línea que el de Tudela. En abril del 2024, la legisladora María del Carmen Alva planteó también mantener la vigencia indeterminada de las licencias de funcionamiento y ampliar la duración de dos a 10 años del certificado de ITSE. La propuesta fue analizada y rechazada en la Comisión de Vivienda del Congreso.
En tanto, el tercero está relacionado a la exoneración de pagos de tasas y derechos para la renovación de este certificado para los colegios públicos.
En exclusiva para Gestión, la congresista Rosselli Amuruz (Avanza País), presidenta de la Comisión de Vivienda y Construcción del Congreso, señaló que, “en los próximos días”, se convocará a representantes de los colegios profesionales de arquitectos e ingenieros para revisar en forma conjunta la normativa vigente.
“Ninguna exigencia que considere altos estándares, tanto en la calidad de los materiales como en las técnicas constructivas, serán excesivas, si tienen como objetivo garantizar la seguridad de estos establecimientos. La fatídica experiencia de Trujillo debe servir para que se revise la totalidad de la normativa para este tipo de edificaciones”, comentó.
Para Amuruz, se tiene que establecer mayor rigurosidad en la fiscalización y supervisión alrededor de estos certificados, mayor frecuencia en la supervisión de los centros comerciales y edificaciones con alto aforo de personas; y un especial seguimiento a que las observaciones y recomendaciones que efectúan los inspectores se implementen adecuadamente.
¿Qué debe mejorarse con urgencia luego de la tragedia de Real Plaza?
La propuesta de Tudela se motivaba en que, según le informaron desde la Asociación de Bodegueros del Perú, más de 535,000 negocios “padecen a causa del actual marco regulatorio” de estos certificados, lo que genera una “gran inseguridad jurídica”. “Existe ambigüedad y amplitud de la interpretación de las norma relacionadas a la obtención y renovación del certificado ITSE”, se complementa.
Mientras que la iniciativa de Alva buscaba “la promoción de la inversión privada y el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa”, con la modificación de la vigencia del certificado, según su documento.
En respuesta a Gestión, Alva señaló que el sistema ITSE presenta deficiencias estructurales que generan costos excesivos y trámites innecesarios. Entre los aspectos a abordarse con urgencia está fortalecer la fiscalización municipal y de los protocolos de mantenimiento preventivo, indicó.
Guido Valdivia, director ejecutivo de la Cámara Peruana de Construcción (Capeco), consideró que la lamentable tragedia ocurrida obliga a revisar, de todas maneras, el proceso para las edificaciones, pero yendo más allá que los certificados de ITSE.
“El encargo de revisarlos lo tienen las municipalidades. Desde Capeco siempre abogamos porque sean los profesionales certificados por los colegios respectivos, lo que certifica neutralidad. Un segundo aspecto es que la certificación debe plantear categorizaciones: uno no puede evaluarlo todo”, enfatizó.
Fernando Guerra, presidente de la Cámara de Comercio de La Libertad, también consideró que, más allá de plazos, falló la forma de fiscalización y se sumó a pedir un aumento del nivel de los profesionales a cargo. Si bien pueden realizarse ajustes sobre la vigencia de los certificados, fue enfático para rechazar que sea indeterminados.
“No puede existir un certificado infinito. Además, debe haber una mayor cercanía entre las áreas técnicas de los municipios con los colegios profesionales de ingeniería civil y arquitectura”, agregó.
A su turno, Adrián Simons, socio de Simons & De Noriega, planteó que en el universo de estas certificaciones aparecen dos problemas puntuales: el primero está relacionado a la capacidad de los municipios de realizar estas inspecciones, donde se observa que, algunas veces, no son eficientes. Mientras que también coincidió en que debe abordarse la calidad de los profesionales a cargo de estas verificaciones.
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“Las municipalidades tienen áreas técnicas de inspecciones, pero a veces no se realizan solo por desidia. También está que hay un decaída de la calidad de los ingenieros en el país, a partir de un bajo nivel de la oferta educativa. Las responsabilidades empiezan desde quienes hacen la infraestructura hasta las inspecciones”, puntualizó.
Por su parte, Mario Reyna, alcalde de Trujillo, observó el proceso actual para la emisión y revisión de los certificados para funcionamiento. “¿Quién es el que fiscaliza o se encarga de ver que ese diseño, que fue aprobado, no tuvo modificaciones? Eso es lo que no hay. La municipalidad hace un ITSE, que es lo que está a la vista, pero, ¿lo que está confinado?”, planteó Reyna. El alcalde propuso que se le devolvería devolver las facultades de Defensa Civil en el marco de estos certificados e inspecciones.
Bachiller en Comunicación y Periodismo en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), especializado en economía, negocios, mercado laboral, políticas públicas, tributario, procesos concursales.
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