
Perú se ubicó en el puesto 53 de 118 países en el Energy Transition Index (ETI) 2025 elaborado por el Foro Económico Mundial. Con un puntaje total de 56.9, el país está dentro el promedio global con un desempeño energético “aceptable”, pero no destaca frente a otras economías emergentes en el camino a la transición energética.
El indicador evalúa dos pilares clave: el desempeño del sistema energético actual (System Performance) y la preparación para la transición energética (Transition Readiness), que no habrían tenido mejoras significativas desde el 2015, es decir, en los últimos diez años.

En el primer caso, que alcanzó un puntaje de 68.3, se evaluaron aspectos como seguridad, equidad y sostenibilidad del sistema energético actual. Sin embargo, las condiciones del Perú para avanzar en la transición apenas llegan a 39.6 puntos, evidenciando una brecha que limita su capacidad para modernizar su matriz energética.

El contraste con otros países de Latinoamérica es evidente. A nivel regional, Brasil lidera en el progreso de energía limpia, alcanzando el puesto 15 en el ranking global.
Le siguen Chile que ocupa la posición 21 global, mientras que Uruguay (35), Colombia (38) y Costa Rica (44) también están por encima de Perú, todos ellos con un mejor puntaje en preparación para la transición.
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¿Qué falta en el Perú para impulsar la transición energética?
El reporte del Foro Económico Mundial evidencia que los puntos débiles en la preparación para la transición energética en el Perú están relacionados con infraestructura, educación y capital humano. Estos están por debajo del promedio regional de América Latina y el Caribe.

Los principales problemas no están en la matriz eléctrica, sino en las falta de avances en el sector transporte, coincidieron los especialistas consultados por Gestión.
“La transición energética no solo es mercado eléctrico, es también industria, transporte. El caso del transporte es donde es más controversial, se ha saboteado la reforma al transporte. El avance en la electromovilidad es mínimo a diferencia de Chile, hemos avanzado muy poco”, comentó Pedro Gamio, exviceministro de Energía y Minas.
Aunque el año pasado la venta de vehículos eléctricos e híbridos en el Perú siguió creciendo, la infraestructura para carga pública sigue siendo limitada.
Para Arturo Vásquez, también exviceministro de Energía y Minas, en general se observa un déficit de infraestructura para transporte sostenible, lo que representa una de las principales barreras estructurales en este proceso de transformación energética.
“Tenemos pocos sistemas de transporte masivo eléctrico en país. Por ejemplo, solo Lima tiene una línea de metro operando y recién están avanzando con la segunda, mientras que otros países tienen (sistema de transportes masivos eléctricos) no solo en su capital, sino en diferentes ciudades”, indicó.
Ante esta falta de impulso a la electromovilidad y al transporte público sostenible, los especialistas indicaron que es una opción avanzar en la masificación del gas natural, pero esto fuera de Lima e Ica ha sido un proceso lento y obstaculizado.
La falta de acción ha impedido que el gas llegue a millones de familias y a la industria en las regiones, a pesar de que en cinco años se podrían duplicar los usuarios del gas fuera de la capital.
Al respecto, Erick García, exdirector general de Hidrocarburos del Minem, señala que Perú carece de una política energética clara que combine adecuadamente la electromovilidad con el gas natural.
“No estamos organizados para usar ambos de una manera eficiente para reemplazar los hidrocarburos que importamos (...) deberíamos aprovechar eficientemente los recursos que tenemos. Nos falta ordenarnos un poco y eso es en base a que no tenemos una planificación energética. No tenemos una para el transporte sostenible y eso nos hace estar un poco rezagados”, sostuvo.
En ese sentido, señaló que el país podría seguir el ejemplo de Brasil, donde se impulsa de forma coherente el uso de híbridos, biodiésel y electromovilidad, pues esos son los recursos con los que cuentan.
Diversificación en pausa

Gamio advirtió que existe una cartera de más de US$ 7,500 millones en proyectos privados de energías renovables, pero estos no avanzan debido a que el Estado no está tomando decisiones rápidas.
El especialista recordó que en diciembre se aprobó la reforma de la Ley 28832 para habilitar la venta de energía por bloques horarios, lo que permitiría incorporar más proyectos de energía solar y éolica, pero hasta ahora no se aprueba la reglamentación que haga efectiva esta reforma.
“Eso tiene que ser reglamentado para que haya concursos que permitan la participación de la energía solar, que va a ayudar a atender a menores costos la nueva demanda de energía. Esos reglamentos están en periodo de aprobación y ya el tiempo está vencido”, señaló.
La falta de decisión política y la inestabilidad del sistema político son grandes limitaciones, añadió, pues no existen objetivos nacionales claros para una planificación en el sistema energético.
Pese a esto, García consideró que no hay una receta única para la transición energética, y que cada país debe aprovechar sus propios recursos energéticos, siendo el agua y el gas natural los más económicos y disponibles para Perú.
Resaltó que la hidroelectricidad y el gas natural sirven de respaldo frente a la intermitencia de fuentes como la solar y la eólica.
En esa línea, Vásquez advirtió que depender exclusivamente de energías renovables sin planificación podría exponer al país a riesgos de cortes de energía, como ha ocurrido en Chile o España.
“La variabilidad del clima hacen que las energías renovables puedan generar riesgos, y es por eso que se necesita también inversiones en sistemas de transmisión, servicios complementarios, generación de respaldo para poder garantizar que la transición hacia esas fuentes energéticas sea segura. Porque sino después no va a pasar lo que ocurrió en España, que tienen una alta penetración renovable”, refirió.
Por ahora, la limitada diversificación de la matriz energética y la lentitud en la masificación del gas natural hacen al país más vulnerable frente a la volatilidad de los precios internacionales del petróleo, añadió Gamio.
Esta alta dependencia a la importación de estos combustibles, como el diésel, podría generar riesgos de pérdida de competitividad al país que también impactarían en el costo de producción de sectores clave como la minería.

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad de San Martín de Porres con experiencia en radio, tv, redes sociales y medios impresos. Escribo y hablo sobre economía y finanzas desde el 2020.