El reciente colapso del techo del patio de comidas en el centro comercial Real Plaza Trujillo ha puesto en evidencia la importancia de la seguridad estructural y el cumplimiento de normativas en edificaciones de uso público. Este tipo de incidentes conlleva responsabilidades legales para diversos actores involucrados, desde empresarios y constructores hasta funcionarios encargados de la fiscalización.
Ante esta situación, surgen varias preguntas: ¿qué consecuencias legales pueden enfrentar responsables de un colapso estructural? ¿Quiénes son los principales implicados y qué sanciones podrían aplicarse? ¿Cómo funcionan los procesos penales y administrativos en estos casos?
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Posible responsabilidad penal
Dino Carlos Caro Coria, socio fundador y CEO de Caro & Asociados, indicó que el análisis de la responsabilidad penal parte de la identificación de la causa del evento y existen dos posibles explicaciones.
El primer escenario considera que el colapso fue consecuencia de fallas en la ingeniería, errores en los planos de construcción o deficiencias en la ejecución de la obra. El el caso particular del Real Plaza Trujillo, la investigación se centraría en la etapa de ampliación del centro comercial, realizada entre 2016 y 2017.
El segundo escenario sugiere que el incidente pudo haber sido causado por desgaste de materiales, falta de mantenimiento o exposición a factores ambientales como la humedad, lo que -nuevamente en el reciente caso- trasladaría la responsabilidad a los últimos años, particularmente entre 2023 y 2024.
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Delitos aplicables y posibles penas
El abogado indicó que dependiendo de la causa identificada en un caso como este, las eventuales imputaciones penales podrían incluir homicidio culposo, homicidio doloso o el delito de estragos.
Señaló que el homicidio culposo ocurre cuando una persona provoca la muerte de otra por negligencia, imprudencia o falta de previsión, sin intención directa de hacerlo. Si la investigación determinara, por ejemplo, que el colapso fue consecuencia de fallas en el mantenimiento o incumplimiento de normas de seguridad, los responsables podrían enfrentar penas de hasta ocho años de prisión. En caso de personas heridas, se aplicaría el delito de lesiones culposas, con sanciones de hasta cuatro años de prisión suspendida.
Si la Fiscalía concluye que los responsables tenían conocimiento del riesgo y decidieron no tomar medidas para evitarlo, el delito podría tipificarse como homicidio doloso. En este caso, la pena podría aumentar a 20 años de prisión por homicidio simple o hasta 35 años si se considera homicidio calificado, al haberse generado un peligro generalizado para la vida de varias personas.
El delito de estragos, tipificado en el Código Penal dentro de los delitos contra la seguridad pública, también podría ser considerado. Este delito sanciona situaciones como derrumbes de estructuras y puede ser castigado con hasta 10 años de prisión en caso de dolo, mientras que en casos culposos la pena sería menor.
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Determinación de responsables
En este tipo de casos, la responsabilidad penal no suele recaer en los directores de la empresa, ya que estos participan en decisiones estratégicas, pero no en la administración operativa del centro comercial.
Los principales investigados serían la gerencia general o la administración del local, en caso de que no se hayan tomado medidas para garantizar la seguridad estructural. También se podría determinar la responsabilidad de los encargados de mantenimiento y seguridad, si se comprueba que existieron fallas en la supervisión o ejecución de reparaciones necesarias.
A nivel municipal, se evaluaría la actuación de los funcionarios de las áreas de Licencias y Fiscalización, responsables de supervisar el cumplimiento de las normas de construcción y seguridad en establecimientos comerciales. Si se detecta que hubo omisión en la fiscalización o se otorgaron permisos sin el debido control, estos funcionarios también podrían ser investigados.
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Posible responsabilidad administrativa
Gustavo Rodríguez García, socio del estudio Rodríguez García & Encinas, explicó que Indecopi puede intervenir en el caso bajo el marco del Código de Protección y Defensa del Consumidor, específicamente en lo relacionado con el deber de seguridad e incluso pueden solicitar el cierre temporal.
Según Rodríguez García, los proveedores de bienes y servicios están obligados a garantizar la seguridad de los consumidores. En ese sentido, incluso si las personas afectadas no habían comprado nada dentro del centro comercial, desde el momento en que ingresan al establecimiento, el proveedor asume una responsabilidad en términos de seguridad.
Si Indecopi determina que se ha vulnerado el deber de seguridad, puede sancionar administrativamente a los responsables. La multa máxima que puede imponer por este tipo de infracción es de 450 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), lo que equivale aproximadamente a S/ 2.4 millones (con el valor del 2025).
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Responsabilidad civil
Roberto Shimabukuro, socio de Monroy & Shima Abogados, subrayó que la responsabilidad puede ser contractual o extracontractual, dependiendo de la relación jurídica entre las partes.
Las víctimas de la tragedia pueden reclamar indemnizaciones por:
- Daño emergente, que incluye gastos médicos, traslado, reparación de bienes y gastos funerarios
- Lucro cesante, por la pérdida de ingresos debido a la inoperatividad de los negocios o la incapacidad laboral de los afectados
- Daño moral, relacionado con el sufrimiento emocional y psicológico
- Daño a la persona, en casos de lesiones permanentes o secuelas médicas.
Los comerciantes cuyos locales resultaron afectados pueden reclamar los costos de reparación y los ingresos dejados de percibir mientras el centro comercial permanezca cerrado o sus negocios no puedan operar con normalidad.
En el caso de las víctimas con lesiones graves o fallecidos, sus familiares pueden solicitar compensaciones económicas por los gastos asumidos y el impacto en su calidad de vida. Estos reclamos pueden realizarse a través de demandas civiles, siguiendo los criterios jurisprudenciales desarrollados por la Corte Suprema y cortes superiores.
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Abogado especialista encargado de Enfoque Legal en Diario Gestión - Actualmente, ocupa la posición de analista legal en el área de Economía en el Diario Gestión.
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